La Corte Constitucional ha dejado sin piso jurídico la intervención del Gobierno Petro a la EPS Sanitas, declarando ilegal y arbitraria una medida que durante más de un año causó estragos en la atención médica de millones de colombianos. Este fallo, aunque esperado por muchos, no borra los efectos de una política basada más en la ideología que en la evidencia.
Hoy, lo que debía ser una celebración por la restitución de la justicia es, en realidad, un día de duelo para los pacientes, médicos, prestadores y empresas que vivieron el desmonte sistemático de un sistema que, aunque imperfecto, funcionaba.
Durante los últimos dos años, el Gobierno, liderado por el presidente Gustavo Petro y siguiendo las líneas radicales trazadas por su exministra Carolina Corcho y el actual superintendente Luis Carlos Leal, ejecutó una estrategia que condujo al colapso financiero, administrativo y operativo de las EPS.
La idea era clara: destruir el modelo existente para imponer uno nuevo, aunque ese nuevo modelo ni siquiera ha sido concebido con claridad. El resultado ha sido un caos estructural que ha afectado a millones de usuarios con demoras aún más prolongadas en citas, entrega de medicamentos y atención general.
Primero, se asfixió financieramente a las EPS, negando los recursos necesarios y desconociendo las deudas del sistema.
Luego, se persiguió administrativamente a las entidades que aún funcionaban, como Sanitas, con auditorías sin resultados y campañas de desprestigio. Más tarde, se intervino sin una hoja de ruta clara, desmontando su modelo de atención y empujando a los usuarios a un sistema improvisado y desarticulado.
Ahora, la Corte ha ordenado devolver Sanitas a sus accionistas. Pero la EPS no regresa en el estado en que fue tomada: vuelve devastada, con redes deterioradas, usuarios desmoralizados y un equipo humano golpeado en su vocación.
Se destruyó lo que funcionaba bajo la promesa de construir algo nuevo que nunca llegó. Y peor aún: el costo de esta aventura lo pagaremos todos los colombianos, porque las demandas que vendrán, y que probablemente ganarán, tendrán que ser cubiertas con recursos públicos.
Ni el presidente Petro, ni Corcho, ni Leal asumirán de su bolsillo el costo de esta catástrofe. Lo pagará el país entero, afectando aún más la ya frágil estabilidad jurídica que tanto preocupa a los inversionistas.
Si el mensaje del Gobierno es que puede intervenir empresas legalmente constituidas y operativas sin sustento técnico ni financiero, ¿qué seguridad tiene el empresariado colombiano?
Mientras tanto, el presidente, en un gesto simbólicamente insultante, afirma desde un parque bogotano que no se arrepiente de nada.
Esa desconexión con la realidad de millones de usuarios debería ser suficiente para provocar una reflexión profunda en el país sobre los límites del poder y la necesidad de gobernar con responsabilidad, no con dogmas.
Sanitas debe ser reconstruida. Y lo será. Sus más de 5 millones de usuarios empezarán a recuperar algo de la tranquilidad perdida.
Pero el proceso será largo y costoso. Desde ya, se hace un llamado a la vigilancia ciudadana, al control institucional y a la presión social para que el Estado cumpla con lo ordenado: restituir no solo las estructuras, sino también la confianza en el sistema.
Porque esta vez, el error no fue de cálculo: fue una decisión política, deliberada y sin retorno inmediato. Una intervención que, en lugar de transformar, destruyó. Una lección que no puede repetirse.
