La Contraloría General de la República ha iniciado una indagación preliminar para investigar la presunta pérdida de recursos públicos vinculados a la organización de los Juegos Panamericanos 2027, evento del cual Barranquilla fue despojada como ciudad sede.
¿A qué se debe esta investigación por parte de la Contraloría?
Este proceso de revisión surge después de que el Gobierno Nacional incumplió con los pagos acordados a Panam Sports, llevando a la organización a considerar otras ciudades como Asunción y Lima como nuevas sedes.
La situación se complica aún más con la revelación de que el Distrito de Barranquilla había realizado un pago de aproximadamente 2,25 millones de dólares como parte de su compromiso en el ‘Contrato Ciudad Sede’, un acuerdo que también involucraba al Ministerio del Deporte, el departamento del Atlántico, el Comité Olímpico Colombiano y Panam Sports. Dicho monto ahora se encuentra en riesgo, y la Contraloría busca determinar si esto constituye un daño fiscal que debe ser resarcido.
Este escenario no solo plantea un desafío fiscal significativo sino que también ha generado un amplio debate público y político en Colombia, con críticas al presidente Gustavo Petro por la gestión de esta situación. Petro, por su parte, ha señalado a la administración anterior como la responsable de los incumplimientos que llevaron a la retirada de la sede de Barranquilla, aunque ha asegurado que su gobierno estaba dispuesto a saldar las deudas pendientes antes de la fecha límite establecida.
La pérdida de los Juegos Panamericanos representa un golpe duro para Barranquilla y Colombia, no solo en términos de prestigio internacional sino también por las oportunidades económicas y de desarrollo que estos eventos suelen generar. La Contraloría, mediante su investigación, busca esclarecer las circunstancias que llevaron a esta situación y asegurar, en la medida de lo posible, la recuperación de los fondos comprometidos.
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