La reciente decisión del Gobierno Nacional de incrementar la Unidad de Pago por Capitación (UPC) en un 5,36% para el año 2025 ha generado preocupación en el sector de los hospitales públicos. Aunque el aumento busca alinearse con la inflación causada y proteger los recursos del Sistema de Seguridad Social en Salud, varios actores del sector advierten que esta medida podría desencadenar una crisis financiera en el sistema de salud.
La Asociación Colombiana de Empresas Sociales del Estado y Hospitales Públicos (ACESI) calificó el ajuste como insuficiente para cubrir el incremento del salario mínimo del 9,54%, lo que pone en jaque la sostenibilidad de los hospitales públicos, donde los costos laborales representan hasta el 70% de sus presupuestos operativos.
Impacto del ajuste de la UPC en los hospitales públicos
La decisión, anunciada por el Ministerio de Salud y Protección Social, se tomó debido a inconsistencias y baja calidad en la información reportada por las Entidades Promotoras de Salud (EPS). Sin embargo, desde ACESI se alerta que este ajuste no contempla el aumento de los costos reales de operación ni las crecientes demandas del sistema de salud.
“Los hospitales públicos enfrentan un déficit financiero crítico que comprometerá su capacidad para cumplir con obligaciones laborales y operativas”, señaló ACESI en un comunicado. Este déficit amenaza no solo a los trabajadores del sector, sino también la continuidad y calidad de la atención en salud, especialmente para la población más vulnerable.
Adicionalmente, la irregularidad en el flujo de recursos desde las EPS hacia las Empresas Sociales del Estado (ESE) agrava la situación. Según la asociación, los retrasos y pagos incompletos por parte de las EPS han generado un ambiente de incertidumbre financiera que podría desembocar en una crisis profunda si no se toman medidas urgentes.
Reacciones del sector empresarial
Por su parte, la Asociación Nacional de Empresarios de Colombia (ANDI) también expresó su preocupación. Según cálculos de la ANDI, el incremento del 5,36% en la UPC podría generar un déficit estimado de $10,4 billones en 2025, agravando un déficit acumulado cercano al 1% del PIB en los últimos años.
“La decisión del Gobierno de ajustar la UPC sin atender criterios técnicos como frecuencias de uso, costos de atención y crecimiento poblacional representa una amenaza para la sostenibilidad del sistema de salud y los derechos fundamentales de los pacientes”, afirmó la ANDI.
La entidad hizo un llamado al Ministerio de Salud para reconsiderar esta decisión y adoptar medidas que garanticen tanto la sostenibilidad financiera del sistema como la calidad del servicio.
Demandas al Gobierno Nacional
ACESI ha solicitado al Gobierno un esfuerzo conjunto con los prestadores de servicios de salud para realizar una estimación más precisa de los costos operativos reales. Además, plantearon cuatro acciones urgentes:
- Revisar y ajustar la UPC: Asegurar que el incremento refleje el impacto real del aumento del salario mínimo y otros costos asociados.
- Garantizar el flujo de recursos: Implementar mecanismos efectivos para que las EPS cumplan oportunamente con sus pagos hacia los hospitales públicos.
- Colaboración con los prestadores de salud: Incluir a los hospitales en la planeación y estimación de costos para reflejar los retos operativos y financieros que enfrentan diariamente.
- Fortalecimiento estructural: Promover medidas que aseguren la estabilidad financiera de las ESE y la continuidad en la prestación de servicios esenciales.
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El panorama se torna aún más complejo si se considera que el ajuste de la UPC se decidió debido a inconsistencias históricas en los reportes de las EPS. En años anteriores, problemas como incrementos abruptos en patrones de severidad, pagos por encima de precios regulados y manejo discrecional de reservas técnicas han dificultado una evaluación precisa de los costos del sistema.
Una decisión bajo escrutinio
El Ministerio de Salud argumenta que ajustar la UPC más allá de la inflación con datos inconsistentes sería irresponsable y pondría en riesgo el Presupuesto General de la Nación. No obstante, para los hospitales públicos, la realidad operativa del día a día plantea un escenario donde los recursos actuales no son suficientes para cubrir sus necesidades.
El sector salud enfrenta un desafío estructural que, de no atenderse de manera adecuada, podría impactar gravemente a millones de colombianos que dependen del sistema público para su atención médica. La preocupación por la sostenibilidad financiera se suma a la incertidumbre sobre cómo se garantizará la calidad de los servicios en este contexto de restricciones económicas.
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