El Congreso retoma la discusión del Presupuesto General de 2026: plazo vence el 20 de octubre

El Congreso entra en una semana decisiva para aprobar el Presupuesto General de la Nación de 2026, cuyo monto fue fijado en $546,9 billones.

Foto: Redes

El Congreso de la República se prepara para retomar esta semana la discusión del presupuesto General de la Nación de 2026, en el que se definirá cómo se distribuirán los recursos públicos durante el último año del gobierno de Gustavo Petro. El proyecto, que debe ser aprobado antes de la medianoche del 20 de octubre, avanza en medio de ajustes en la propuesta inicial y con el reto de concretar una nueva ley de financiamiento que respalda las cifras presentadas por el Ministerio de Hacienda.

Inicialmente, la cartera radicó una propuesta por $556,9 billones, equivalente al 28,9% del PIB, pero tras las discusiones en las comisiones económicas conjuntas, el monto fue reducido a $546,9 billones. Este ajuste respondió, entre otros factores, a la necesidad de armonizar el gasto con las proyecciones fiscales del país y con la búsqueda de nuevos ingresos a través de un proyecto que pasaría a reemplazar una reforma tributaria.

El Congreso reanuda el debate del Presupuesto General de la Nación 2026

El ministro de Hacienda, Ricardo Bonilla, había advertido que el presupuesto estaría condicionado a una ley de financiamiento que inicialmente buscaba recaudar $26,3 billones, pero que finalmente se redujo a $16,3 billones. Sin embargo, los analistas han señalado que los tiempos legislativos podrían jugar en contra de la aprobación inicial.

De acuerdo con el cronograma, el proyecto debía pasar a sesiones plenarias de Senado y Cámaras el pasado 1° de octubre, pero las discusiones se aplazaron. Se espera que el debate en segunda instancia se reanude el próximo miércoles, 15 de octubre, con la meta de lograr su aprobación antes del plazo legal, el cual es el 20 de octubre.

La Senadora Angélica Lozano dio un parte de tranquilidad frente al proceso. “El plazo legal es lunes 20 de octubre. Lo que va a pasar esta semana es que se radica la ponencia, se anuncia y yo creo que se vota el lunes 20”, aseguró.

Para Henry Amorocho, profesor de Hacienda Pública y Derecho Tributario de la Universidad del Rosario, el proceso debe avanzar con celeridad, ya que “hasta el 20 de octubre se debe hacer trámite de la decisión que se haya tomado en primer debate en las comisiones de asuntos económicos”. Coincide con Astrid Buitrago, docente de Hacienda Pública y Derecho Económico de la Universidad Santo Tomás, sede Medellín, quien recordó que “cada 20 de octubre debe estar aprobada por el Congreso la Ley de Presupuesto, que incluye tanto los ingresos como las apropiaciones o gastos del Estado”.

El debate se ha visto demorado, según Amorocho, por los ajustes en el proyecto de la ley de financiamiento “El Presupuesto no se puede aprobar por el monto que quedó apropiado si no envían el proyecto de ley de financiamiento”, explicó. Agregó que, incluso si se realizan los ajustes propuestos, los tiempos son limitados para tramitar y aprobar la reforma tributaria que respalde esos ingresos adicionales.

De no lograrse su aprobación antes del 20 de octubre, el presupuesto podría quedar limitado a las rentas legales vigentes, sin incluir los recursos adicionales contemplados en la ley de financiamiento.

Así ejecutó el Presupuesto General de La Nación el Gobierno durante 2024

Ante los retrasos, surgió la duda si el Ejecutivo puede sacar el presupuesto por decreto. Amorocho fue enfático en que “de ninguna manera” es posible hacerlo por el monto inicial de $556,9 billones, ya que el Congreso ya se pronunció y fijó el tope en $546,9 billones. Sin embargo, aclaró que si el legislativo no aprueba el proyecto a tiempo, el Gobierno podría expedirlo por decreto con base al monto determinado por las comisiones económicas.

De esta manera, el Congreso estará en una semana clave para definir la ruta fiscal del país para el 2026, en un contexto en el que el Ejecutivo necesita claridad sobre los recursos disponibles para ejecutar sus políticas sociales, cumplir compromisos internacionales y garantizar la sostenibilidad de las finanzas públicas en el cierre del actual mandato.

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