Por: Rudolf Hommes
Hay mucha confusión sobre el alcance de la decisión de la Corte Constitucional de “blindar” el acuerdo de paz. Los columnistas de la derecha se han burlado de ese blindaje y sostienen que el fallo de la Corte, que dicen que fue salomónico, permite que futuros gobiernos cambien a su antojo lo acordado. La realidad es que el blindaje no es absoluto, pero tampoco ineficaz y mucho menos inexistente. La Corte dice que el Acuerdo Final será parámetro de interpretación y referente de desarrollo y validez de las normas y las leyes de implementación y desarrollo del Acuerdo Final, “con sujeción a las disposiciones constitucionales” (José Gregorio Hernández, El Colombiano, 16-10-2017).
Otro destacado constitucionalista dice que el blindaje es para evitar que puedan volver trizas el acuerdo, salvo que surja algo con más dientes cuando se aclare el alcance de la afirmación de la Corte de que la obligación derivada del acuerdo de paz es “llevar a cabo los mejores esfuerzos para cumplir con lo establecido en el Acuerdo Final, entendido como política de Estado, cuyo cumplimiento se rige por la condicionalidad y la integralidad de los compromisos plasmados en el mismo”.
En ausencia de esa precisión, se puede afirmar que es posible cambiar el acuerdo, pero, si se trata de lo que ya está contenido en la Constitución, tendrá que someterse a los procedimientos previstos en esta para cambiarla. Si el cambio requiere ley, tendrá que ser aprobado por el Congreso. En ningún caso se podrá atropellar para inducirlo, y es posible que tengan que negociar o someterse a consultas a nivel nacional o en el Consejo de Seguridad de la ONU, por ejemplo.
Un punto estrechamente vinculado es que quieren vetar a muchos de los que ya fueron seleccionados para ocupar cargos de magistrados de la JEP de acuerdo con un procedimiento establecido legalmente, introduciendo ex post un régimen de inhabilidades e incompatibilidades ‘ad hoc’ para ellos, como propone Germán Vargas, lo que sería una arbitrariedad y violaría el derecho de ellos a acceder a cargos públicos.
La forma más segura de garantizar que se seguirá trabajando en la construcción de la paz, no solamente hasta 2030, es elegir en 2018 un presidente comprometido con la paz y que acepte que el Acuerdo Final es una política de Estado. La paz vuelve a ser uno de los temas centrales de las elecciones presidenciales y va a dividir a la opinión en dos bandos, el que está a favor de ella y otro que no lo está. En ese último se encuentran Germán Vargas, los Uribitos, Ordóñez y Marta Lucía Ramírez. Es claro entonces que votar por cualquiera de ellos es hacerlo en contra de la paz.
Germán Vargas quiso ponerse en posición de comer carne y tomar leche de una misma vaca, aduciendo que es un hombre de centro excepto en materia de seguridad, en lo que es de derecha. Dice que el proceso de paz ha sido un buen negocio y que la desmovilización de las Farc y su entrega de armas son una gran noticia. Pero no quiere pagar la cuenta. Se declara opositor de los que están trabajando para presentarse unidos con las banderas de la paz y listo para que lo sigan los que “están del otro lado”, los de la derecha, con quienes comparte “los mismos temores sobre la implementación del proceso de paz” e “ideas comunes” sobre la conducción del Estado.
Basado en esto, De la Calle dijo en el programa Pregunta Yamid, de CM&, que Vargas no es de centro sino de derecha, y demostró que varias afirmaciones que ha hecho no tienen bases sustentables. Los de la derecha le reclamaron por estárseles metiendo en su rancho sin tener méritos para pretender que va a asociarse con ellos, mucho menos para liderarlos, y le fue mal en las encuestas.