La senadora Berenice Bedoya volvió a quedar en el centro de la controversia política luego de que un exintegrante de su Unidad de Trabajo Legislativo (UTL) denunciara presuntos cobros irregulares mientras trabajó en su despacho. El señalamiento reaviva el debate sobre prácticas indebidas en el Congreso y podría escalar a instancias judiciales.
Según el testimonio conocido en las últimas horas, el exasesor afirmó que, durante varios meses, le habrían exigido entregar parte de sus honorarios a personas cercanas a la congresista. De acuerdo con su versión, los pagos se realizaban en efectivo y representaban una reducción significativa de sus ingresos mensuales.
El denunciante aseguró que decidió renunciar tras negarse a continuar con esos aportes y que cuenta con elementos que respaldarían su declaración. La situación ha generado reacciones inmediatas desde distintos sectores políticos y ciudadanos, que piden claridad y celeridad en las investigaciones.
¿Qué implicaciones tiene el caso de Berenice Bedoya?
Tras conocerse las acusaciones, el exsenador Gustavo Bolívar solicitó que el caso sea investigado formalmente por la Corte Suprema de Justicia, instancia competente para investigar a congresistas.
Durante el año 2025, segundo año como asesor UTL de la senadora @berenicebedoya1, hacíamos parte entre asesores y asistentes, cinco personas. Las asistentes Lucía Milena Londoño Arango y Denis Adriana Hernández Ojeda, eran «fantasmas». Jamás la vi en las reuniones virtuales y… pic.twitter.com/0xxsKJlC0X
— Sergio Mesa ⚖️ (@sermeca) February 15, 2026
Asimismo, pidió la intervención de la Fiscalía General de la Nación y la Procuraduría General de la Nación para establecer si existieron conductas que puedan tipificarse como concusión, cohecho o extorsión.
De comprobarse los hechos, Berenice Bedoya podría enfrentar consecuencias disciplinarias y penales. En Colombia, exigir dinero a funcionarios o contratistas a cambio de mantenerlos en un cargo constituye una conducta grave que ha derivado en procesos judiciales contra otros servidores públicos en el pasado.
La senadora Berenice Bedoya, por su parte, no ha emitido un pronunciamiento amplio frente a las nuevas acusaciones, aunque en controversias anteriores ha rechazado señalamientos similares y ha defendido su gestión legislativa.
El caso ha tenido varias reacciones de la opinión pública. Andrés Gaviria, candidato a la Cámara de Representantes por Antioquia, dijo que: «Berenice Bedoya… otra IMPRESENTABLE congresista Antioqueña. OJO con su voto. Luego no se queje!».
Daniel Briceño, candidato a la Cámara por Bogotá también agregó que: «Casos de explotación y abusos como los de el representante David Racero y la asesora Berenice Bedoya a sus asesores de UTL es lo que abunda. Ojalá la justicia haga algo, hoy Racero sigue como si nada en campaña y Berenice también, para de sinvergüenza».
En el Congreso, el caso ha reabierto la discusión sobre la transparencia en el manejo de las UTL, estructuras fundamentales para el trabajo legislativo, pero que en varias ocasiones han sido escenario de denuncias por presuntos “retornos” salariales o presiones indebidas.
Por ahora, el foco está en si las autoridades abren una investigación formal contra Berenice Bedoya y en la solidez de las pruebas que pueda presentar el denunciante. El desarrollo de este caso podría tener impacto no solo en la carrera política de la senadora, sino también en el debate nacional sobre ética pública y control institucional.