El debate sobre el futuro energético de Colombia ha vuelto al centro de la conversación pública, esta vez impulsado por la advertencia sobre un posible desabastecimiento de gas y por la falta de una regasificadora en Buenaventura, teniendo en cuenta lo que sucedió con la de Cartagena. Lo cierto es que, más allá de los titulares y los señalamientos políticos, el país enfrenta un problema estructural que lleva años gestándose, la falta de planificación energética a largo plazo.
Colombia no puede depender de una sola regasificadora ni de decisiones improvisadas cada cuatro años. Los proyectos en el sector energético, especialmente los relacionados con el gas natural, requieren décadas de planeación, inversión y ejecución, por eso atribuir la actual coyuntura únicamente al gobierno de turno es desconocer la naturaleza del problema. Las advertencias sobre la reducción de las reservas nacionales de gas no son nuevas; distintos expertos y entidades las vienen haciendo desde hace más de una década.
Sin embargo, la falta de ejecución ha sido una constante. La ausencia de una infraestructura adecuada para la importación y almacenamiento de gas, como la regasificadora del pacífico, es el reflejo de esa inercia. Los gobiernos anteriores hablaron del tema, iniciaron estudios y formularon proyectos, pero ninguno logró materializarlos. Hoy, el resultado es una red de suministro vulnerable que depende, en gran medida, de un único punto de entrada por la Costa Caribe.
A eso se suma la contradicción en la que ha caído el país, mientras el gobierno defiende la transición energética libre de combustibles fósiles, las plantas termoeléctricas, fundamentales para mantener la estabilidad del sistema eléctrico, dependen del gas y del carbón para funcionar. La reciente orden del Ministerio de Minas y Energía de encender las termoeléctricas ante la situación sólo evidencia la falta de alternativas reales y sostenibles.
El debate sobre el fracking y la exploración interna tampoco puede reducirse a una disputa ideológica. Si bien el presidente Gustavo Petro ha sido un opositor abierto de esa práctica, lo cierto es que los gobiernos anteriores tampoco avanzaron con decisiones en la búsqueda de nuevas fuentes de gas, y hoy el país paga las consecuencias.
Colombia necesita una política energética de Estado, no de gobierno. El suministro de gas, fundamental no solo para la industria, sino también para millones de hogares colombianos, muchos de los cuales aún dependen de pipetas, no pueden estar sujetos al vaivén político. Si el país no cuenta con reservas suficientes para abastecer su demanda interna, debe buscar soluciones estratégicas sin delaciones ni cálculos partidistas.
Porque, al final, la energía no es un tema de derecha o izquierda, es una necesidad nacional que exige planeación, visión y responsabilidad colectiva.
