Las modalidades de extorsión desde los centros penitenciarios del país continúan bajo la lupa de las autoridades. Recientemente, se ha detectado una preocupante tendencia en la que bandas de delincuencia común, dedicadas a la extorsión telefónica, intentan intimidar a sus víctimas utilizando nombres de altos mandos de la fuerza pública, entre ellos, el del actual director de la Policía Nacional, el general William Oswaldo Rincón Zambrano.
A raíz de diversas consultas ciudadanas sobre supuestos audios o pronunciamientos del alto oficial relacionados con el centro penitenciario de Picaleña, en Ibagué (Tolima), las revisiones institucionales confirman que no existen registros públicos, declaraciones ni audios reales donde el general aborde dinámicas extorsivas ligadas específicamente a este penal. Por el contrario, los expertos en ciberseguridad señalan que se trata de una estrategia criminal recurrente.
El reto judicial de la cárcel de Picaleña en Ibagué frente al fenómeno de las llamadas de extorsión
La extorsión carcelaria, conocida en el argot criminal bajo modalidades como la «llamada del tío-tío», el falso servicio o la suplantación de autoridades, se fundamenta en el factor sorpresa y el miedo. Los delincuentes acceden a bases de datos o información de redes sociales de los ciudadanos y realizan llamadas haciéndose pasar por coroneles, generales o comandantes de policía.
Utilizando un lenguaje técnico simulado, los extorsionistas aseguran a la víctima que un familiar está detenido, que se ha emitido una orden de captura en su contra o que el alto oficial «a cargo» exige una suma de dinero inmediata para no proceder con la judicialización. Al emplear nombres reales y vigentes de la cúpula policial, como el del general Rincón Zambrano, buscan dar una falsa sensación de veracidad e infundir mayor temor en el ciudadano para forzar el pago a través de empresas de giros.
El Gaula de la Policía Nacional ha reiterado de manera insistente que ningún miembro de la institución realiza llamadas telefónicas para realizar exigencias económicas ni transacciones informales. Ante la recepción de audios de dudosa procedencia o llamadas intimidantes que involucren nombres de altos oficiales, las recomendaciones principales son: Romper el canal de comunicación con el delincuente frena el ciclo de intimidación. Evitar confirmar datos familiares, de cuentas bancarias o de ubicación. Ante cualquier duda sobre una supuesta acción policial, el ciudadano debe comunicarse directamente con la línea de atención de la institución. Reportar el caso a través de la línea gratuita nacional 165 del Gaula.
La suplantación de identidades institucionales sigue siendo uno de los retos principales en la lucha contra los delitos de alto impacto que se originan desde los pabellones carcelarios del país.
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