Hay una discusión que Colombia no puede seguir aplazando.
No se trata de estar a favor o en contra de las fotomultas. Se trata de algo mucho más importante: que la tecnología que utiliza el Estado para hacer cumplir la ley también respete los derechos de los ciudadanos.
Porque sí: necesitamos seguridad vial.
Necesitamos reducir la velocidad, proteger a los peatones, a los motociclistas, a los ciclistas y evitar que una imprudencia termine convirtiéndose en una tragedia.
Pero también necesitamos algo que debería ser incuestionable en cualquier democracia: que nadie sea sancionado injustamente.
Y los datos nos obligan a mirar esta discusión con seriedad.
En mayo de este año, el Ministerio de Transporte informó que la Superintendencia de Transporte puso bajo la lupa más de 7,5 millones de fotomultas impuestas por 37 organismos de tránsito, debido a presuntas irregularidades en el cumplimiento de los requisitos técnicos y legales de los sistemas de fotodetección
De ese universo, 5,83 millones de comparendos deberán ser revocados de oficio.
Y hay un dato todavía más preocupante: 1,58 millones ya habían sido pagados por los ciudadanos, por un valor superior a $1,05 billones.
Más de un billón de pesos que hoy está en discusión precisamente porque existen cuestionamientos sobre la legalidad y las condiciones bajo las cuales fueron impuestas esas sanciones.
Esto no significa que todas las fotomultas sean injustas. Sería irresponsable
afirmarlo.
Significa algo diferente y mucho más serio: el sistema necesita controles, transparencia y garantías.
En Bogotá, por ejemplo, desde 2016 hasta septiembre de 2023 se habían impuesto más de 1,66 millones de comparendos mediante sistemas de fotodetección.
Y al mismo tiempo debemos reconocer que las cámaras pueden contribuir a salvar vidas. La Secretaría de Movilidad de Bogotá ha reportado reducciones en la siniestralidad en zonas donde operan estos sistemas y señala que las cámaras tienen un propósito de seguridad vial.
Ese es precisamente el equilibrio que debemos defender.
No queremos menos seguridad vial. Queremos más seguridad vial y más justicia para el ciudadano.
Por eso radicamos el Proyecto de Ley 134 de 2026.
Nuestra propuesta parte de una convicción sencilla: el Estado debe tener la capacidad de sancionar a quien incumple las normas, pero esa capacidad debe ejercerse con tecnología confiable, procedimientos transparentes y pleno respeto por el debido proceso.
Una cámara puede detectar un vehículo.
Pero una placa no es una persona.
El Estado debe identificar plenamente al responsable de la infracción y garantizarle el derecho a defenderse.
También debemos asegurarnos de que las cámaras cumplan rigurosamente con los requisitos técnicos. Si un dispositivo puede generar una obligación económica para un ciudadano, su calibración, certificación y margen de error no pueden ser asuntos menores.
Y hay otro principio que debemos defender: la potestad de sancionar es del Estado.
Los privados pueden aportar tecnología, infraestructura y conocimiento técnico.
Pero la autoridad para determinar responsabilidades y sancionar debe permanecer en manos de las instituciones públicas.
Porque una cosa es utilizar la tecnología para prevenir una infracción y otra convertirla en un sistema automático que termine debilitando las garantías del ciudadano.
La discusión tampoco puede reducirse únicamente a bajar el valor de una multa.
Si se propone reducirlas en un 50 %, bienvenido sea el alivio para los colombianos. Pero debemos preguntarnos algo más profundo:
¿Estamos corrigiendo el problema o simplemente estamos haciendo más barata una sanción que puede haber sido impuesta de manera incorrecta?
Colombia necesita una política de seguridad vial moderna.
Una política que combine infraestructura, educación, prevención, tecnología y autoridad.
Las cámaras deben estar donde realmente exista un riesgo para la vida. Deben tener una justificación técnica. Deben operar bajo estándares verificables. Y las sanciones deben recaer sobre quien efectivamente cometió la infracción.
Ese es el verdadero equilibrio.
No estamos defendiendo al infractor. Estamos defendiendo al ciudadano.
Al ciudadano que cumple las normas y espera que los demás también las cumplan.
Al ciudadano que sabe que una multa puede ser necesaria cuando infringe la ley, pero que también sabe que el Estado tiene la obligación de demostrarlo correctamente.
Al ciudadano que no pide privilegios.
Pide garantías.
Por eso nuestra posición es clara:
Seguridad vial, sí.
Tecnología para salvar vidas, sí.
Porque en una democracia fuerte, el Estado no demuestra su autoridad cobrando más.
La demuestra haciendo cumplir la ley con justicia.
Esta es nuestra convicción.
La 10 por Colombia: seguridad vial sí, garantías para el ciudadano también.
Por: Óscar Sánchez León – @OscarSanchez10_
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