El reciente proyecto de resolución que busca declarar más de 483.000 kilómetros cuadrados del bioma amazónico como Reserva de Recursos Naturales Renovables ha generado inquietud entre distintos sectores técnicos y académicos.
La medida, que equivaldría al 43% del territorio nacional, implicaría una prohibición total de la exploración y producción de hidrocarburos y minería en esta zona, con el objetivo de blindar el ecosistema amazónico y promover una economía basada en la sostenibilidad.
Debate nacional por la prohibición de exploración en la Amazonía
Sin embargo, para analistas y expertos en temas energéticos y ambientales, el debate requiere una mirada más profunda. Según la Asociación Colombiana de Geólogos y Geofísicos del Petróleo (ACGGP), la propuesta presenta vacíos técnicos y podría tener consecuencias contraproducentes si no se acompaña de un diagnóstico integral.
Uno de los principales cuestionamientos es que la resolución parte de la idea de que la exploración de hidrocarburos y la minería son las mayores amenazas para la Amazonía. Pero, según los datos de las autoridades ambientales, la deforestación impulsada por economías ilícitas, el acaparamiento de tierras y los cultivos ilegales representan un riesgo mucho más alto para los bosques tropicales.
En los últimos años, la Agencia Nacional de Hidrocarburos (ANH) ha retirado bloques exploratorios en esa región, lo que evidencia un esfuerzo por compatibilizar la actividad energética con la protección ambiental.
Otro aspecto crítico señalado por la ACGGP es la falta de contextualización territorial. No todos los departamentos amazónicos tienen potencial de hidrocarburos; las actividades extractivas se concentran principalmente en Putumayo, Caquetá y Meta, donde comunidades enteras dependen de esa economía. Una prohibición total podría generar impactos sociales y económicos significativos, especialmente en zonas donde las oportunidades laborales son escasas.
A esto se suma la ausencia de participación ciudadana en el proceso. La resolución se tramita mediante un acto administrativo, lo que impide un debate legislativo amplio y deja por fuera la consulta previa con comunidades indígenas y afrodescendientes, derecho protegido por la Constitución.
En conclusión, el debate sobre la prohibición de exploración en la Amazonía no se reduce a un dilema entre conservación o desarrollo. Para muchos expertos, el país necesita fortalecer la ciencia, la planificación territorial y el diálogo social para construir soluciones equilibradas que garanticen tanto la conservación ambiental como el bienestar de las comunidades.
