En una decisión que impacta el corazón de la actual estrategia sanitaria del Gobierno Nacional, el Consejo de Estado ordenó la suspensión provisional del Decreto 0182 de 2026. La norma pretendía rediseñar la operación de las Entidades Promotoras de Salud (EPS) mediante una reorganización territorial que, según sus críticos, limitaba la oferta de aseguradoras y forzaba el traslado de millones de colombianos hacia entidades controladas por el Estado.
El fallo responde a una demanda y solicitud de medida cautelar presentada por la excongresista Katherine Miranda, quien argumentó que la iniciativa gubernamental ponía en riesgo la estabilidad del sistema y los derechos de los pacientes.
Panorama general: Tras un análisis jurídico de la normativa, el Consejo de Estado determinó que el modelo propuesto por el Ejecutivo no supera el examen de proporcionalidad. Para el tribunal, las medidas adoptadas por el Ministerio de Salud comportan una «afectación relevante» de los principios consagrados en el artículo 49 de la Constitución Política.
«El modelo normativo adoptado por el Gobierno no satisface las exigencias del principio de proporcionalidad, en tanto afecta la libre escogencia y los principios de accesibilidad, disponibilidad, calidad y continuidad del servicio», señaló el alto tribunal en su providencia.
El decreto suspendido establecía nuevas reglas de juego para la operación geográfica de las aseguradoras, restringiendo el número de EPS permitidas por municipios y subregiones. En la práctica, esto implicaba que, en aquellos territorios donde la oferta se viera limitada, los afiliados debían ser transferidos, en muchos casos de forma automática, a la Nueva EPS, entidad que actualmente se encuentra bajo intervención estatal.
La demandante, Katherine Miranda, celebró la decisión judicial como una victoria para los usuarios. Según Miranda, el decreto era una herramienta para alimentar las filas de una entidad que ya presenta serias dificultades operativas.
«Logramos que el Consejo de Estado frenara el decreto con el que el Gobierno pretendía mover millones de usuarios a la Nueva EPS sin su consentimiento», afirmó Miranda. La exparlamentaria recordó que dicha entidad «enfrenta miles de quejas por demoras, falta de medicamentos y fallas en la atención», enfatizando que «la salud no se improvisa».
¿Por qué el Consejo de Estado considera que el nuevo modelo de salud es desproporcionado?
Desde el Ministerio de Salud y Protección Social se ha mantenido una postura defensiva, rechazando que la norma buscara traslados arbitrarios o masivos. Para la cartera de salud, el Decreto 0182 era la respuesta técnica a problemas históricos de atención, especialmente en la Colombia rural.
Según los argumentos presentados por el Ministerio ante el tribunal:
Mecanismos técnicos: La asignación de afiliados solo ocurriría cuando una EPS no garantizara condiciones mínimas de operación.
Continuidad del servicio: El objetivo central era evitar que los usuarios quedaran desprotegidos ante la insolvencia o incapacidad técnica de sus aseguradoras actuales.
Libre escogencia condicionada: El Gobierno sostiene que la libertad de elegir debe ejercerse sobre una «oferta real» de servicios, priorizando que la entidad elegida tenga capacidad efectiva de respuesta en el territorio.
Pese a que el Ministerio insistió en que la norma buscaba fortalecer la atención en zonas dispersas y garantizar el acceso a medicamentos, el Consejo de Estado consideró que el riesgo para el derecho fundamental a la salud era lo suficientemente alto como para suspender la aplicación de la norma mientras se resuelve el fondo del asunto.
Tras conocerse la decisión del alto tribunal, que deja sin efectos, al menos temporalmente, uno de los pilares de la gestión de la cartera, la expectativa se centró en la reacción oficial. Sin embargo, hasta el momento de este reporte, el ministro de Salud no se ha querido pronunciar sobre el tema, evitando dar declaraciones sobre el futuro de la reorganización territorial o los pasos jurídicos que seguirá el Gobierno ante este nuevo freno judicial.
Con este fallo, el Gobierno sufre un nuevo estancamiento en su intención de transformar el modelo de aseguramiento, dejando en vilo el mapa de operación territorial que las EPS debían implementar este año. Por ahora, el sistema mantiene su configuración actual, garantizando que los usuarios no sean trasladados administrativamente bajo los criterios del suspendido decreto.
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