Colombia atraviesa uno de los momentos más retadores para su seguridad energética en las últimas dos décadas. Así lo advirtió Frank Pearl, presidente de la Asociación Colombiana del Petróleo y Gas (ACP), durante la apertura del tercer día de la VIII Cumbre del Petróleo, Gas y Energía celebrada en Cartagena, donde presentó un diagnóstico crítico del estado del sector y planteó una agenda de crecimiento de largo plazo para evitar un deterioro mayor en materia económica, productiva y social del país.
La ACP advierte un deterioro acelerado de la autosuficiencia energética y pide una hoja de ruta para 2026–2050
El análisis del dirigente gremial mostró un panorama que combina tres factores determinantes: caída sostenida en la exploración, reducción en la reposición de reservas y un incremento acelerado de las importaciones de gas.
Este escenario ya se refleja en mayor vulnerabilidad energética para los hogares y las industrias, así como en un riesgo creciente para las finanzas públicas. Según explicó, solo en 2025 el país ha tenido que importar en promedio el 17 por ciento de la demanda nacional de gas, una señal de alerta que no se veía en años y que seguirá en aumento si no se toman acciones inmediatas.
El presidente de la ACP llamó la atención sobre el deterioro en la reposición de reservas, un indicador clave para la sostenibilidad de la industria. Hace 15 años Colombia lograba reponer 13 de cada 10 pies cúbicos que consumía gracias a los hallazgos y a la dinámica exploratoria.
Hoy esa cifra se desploma a apenas 0,3 por cada 10 pies cúbicos, una caída que pone en riesgo la capacidad del país para mantener su autosuficiencia. Esta situación se agrava al no haberse adjudicado nuevas áreas de exploración desde 2022, lo que ha llevado a que solo 91 de los 282 contratos vigentes estén en fase exploratoria.
Pearl fue enfático al advertir que, si no se reactiva la exploración de manera urgente, el país no podrá sostener la producción de petróleo necesaria para cumplir con las metas del Marco Fiscal de Mediano Plazo.
Esta caída productiva generaría un déficit de 40 billones de pesos entre 2027 y 2035, un golpe severo para las finanzas públicas y para los programas sociales financiados con los recursos provenientes del sector de hidrocarburos.
Frente a este escenario, el líder gremial presentó una propuesta estructurada en tres ejes de crecimiento que, a su juicio, deben marcar la ruta energética del país en los próximos años. El primero, relacionado con el crecimiento energético, incluye reactivar la exploración, retomar la asignación de nuevas áreas, impulsar el desarrollo offshore, garantizar reglas fiscales estables, fortalecer la seguridad jurídica y lograr un licenciamiento ambiental más ágil y predecible.
Un segundo componente se centra en el crecimiento económico, que buscaría aprovechar la riqueza del sector para diversificar la economía regional, generar encadenamientos productivos, impulsar fondos de innovación y aumentar la capacidad de las regiones para formular proyectos de regalías.
Este enfoque permitiría que las comunidades productoras y las zonas más dependientes de la actividad extractiva amplíen sus oportunidades de desarrollo.
El tercer eje está orientado al crecimiento social y ambiental, con el objetivo de promover un ordenamiento territorial concertado, impulsar inversión social verificable y fomentar la construcción de proyectos compartidos entre empresas, autoridades y comunidades.
Para el dirigente, este es un componente clave para fortalecer la confianza, reducir la conflictividad y asegurar que los beneficios de la actividad energética se traduzcan en progreso real y sostenible.
Pearl también recordó el papel estructural que tienen los hidrocarburos en la economía colombiana. Durante 2024, el sector representó el 16 por ciento de la inversión extranjera directa, más del 30 por ciento de las exportaciones, el 4 por ciento del PIB y más de 360 mil empleos directos e indirectos.
Además, aportó 43 billones de pesos en impuestos y 8,2 billones en regalías, recursos esenciales para financiar infraestructura, programas sociales y proyectos regionales.
En su intervención insistió en que la transición energética no debe interpretarse como una sustitución abrupta del petróleo y el gas, sino como un proceso de adición gradual de fuentes renovables que permita garantizar la estabilidad económica y energética del país. Recordó que, incluso en escenarios globales de transición acelerada, los hidrocarburos seguirán representando más del 50 por ciento de la demanda energética mundial hasta 2050.
El dirigente finalizó con un llamado a que Colombia construya una hoja de ruta energética realista, técnica y adaptada a las necesidades del país entre 2026 y 2050. Una ruta basada en evidencia, visión de largo plazo y cooperación entre Gobierno, industria y comunidades.
Afirmó que las decisiones que se tomen hoy serán determinantes para asegurar el abastecimiento, impulsar el crecimiento y garantizar una transición energética viable. Su mensaje fue claro: “El sector de hidrocarburos debe ser el motor de crecimiento de Colombia, porque con energía hay futuro”.
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