El Gobierno nacional alista un nuevo Estatuto Antiterrorista que será presentado ante el Congreso de la República como parte de su agenda de seguridad, la propuesta contempla cambios en materia penal, penitenciaria y de persecución de las estructuras consideradas terroristas, además de establecer nuevas herramientas para enfrentar conductas relacionadas con su operación.
El borrador plantea la creación de un sistema de listas para identificar a las organizaciones y actores que sean considerados terroristas, una medida que estaría acompañada por disposiciones relacionadas con la actuación de la Fuerza Pública y el uso de la fuerza, bajo las reglas del Derecho Internacional Humanitario y los protocolos jurídicos correspondientes.
Uno de los capítulos está relacionado con el uso criminal de drones, una modalidad que ha adquirido relevancia dentro de las operaciones de grupos armados y estructuras ilegales. La iniciativa contempla sanciones de hasta 30 años de prisión para quienes fabriquen, compren o transporten estos dispositivos con fines ilícitos.
Estatuto antiterrorista: Mayores penas y nuevas herramientas contra las estructuras terroristas
El proyecto también establece medidas específicas para proteger a integrantes de la Fuerza Pública, entre ellas una pena de uno a tres años de prisión para quien retenga a un policía o militar que se encuentre en servicio. De acuerdo con el borrador, la sanción se duplicaría cuando la retención tenga como propósito favorecer a una organización considerada terrorista.
Otra de las disposiciones está relacionada con quienes presten apoyo logístico a estas estructuras sin participar directamente en acciones violentas. Para esas conductas se plantean penas de entre 13 y 22 años de prisión, con el objetivo de ampliar el alcance de la responsabilidad penal sobre quienes contribuyan al funcionamiento de las organizaciones.
El texto también contempla un régimen penitenciario especial para los cabecillas, además de mecanismos para la aprehensión de bienes vinculados con estas estructuras, una figura que el proyecto diferencia de los procesos de extinción de dominio.
En materia judicial, el borrador establece disposiciones particulares para las acciones de tutela relacionadas con las organizaciones incluidas en el sistema de clasificación, mientras que frente a las finanzas de estas estructuras se plantean herramientas adicionales para identificar y afectar sus fuentes de financiación.
La iniciativa también incorpora medidas frente a situaciones como las asonadas y la utilización de población civil por parte de organizaciones armadas, buscando establecer responsabilidades cuando estas acciones hagan parte de las estrategias de dichas estructuras.
El contenido del proyecto se conoce en medio de la política de seguridad impulsada por el Gobierno de Abelardo De La Espriella, que ha planteado tratar bajo una misma categoría de terrorismo a los grupos armados ilegales y fortalecer las acciones de la Fuerza Pública contra estas organizaciones.
Antes de que la iniciativa avance formalmente en el Congreso, el borrador deberá superar las revisiones jurídicas e institucionales correspondientes. En ese contexto, la sesión del Consejo Superior de Política Criminal prevista para discutir el proyecto fue aplazada para el jueves 15 de octubre, encuentro en el que participan distintas entidades del Estado encargadas de revisar las implicaciones de las reformas penales y de seguridad.
El texto que llegue al Congreso podrá ser objeto de modificaciones durante su trámite legislativo, por lo que las medidas conocidas hasta ahora corresponden al contenido del borrador y no constituyen todavía normas vigentes.
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