Por: Sergio Martínez Medina – Comisionado de la Comisión de Regulación de Comunicaciones CRC (2019-Agosto 2022)- Alto Consejero Distrital de TIC de la Alcaldía Mayor de Bogotá (2016-2019).
En estos días, no hay foro, congreso o evento gremial en el sector TIC en donde no se analice la implementación de la tecnología móvil 5G en Colombia. Todos estos eventos, han contado con un común denominador: el precio que definirá el Gobierno Nacional sobre el espectro para que esta tecnología funcione en el país. Esta discusión, es comprensible en las actuales circunstancias que enfrenta la economía nacional, en donde se observa un deterioro de la situación fiscal, una fuerte devaluación del peso colombiano y unas perspectivas poco optimistas sobre el crecimiento de la economía en los próximos meses; y esto probablemente implicará que se revise la valoración del espectro por parte de las Autoridades del sector TIC.
Es entendible que el precio del espectro concentre la actividad sectorial, pero no es menos importante, que el Gobierno Nacional, las autoridades locales, los gremios, la academia y el regulador aborden otras problemáticas que van a ser igual de determinantes para el desarrollo del 5G en Colombia, y que requieren con urgencia que se analicen a profundidad tal como sucede con la administración del espectro.
El primer gran frente que se debe solucionar, es romper definitivamente con las restricciones normativas que impiden desplegar las redes móviles en los espacios urbanos y rurales. En Colombia, las autoridades municipales paralizan el desarrollo de esta infraestructura en sus territorios. En efecto, las principales capitales del país como Bogotá, Medellín, Cali o Barranquilla siguen sin ser certificadas por la CRC, como municipios libres de barreras de despliegue de infraestructura TIC; esto quiere decir, que la normatividad local, (POT), no permite instalar de manera eficiente las antenas, la fibra óptica o las estaciones móviles que se requieren para llevar el Internet a los hogares. Particularmente, el caso de Bogotá es crítico debido a que el reciente POT expedido por la administración distrital incrementó los trámites, restricciones y obstáculos normativos para desplegar redes de comunicaciones en la capital de la República.
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En este contexto, la implementación del 5G requiere de una acción decidida por parte de los gobiernos nacionales y locales, que incluya la eliminación de las barreras normativas para instalar antenas móviles, la implementación de una ventanilla virtual que estandarice los trámites que solicitan las alcaldías a las empresas que instalan la infraestructura TIC y una eficaz coordinación con las regiones para que el derecho al acceso a un servicio esencial, como es el Internet, sea plenamente garantizado para todos los colombianos, especialmente para los que habitan las zonas rurales.
5G trae grandes beneficios para la sociedad, al poder integrar una mayor cantidad de dispositivos móviles que transmiten información sobre servicios, procesos productivos o mediciones de gestión. Esta tecnología conocida como Internet de las Cosas (IoT) va a transformar el aparato productivo de nuestro país en los próximos años. Para habilitarla, se requiere que desde el Gobierno Nacional se lídere una agenda que promueva el uso intensivo de la analítica de datos. No obstante lo anterior, no hay en los insumos del Plan Nacional de Desarrollo una visión estratégica, sobre el futuro de los datos, que inclusive retome la visión del Documento CONPES 3920 (Big Data) de 2018, que en su momento lideró el Departamento Nacional de Planeación.
Con la llegada del 5G, se va a requerir contar con un plan paralelo de transformación productiva para que se pueda explotar esta tecnología al máximo y así pueda contribuir de manera eficaz a modernizar nuestro sector industrial. Por lo tanto, es necesario que en el nuevo Plan de Desarrollo se contemple transformar, con el 5G, algún sector de la economía clave para el crecimiento del país. Por ejemplo, sería interesante que a través de esta tecnología móvil se reconvirtiera el sector minero energético tan sensible para el actual gobierno.
En síntesis, 5G no es solo tecnología móvil: es Internet de las Cosas, Analítica de Datos avanzada, servicios y procesos digitales. También será un desafío para la seguridad, lo que implicará necesariamente dotar al Estado colombiano de una institucionalidad que sea capaz de responder a este reto. Adicionalmente, los expertos indican que se requiere contar con una red de fibra óptica robusta para soportar de manera eficiente el 5G; componente que tampoco tiene un interés especial en las políticas públicas propuestas por el Gobierno Nacional.
Colombia, se rezaga cada día más en la adopción del 5G, y es necesario que el MinTIC actúe rápido en las decisiones técnicas y regulatorias. Sin embargo, para cumplir efectivamente con el propósito de mejorar la calidad de vida de los colombianos, con esta tecnología emergente, se requiere contar con un plan integral que involucre activamente tanto al sector productivo como a las regiones; de lo contrario perderemos otra oportunidad de transformación digital, tan necesaria en estos momentos para el desarrollo de nuestro país.
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