El gremio del transporte de carga pesada ha encendido las alarmas tras la expedición del Decreto Distrital 0338 de 2026, emitido el pasado 26 de agosto. La medida impone un “precio público por circulación” de $4.235 por cada tonelada de carga que ingrese o salga de las terminales portuarias del distrito de Buenaventura, una decisión que ha sido catalogada por la Federación Colombiana de Transportadores de Carga (Colfecar) como un golpe directo a la competitividad logística y al bolsillo de los operadores.
Panorama general: Según los cálculos gremiales, un tractocamión que movilice un promedio de 30 toneladas deberá asumir un costo operativo adicional cercano a los $127.050 por cada viaje. Para el sector, este incremento llega en un escenario crítico caracterizado por la congestión vehicular, restricciones a la movilidad, ineficiencias operativas y un encarecimiento generalizado de los insumos esenciales.
De acuerdo con lo estipulado en la norma distrital, los dineros obtenidos por este concepto serán destinados a financiar proyectos de movilidad, infraestructura vial y mitigación de impactos ambientales, de seguridad vial y de deterioro urbano. Esto incluye la construcción y mantenimiento de vías, así como la reparación de la malla urbana afectada por el paso constante de vehículos pesados. La tarifa, además, se indexará de manera automática cada primero de enero con base en la variación del Índice de Precios al Consumidor (IPC) reportada por el DANE.
Transporte de carga pesada rechaza nuevo gravamen en Buenaventura
Pese a los argumentos de la administración distrital, Colfecar ha puesto en tela de juicio la solidez técnica de la medida. El gremio solicitó a la Alcaldía revelar de forma íntegra el Estudio Técnico, Financiero y de Movilidad de 2024, cuestionando la correlación directa entre el tonelaje transportado de la mercancía y la congestión del tráfico vehicular. Asimismo, exigieron claridad sobre los cronogramas, los montos estimados de recaudo y las obras específicas que se ejecutarán.
Uno de los puntos más sensibles expuestos por los transportadores es el riesgo de incurrir en una duplicidad de cobros. El sector ya soporta cargas financieras como el peaje de Loboguerrero, integrado en la estructura del proyecto concesionado Buga–Loboguerrero–Buenaventura, y la sobretasa nacional al ACPM, cuyos fondos están destinados legalmente al mantenimiento de las redes viales nacionales y departamentales.
Adicionalmente, el gremio advirtió sobre un vacío de competencias: buena parte de las rutas utilizadas por los camiones pertenecen a la red vial nacional (bajo la tutela de la ANI y el Invías), mientras que el acceso al puerto de Aguadulce es administrado por la Gobernación del Valle, lo que requeriría complejos instrumentos jurídicos para cualquier intervención con dineros distritales.
Por qué es importante: La agremiación recordó que los empresarios del transporte vienen lidiando en los últimos años con alzas drásticas en los precios de los combustibles (25% en el diésel), tarifas de peajes (40%) y costos salariales, sumados a la carga tributaria y los estragos de la inseguridad en las carreteras. A esto se suman problemas crónicos en Buenaventura, como las demoras por cierres en el kilómetro 69, la saturación de patios de contenedores vacíos y extensas filas de hasta 25 kilómetros que paralizan las operaciones por horas.
Ante este panorama, Colfecar advirtió que el nuevo gravamen no solo afectará a las empresas de transporte, sino que inevitablemente se trasladará a toda la cadena logística, incluyendo a importadores, exportadores, la industria y el comercio, repercutiendo de manera directa en el precio final de los bienes y materias primas para los ciudadanos.
Finalmente, el gremio exhortó a la Alcaldía de Buenaventura a suspender la aplicación y el recaudo de este cobro, convocando a la instalación de una Mesa Institucional de Concertación que permita realizar una revisión integral jurídica, económica y técnica del decreto.
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