El Gobierno Nacional ha declarado el estado de conmoción interior en la región del Catatumbo, el área metropolitana de Cúcuta y los municipios de Río de Oro y González, en el departamento del Cesar.
Este decreto, emitido bajo el número 0062 de 2025, busca hacer frente a la crisis humanitaria y de orden público que afecta a estas áreas, caracterizada por el aumento de la violencia armada, el desplazamiento forzado y el desbordamiento de las capacidades institucionales.
La medida tiene como base las facultades otorgadas al Presidente por el artículo 213 de la Constitución Política, permitiendo suspender ciertas leyes para atender la crisis y garantizar la seguridad de la población. Este estado de excepción estará vigente por un período inicial de 90 días, con posibilidad de extenderse bajo condiciones específicas.
Por qué es importante: La región del Catatumbo y sus áreas aledañas enfrentan una grave perturbación del orden público, impulsada principalmente por el accionar de grupos armados ilegales, como el ELN y otros actores delictivos.
Este contexto no solo pone en riesgo la vida de millas de habitantes, sino también el acceso a servicios básicos, el desarrollo económico local y la estabilidad institucional.
La decisión de declarar el estado de conmoción refleja la necesidad de tomar medidas urgentes y extraordinarias para restaurar el orden y mitigar los efectos de la crisis.
Estado de conmoción interior en el Catatumbo: todo lo que debes saber
Detalles: La declaratoria incluye una serie de acciones para enfrentar la situación:
- Restricciones a derechos: El decreto permite limitar temporalmente ciertas libertades para garantizar la seguridad de la población, como el control de movilidad, la inspección de vehículos y medidas de seguridad estrictas en áreas estratégicas.
- Protección de infraestructura crítica: Se prioriza la seguridad de vías, oleoductos, torres de energía y bienes esenciales para evitar su destrucción por parte de actores armados.
- Atención humanitaria: Se han habilitado albergues en municipios como Cúcuta y Tibú para atender a más de 16.000 desplazados. Sin embargo, las capacidades locales están desbordadas.
- Cooperación internacional: El Gobierno buscará apoyo de organismos internacionales para financiar proyectos humanitarios y de estabilización.
Además, el decreto establece mecanismos para agilizar la ejecución de recursos del Sistema General de Regalías y del Sistema General de Participaciones, necesarios para financiar las medidas de emergencia.
Contexto: La región del Catatumbo ha sido históricamente un epicentro del conflicto armado en Colombia. A pesar de los esfuerzos de pacificación tras el acuerdo de paz con las FARC en 2016, el territorio continúa siendo escenario de enfrentamientos entre grupos armados que buscan controlar las economías ilícitas, como los cultivos de coca.
En 2024, el área concentró más del 60% de estos cultivos en Norte de Santander, según informes oficiales.
El reciente incremento en las hostilidades del ELN, sumado al fin de los acuerdos de cese al fuego, ha exacerbado la crisis humanitaria.
La Defensoría del Pueblo emitió alertas tempranas en 2024, advirtiendo sobre los riesgos para comunidades vulnerables, como el pueblo indígena Barí, líderes sociales y campesinos. Desde entonces, el número de desplazados ha crecido exponencialmente, superando los 36.000 en lo que va de 2025.
Panorama general: El estado de conmoción interior implica un delicado equilibrio entre la seguridad y el respeto por los derechos humanos.
Aunque estos buscan restaurar el orden público y atender las necesidades inmediatas de la población, también generan inquietudes sobre el uso del poder estatal y la posible vulneración de derechos fundamentales.
Organismos internacionales y sectores sociales han instalado al Gobierno para garantizar la transparencia en la ejecución de recursos y la efectividad en las medidas adoptadas. Asimismo, se espera que estas acciones contribuyan a consolidar la paz en una región que ha sufrido décadas de violencia y abandono estatal.
Con esta declaratoria, el reto del Estado será implementar soluciones sostenibles que no solo restauren la estabilidad en el corto plazo, sino que también aborden las causas estructurales de la violencia en el Catatumbo.