El fiscal general, Francisco Barbosa, anunció este jueves por la tarde, desde las instalaciones del búnker de la Fiscalía en Medellín, que se presentará una solicitud de audiencia de imputación de cargos contra siete exfuncionarios y seis particulares que formaron parte de la administración distrital actual encabezada por el ex alcalde Daniel Quintero.
#ATENCIÓN | La Fiscalía General de la Nación, a través de la Seccional Medellín y la Dirección Especializada contra la Corrupción, radicó solicitudes de audiencia de imputación en contra de exfuncionarios de la Alcaldía de Medellín y particulares, que estarían involucrados en… pic.twitter.com/OcDHFZnfiQ
— Fiscalía Colombia (@FiscaliaCol) November 9, 2023
Esto se enmarca en las investigaciones relacionadas con presuntos actos de corrupción en seis contratos realizados durante el presente período.
El fiscal señaló que el valor total de los contratos bajo investigación asciende a aproximadamente 67.586 millones de pesos. Estos contratos están vinculados a áreas como alimentación, infraestructura y asistencia logística.
Francisco Barbosa afirmó que las pruebas recopiladas revelan «numerosas irregularidades en el proceso de tramitación y celebración» de estos contratos mencionados.
Entre los exfuncionarios a quienes se busca imputar cargos, se encuentran individuos que trabajaron en Metroparques, la Secretaría de Infraestructura, el Área Metropolitana del Valle de Aburrá y el programa Buen Comienzo.
Barbosa señaló que estas investigaciones se originan a partir de un conjunto de denuncias que se han presentado en la ciudad, especialmente en el último año y medio. Estas denuncias están relacionadas con alegados actos de corrupción y son objeto de investigación por parte de un equipo de fiscales especializados.
Los contratos con presuntas irregularidades según la Fiscalía
Los seis contratos mencionados por Barbosa se dividen en cuatro categorías. La primera involucra el mantenimiento de áreas verdes, la segunda se centra en el mantenimiento del Parque de las Aguas, la tercera se refiere al apoyo logístico para eventos recreativos y deportivos, y la cuarta abarca la atención integral a niños y niñas a través del programa Buen Comienzo.
El primer caso está relacionado con el contrato suscrito en octubre de 2020 entre Metroparques y la Secretaría de Infraestructura, que asciende a la suma de 5.250 millones de pesos destinados al mantenimiento de zonas verdes.
De acuerdo con las indagaciones realizadas por el ente acusador, se ha identificado que Metroparques, a través de un proceso de invitación privada, «convocó a tres empresas de un mismo núcleo familiar y escogió entre ellas a la que ejecutó el contrato”.
Debido a esta situación, se ha solicitado una audiencia para formular cargos relacionados con la contratación sin cumplir los requisitos legales y el supuesto interés indebido en la celebración de contratos. Las personas involucradas en esta solicitud de imputación de cargos son la exsecretaria Natalia Urrego Arias, el exgerente de Metroparques Jorge Enrique Liévano y la contratista Luz Eliana Henao Rodríguez.
El siguiente caso involucra el mantenimiento del Parque de las Aguas. De acuerdo con lo expresado por Barbosa, la Fiscalía descubrió diversas irregularidades en tres contratos celebrados entre Metroparques y el Área Metropolitana del Valle de Aburrá (AMVA) entre mayo de 2020 y noviembre de 2021, con un valor total de 17.400 millones de pesos destinados al mantenimiento y puesta en marcha del mencionado parque.
«La Fiscalía ha determinado que Metroparques subcontrató con tres empresas, las cuales fueron establecidas entre 2019 y 2021, y una de ellas estaba dedicada a la comercialización de telas», mencionó el fiscal.
Por lo tanto, se presentarán cargos relacionados con la celebración de contratos sin cumplir los requisitos legales y la presunta existencia de un interés indebido en la celebración de contratos.
Las personas a quienes se les imputarán cargos son Álvaro Alonso Villada García, representante del AMVA; los exgerentes de Metroparques Jorge Liévano Ospina y María Eugenia Domínguez; y los contratistas Juan Alexánder Pino Jaramillo, Yamilet Galindes y Fabio Miguel Mestre Espitia.
El tercer asunto está vinculado al apoyo logístico. En septiembre de 2020, Metroparques suscribió un contrato de apoyo logístico para eventos recreativos, deportivos y de actividad física. En este caso, se formularán cargos relacionados con la celebración de contratos sin cumplir los requisitos legales y la existencia de un interés indebido en la celebración de contratos.
Los individuos a quienes se les imputarán cargos son la exdirectora del Inder, Diana Paola Toro Zuleta; nuevamente, el exgerente de Metroparques Jorge Liévano Ospina y el contratista Mauricio Jaramillo Botero. Esto se debe a que el contrato inicialmente debía completarse en dos meses, pero habría recibido tres adiciones presupuestales que aumentaron su valor a 24.205 millones de pesos sin justificación. Además, se llevaron a cabo prórrogas para su ejecución hasta mediados de 2022.
El caso de Buen Comienzo
En cuarto lugar, se encuentra el caso de presuntos sobrecostos en el programa Buen Comienzo. A las imputaciones realizadas a principios de año se sumará otra imputación por peculado por apropiación dirigida a Martha Alexandra Agudelo, exsecretaria de Educación; Lina María Gil Zapata, exdirectora técnica de Buen Comienzo, y el exrepresentante de Colombia Avanza, Henry Paulison.
El fiscal señaló que se identificaron pagos a individuos que no tenían relación con el contrato, pero que figuraban en los documentos como si hubieran prestado servicios que nunca llevaron a cabo. Esto habría causado un perjuicio económico de 1.400 millones de pesos.
Este anuncio surge como respuesta a una serie de denuncias que se han vuelto un tema recurrente en la administración actual, inclusive, provienen tanto de funcionarios como de contratistas que han expresado su desacuerdo con respecto a las alegadas prácticas corruptas que aseguran han tenido lugar durante el tiempo en que Daniel Quintero encabezó la alcaldía.
En efecto, Agudelo tuvo que renunciar a su cargo como secretaria de Educación para evitar una medida de aseguramiento en su lugar de residencia, que se había impuesto en el marco de este proceso. Este caso aún no ha llegado a su conclusión y, hace más de un mes, se informó que la Fiscalía ya tenía preparado el escrito de acusación contra la exfuncionaria, quien está programada para comparecer en una audiencia de acusación el próximo 20 de noviembre.
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