Hasta cuándo tiene Petro para definir el salario mínimo 2026

Desde el 1.º de diciembre se instaló la mesa de concertación y ya se definió el calendario oficial del proceso.

Foto: Redes sociales

La negociación del salario mínimo para 2026 avanza contrarreloj. Como cada año, el Gobierno, los sindicatos y los gremios empresariales se sientan a la mesa para intentar un acuerdo que permita fijar el ingreso básico que regirá a partir del 1.º de enero. Pero si la concertación falla, el plazo que la ley le otorga al presidente Gustavo Petro para tomar la decisión final ya está marcado en el calendario: el 30 de diciembre de 2025.

Panorama general: La mesa de concertación se instaló oficialmente el 1.º de diciembre, dando inicio a las discusiones formales. Desde ese momento, la normativa laboral establece una hoja de ruta estricta:

  • 15 de diciembre: fecha límite para que las partes logren un acuerdo por consenso.

  • 16 y 17 de diciembre: días destinados a la presentación de “salvedades” si no hay concertación inicial.

  • Segundo tramo de diciembre: espacio para que los equipos técnicos analicen los desacuerdos y, si es necesario, se convoquen sesiones extraordinarias.

  • 30 de diciembre: el último día para que el Gobierno expida, mediante decreto, el nuevo salario mínimo si no se alcanzó una fórmula acordada.

Esto significa que, de agotarse la etapa de concertación sin resultados, la responsabilidad de definir el aumento recaerá exclusivamente en el Ejecutivo.

Negociación del salario mínimo 2026 avanza contrarreloj: qué falta y quién decide

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Por qué es importante: El contexto económico marca una discusión compleja. El salario mínimo vigente para 2025 quedó en 1.423.500 pesos, y los primeros cálculos técnicos sobre inflación, productividad y proyecciones de crecimiento ya fueron presentados a la mesa.

Los sindicatos insisten en un incremento que represente una recuperación real del poder adquisitivo, afectado por el costo de vida. Algunos hablan de incrementos de dos dígitos. Los gremios empresariales, por su parte, advierten que un ajuste demasiado alto podría presionar la generación de empleo y los costos laborales.

En ese choque de visiones, el Gobierno intenta mantener un balance que le permita no solo cumplir con los criterios técnicos, sino también sostener su narrativa de protección social.

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