Un reciente informe técnico de la (Supersolidaria) ha encendido las alarmas en el sector salud tras revelar lo que sería una sofisticada red de irregularidades financieras dentro de la cooperativa Coosalud. Los hallazgos, que comprenden el periodo entre 2019 y 2025, sugieren el ocultamiento de deudas y el uso indebido de fondos públicos destinados a la atención de pacientes, mediante maniobras contables que ya están bajo la lupa de la Fiscalía General de la Nación.La investigación de la entidad de control detalla que se habrían utilizado diversos mecanismos para alterar la realidad financiera de la organización. Según el reporte, se detectaron operaciones que permitieron transformar pasivos (deudas) en activos, presentándolos falsamente como inversiones o capitalizaciones.
Fiscalía asume caso Coosalud tras reporte de irregularidades en la Supersolidaria
Entre las tácticas más cuestionadas se encuentra la supuesta simulación de compras de cartera por un valor que supera los 55.000 millones de pesos. Estos movimientos, al parecer, carecían de sustento real y tenían como único fin aliviar artificialmente el balance financiero de la entidad ante los ojos de los reguladores. Adicionalmente, Supersolidaria identificó la existencia de contratos por 37.000 millones de pesos respaldados con pagarés en blanco, una práctica que genera serios interrogantes sobre la transparencia y legalidad de las obligaciones adquiridas por la cooperativa.Uno de los puntos más críticos del informe es la creación de un patrimonio autónomo diseñado, presuntamente, para reorganizar compromisos con múltiples acreedores. Las transacciones bajo este modelo podrían alcanzar los 90.600 millones de pesos.
A esto se suma la falta de trazabilidad en un crédito masivo de 221.000 millones de pesos. De acuerdo con la Supersolidaria, una porción considerable de este monto no tiene un rastro claro dentro de la contabilidad de la cooperativa, mientras que otros flujos de dinero terminaron en manos de terceros sin una justificación técnica o legal evidente.
El impacto también alcanza el ahorro de los asociados. El Fondo de Aportes Sociales, que debería registrar un saldo cercano a los 15.000 millones de pesos, presenta una cifra sustancialmente menor, lo que sugiere que el dinero de los afiliados pudo haber sido utilizado para cubrir los baches financieros generados por las operaciones antes mencionadas. El presidente Gustavo Petro no tardó en reaccionar a estas revelaciones. A través de sus canales oficiales, el mandatario exigió explicaciones directas a los miembros de la junta directiva, mencionando nombres como Juan Carlos Pastrana y Rafael Santos, señalando que deben responder por permitir lo que calificó como un «desfalco» según la Supersolidaria
Actualmente, el caso ha escalado a instancias penales. La Supersolidaria ha remitido el «macro informe» a la Fiscalía para que se determinen las responsabilidades individuales y se aclare el destino final de los recursos. Mientras tanto, los procesos ejecutivos derivados de estas operaciones ya superan los 300.000 millones de pesos, lo que pone en una situación de extrema vulnerabilidad la estabilidad de una de las entidades más grandes del sistema de salud en Colombia.La lupa ahora se centra en cómo estos «maquillajes» financieros afectaron la calidad del servicio para los más de 3 millones de afiliados que dependen de la EPS vinculada a esta estructura cooperativa
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