Bogotá vuelve a poner en marcha una obra que durante años estuvo marcada por retrasos, incumplimientos y procesos fallidos. Esta vez, el puente peatonal de la calle 112 con carrera Novena entra oficialmente en fase constructiva, con la promesa de convertirse en una solución clave para la movilidad y la seguridad vial en el norte de la ciudad.
El anuncio lo hizo el director del Instituto de Desarrollo Urbano (IDU), quien confirmó que el proyecto (incluido en el Acuerdo de Valorización 724 de 2018) inicia su etapa de construcción tras superar la caducidad de contratos anteriores y una licitación desierta en 2023.
Para Bogotá, se trata de una obra simbólica: comenzó como resultado de una acción popular en 2009 y, más de una década después, apenas empieza a tomar forma definitiva.
El puente beneficiará a más de 76.000 personas que transitan por este sector de la localidad de Usaquén, una zona con alto flujo peatonal y vehicular, y donde la conexión segura entre costados ha sido una deuda pendiente.
¿Qué implica para Bogotá la construcción del puente de la calle 112?
La nueva estructura será metálica y atirantada, con una longitud de 223,5 metros y un ancho de tres metros. Contará con rampas en ambos costados y escaleras en el costado oriental, buscando garantizar accesibilidad. El gálibo oscilará entre 5,79 metros sobre la vía y 7,39 metros sobre el corredor férreo.
El proyecto supera los $24.000 millones y estará a cargo del Consorcio Puente Epsilon, integrado por MB Construcciones y Diseños S.A.S., ESTAHL Ingeniería S.A.S. e ICSSA S.A.S., con interventoría del Consorcio InterBogotá CPG. Según el cronograma oficial, la obra estaría al servicio de la ciudadanía en 2027.
Las primeras actividades incluyen descapote, tratamientos silviculturales, demolición de pilotes y carpeta asfáltica existentes, excavaciones para redes de alcantarillado e intervención del espacio público para traslado de redes de acueducto.
Es decir, el proceso no solo implica montar la estructura, sino reorganizar parte de la infraestructura subterránea del sector.
Para Bogotá, el arranque de este proyecto también representa un mensaje político y administrativo. La obra fue adjudicada inicialmente en 2020 y debía entregarse en 2021. Sin embargo, los bajos niveles de ejecución, problemas financieros de los contratistas y posteriores incumplimientos llevaron a multas millonarias, la caducidad del contrato en 2023 y la toma de posesión por parte del IDU. Ese mismo año, una nueva licitación quedó desierta.
En 2024 se abrió un nuevo proceso y la adjudicación se concretó en octubre. Tras la revisión técnica del estado de los pilotes ya construidos, en enero de 2026 comenzó formalmente la fase constructiva.