El gremio de los constructores, Camacol, respondió al presidente Gustavo Petro luego de que el mandatario cuestionara a las empresas del sector por supuestos incrementos en el precio de la vivienda tras el alza del salario mínimo decretada para este año. La organización aseguró que, hasta el momento, no se han definido aumentos en los valores de venta y que cualquier ajuste dependerá del marco legal vigente.
Constructores explicó que los topes de la vivienda VIS y VIP están indexados por ley al salario mínimo
Camacol explicó que el sistema de precios de la vivienda de interés social (VIS) y de interés prioritario (VIP) está atado por ley al salario mínimo, una indexación que también quedó consagrada en el Plan Nacional de Desarrollo aprobado por el actual Gobierno.
En ese contexto, cuando el salario mínimo aumenta, también lo hacen los topes máximos permitidos para este tipo de inmuebles, lo que impacta directamente los costos de construcción y los precios de referencia del mercado.
El gremio recalcó que esos topes no son incrementos automáticos en los precios, sino límites máximos dentro de los cuales las constructoras pueden ofrecer sus proyectos. “No se trata de una decisión discrecional del sector, sino de una fórmula definida por la normatividad vigente”, señaló Camacol en un comunicado.
La controversia se desató luego de que el salario mínimo fuera incrementado en 23%, lo que lo llevó a $1.750.905 mensuales, sin incluir el auxilio de transporte. Bajo esa base, el precio máximo de una vivienda VIS quedó fijado en 135 salarios mínimos, es decir, alrededor de $236 millones. En grandes ciudades como Bogotá, Medellín, Cali, Cartagena y Bucaramanga, el tope es de 150 salarios mínimos, cerca de $262 millones. Para proyectos de renovación urbana, el límite asciende a 175 salarios mínimos, mientras que la vivienda de interés prioritario tiene un máximo de 90 salarios mínimos.
Camacol advirtió que el aumento del salario mínimo se dio en un contexto ya complejo para el sector, marcado por la caída de la demanda y por la salida de más de 24.000 hogares del mercado de vivienda en 2025, tras la cancelación del programa de subsidios Mi Casa Ya. Según el gremio, esta combinación de factores ha debilitado la dinámica del mercado y ha puesto en riesgo la viabilidad financiera de muchos proyectos.
El presidente de Camacol, Guillermo Herrera, aseguró que la prioridad del sector no es la confrontación política, sino preservar el acceso de las familias a la vivienda propia y mantener en funcionamiento una industria que genera cientos de miles de empleos. “Estamos enfocados en acompañar a los compradores y en buscar soluciones que permitan sostener la actividad, incluso en medio de la incertidumbre”, afirmó.
Por su parte, el Gobierno ha planteado la posibilidad de desindexar el precio de la vivienda del salario mínimo para evitar que los ajustes salariales se trasladen automáticamente a los valores de los inmuebles. El ministro de Trabajo, Antonio Sanguino, señaló que este proceso es jurídicamente complejo y requiere cambios normativos que deben ser evaluados con los diferentes actores del sector.
La discusión se intensificó luego de que el presidente Petro pidiera a su Ministerio de Vivienda abstenerse de girar subsidios a constructoras que, según él, estarían engañando a los compradores al anunciar alzas automáticas de precios. Desde Camacol insisten en que el sector actúa dentro de la ley y que cualquier modificación al esquema de precios debe pasar por reformas legales que brinden seguridad jurídica tanto a las empresas como a los hogares.
Presidente @petrogustavo, antes de entrar al fondo del debate, es necesario señalar un problema de forma: su aproximación ha sido desde la descalificación y la amenaza, no desde el diálogo técnico ni el análisis responsable. Esa actitud contrasta con los principios de “política… https://t.co/ZpDskONrPA
— Camacol Colombia (@CamacolColombia) January 5, 2026
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