La Contraloría General de la República encendió las alarmas frente a la propuesta del Gobierno Nacional de modificar el esquema de vigencias futuras destinadas a las concesiones viales de cuarta y quinta generación (4G y 5G). El contralor general, Carlos Hernán Rodríguez Becerra, reiteró que una eventual reprogramación unilateral de estos recursos, o su utilización con fines distintos a los pactados, podría traer graves consecuencias legales, fiscales y contractuales para el Estado.
Panorama general: La advertencia fue enviada en comunicación formal el pasado 4 de junio a la ministra de Transporte, María Fernanda Rojas Mantilla; al ministro de Hacienda, Germán Ávila Plazas, y al presidente de la Agencia Nacional de Infraestructura (ANI), Óscar Javier Torres Yarzagaray.
El pronunciamiento se produce tras el análisis del borrador de decreto elaborado por el Departamento Nacional de Planeación (DNP), que busca modificar el artículo 2.2.2.1.11.8 del Decreto 1082 de 2015, relacionado con la reprogramación de vigencias futuras en contratos bajo esquemas de asociación público-privada (APP).
De acuerdo con Rodríguez Becerra, una modificación unilateral de los aportes pactados por el Estado podría impedir una adecuada gestión fiscal y generar incumplimientos en obligaciones contractuales vigentes. En ese escenario, la Nación y la ANI tendrían que responder con pago de intereses remuneratorios y moratorios no contemplados en la estructuración inicial de los proyectos, lo que aumentaría la carga fiscal y jurídica.
Contraloría advierte consecuencias legales y fiscales por cambios en vigencias futuras de concesiones viales
El contralor fue enfático en que los contratos actuales no condicionan los aportes de vigencias futuras al avance de las obras. En ese sentido, suspender o alterar de manera unilateral los desembolsos pactados carecería de soporte legal y podría derivar en la parálisis de los proyectos viales.
“Dependiendo de la magnitud y duración del incumplimiento, podría llegar hasta generar un proyecto terminado anticipadamente e inconcluso”, señaló el jefe del ente de control.
Por qué es importante: La Contraloría también se refirió al numeral 3 del borrador de decreto, que contempla la posibilidad de introducir una “modificación contractual prevista”. Sobre este punto, el organismo precisó que cualquier cambio debe realizarse mediante un acuerdo formal entre las partes suscribientes del contrato de concesión, y no puede imponerse a través de un decreto.
En caso de no cumplirse esta condición, la ANI estaría incurriendo en un incumplimiento contractual, lo que abriría la puerta a demandas cuantiosas y fallos en contra de la Nación.
Otro de los puntos críticos subrayados por la Contraloría es el manejo de los recursos públicos ya consignados en los patrimonios autónomos de cada contrato de concesión. Estos dineros cuentan con una destinación específica pactada en los contratos y no pueden ser retirados ni redirigidos a otros fines. Hacerlo implicaría un grave incumplimiento contractual y una violación a la normatividad vigente.
El organismo recordó que cualquier ajuste en el perfil de vigencias futuras debe realizarse bajo figuras jurídicas como un Otrosí o un Documento Modificatorio, debidamente protocolizados y aprobados por el Ministerio de Transporte, el CONPES, el CONFIS y el DNP, en un proceso similar al que dio origen a la licitación, adjudicación y firma de los contratos viales.
