En un giro drástico y definitivo en la política de seguridad nacional, el gobierno del presidente Abelardo De La Espriella ha marcado un punto de quiebre absoluto con el pasado. Apenas un mes después de haber asumido el poder, la administración central ha cumplido su promesa de campaña al decretar el cierre total de todos los procesos de diálogo, mesas de negociación y espacios sociojurídicos heredados de la administración anterior, calificándolos abiertamente como una «falsa paz».
Panorama general: La directriz, ejecutada de manera tajante desde el pasado 7 de agosto, pone fin a una arquitectura de negociación que, según el Ejecutivo, sirvió para que las estructuras criminales y terroristas ganaran tiempo y terreno. A través de mensajes difundidos en sus canales oficiales y respaldados por un comunicado de la Presidencia de la República, el mandatario fue enfático: «En mi gobierno los criminales no tendrán estatus político, contemplaciones ni impunidad».
La medida gubernamental es de carácter expansivo y barre con todo el abanico de conversaciones que mantenía el Estado. El decreto y las resoluciones consecuentes tumban de manera oficial las mesas de negociación que se sostenían con el Estado Mayor Central, específicamente con los bloques Magdalena Medio, Comandante Gentil Duarte, Comandante Jorge Suárez Briceño y el Frente Raúl Reyes, así como con la autodenominada Coordinadora Nacional Ejército Bolivariano y el Frente Guerrillero Comuneros del Sur.
Del mismo modo, el portazo alcanza al Ejército de Liberación Nacional (ELN), sepultando los avances y canales de interlocución que se mantenían con la guerrilla histórica. En el ámbito de las bandas criminales de alto impacto y estructuras de crimen organizado, la decisión tumba los espacios sociojurídicos de conversación con las Autodefensas Conquistadores de la Sierra Nevada y las bandas que operaban en zonas urbanas clave como Medellín y el Valle de Aburrá, Quibdó y Buenaventura. Adicionalmente, se ordenó el levantamiento inmediato de la Zona de Ubicación Temporal del Valle del Guamuez.
De La Espriella entierra la «falsa paz» y condiciona el tránsito a la ley al sometimiento judicial
Uno de los argumentos centrales expuestos por la Casa de Nariño para justificar esta drástica ruptura radica en el costoso balance económico que dejó el cuatrienio anterior en materia de gestión de paz.
De acuerdo con los datos oficiales revelados por el Ejecutivo, durante los últimos cuatro años se destinaron más de $7.000 millones exclusivamente al pago de honorarios de voceros, representantes y negociadores. Esta cifra, lapidaria en términos fiscales, ni siquiera contempla los rubros multimillonarios asociados a esquemas de seguridad, viáticos, sostenimiento de zonas de ubicación y otros gastos operativos sufragados directamente con el erario público.
Para el gobierno de De La Espriella, dichos recursos financiaron una estructura burocrática de diálogo que no se tradujo en bienestar social ni desarme efectivo. Por el contrario, la administración sostiene que las organizaciones criminales instrumentalizaron estos escenarios institucionales para prolongar su accionar delictivo, eludir el imperio de la ley y conseguir beneficios procesales mientras continuaban golpeando a la ciudadanía y a la Fuerza Pública.
Por qué es importante:Con este borrón y cuenta nueva, la administración central ha trazado una línea roja inquebrantable bajo una premisa institucional clara: la paz verdadera no se construye «arrodillando al Estado», sino a través del monopolio de la seguridad, la autoridad y la justicia.
El mensaje emitido por la Presidencia deja escaso margen para la ambigüedad de los actores armados al margen de la ley. Aquellos grupos o individuos que deseen transitar hacia la legalidad solo tendrán un camino posible: el sometimiento estricto a la justicia. Por el contrario, para quienes decidan persistir en la vía de las armas y la violencia contra la población civil, la instrucción presidencial es contundente e inequívoca: enfrentarse de manera frontal a toda la capacidad legal y legítima de la Fuerza Pública de la República.
#Política | El presidente Abelardo De La Espriella aseguró que su Gobierno dio por terminados los procesos de diálogo y espacios sociojurídicos heredados de la administración anterior con estructuras criminales y terroristas.
Según el mandatario @ABDELAESPRIELLA , durante cuatro… pic.twitter.com/Mbm429EwZn
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