EDITORIAL
Nuestro editorial hoy está relacionado al informe presentado por la CIDH sobre los eventos acontecidos en los últimos tres meses en nuestro país, un informe que ha generado toda clase de reacciones. La primera, una reacción de rechazo contundente por parte del presidente Iván Duque, en donde podríamos resumir en una sola sentencia, y es una falta de contraste.
Es un informe fuera de contexto y le falta muchísima verdad. Aunque se debe partir de que en los sucesos que han acontecido existe responsabilidad compartida a la hora de los enfrentamientos por alguna respuesta desmesurada de algunos agentes del ESMAD o de la Policía contra quienes estaban ejerciendo su derecho legítimo a la protesta y otros que estaban haciendo desmanes, pone en una balanza muy clara y expedita cómo se tenía que proceder a la hora de hablar de lo acontecido en Colombia.
Sin recibir informaciones parcializadas, sin tener la contaminación de algunos informes preliminares de sectores políticos y de candidatos presidenciales de algunos espectros ideológicos que estaban promoviendo, financiando y colaborando con los desmanes que ocasionaron caos, inseguridad, heridos, muertes, desabastecimiento y una carencia total de orden en más de 14 ciudades principales e intermedias del país.
En el informe se habla de 1.136 personas, de las cuales 224 fueron imputadas y 921 puestas en libertad, se habla de una presunta violencia sexual contra 14 mujeres, pruebas de violación de derechos humanos y otras conductas. La cifra de 1.136 personas capturadas y 921 de ellas puestas en libertad, claramente deja mal parado al Gobierno; también es claro, hace muchos años, y por ello se ha pedido hasta el cansancio una reforma a la justicia, que en Colombia los delincuentes quedan libres a las 24 o 48 horas después de cometidos los delitos.
No hay que estar de un lado político o del otro para evidenciar cómo miles de delincuentes que han hurtado celulares, bolsos, motos, automóviles, en viviendas o incluso han asesinado personas, quedan libres por cuenta del pésimo sistema judicial en Colombia, de la falta de garantías que tienen las autoridades y de toda la benevolencia con que gozan dichos delincuentes.
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La Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) hace distintas recomendaciones, entre ellas separar la Policía del Ministerio de Defensa, como también la división del ESMAD. Respecto a la supuesta violación de derechos humanos en las más de 12.478 protestas, en 862 municipios de los más de 1.100, en donde en 1.418 protestas hubo disturbios o acciones violentas solo demuestra que el Estado se encuentra en una incapacidad gigantesca de controlar acciones coordinadas por parte de grupos delincuenciales que aprovecharon algunas manifestaciones pacíficas para infiltrarse y proseguir con una agenda delincuencial, como los bloqueos, la instalación de cables de costado a costado para degollar personas, el secuestro de buses, quema de estaciones de transporte público, el asesinato a sangre fría de funcionarios de peajes y de miembros de la Policía y del ESMAD.
Esa falta de contraste al informe de la CIDH se le atañe por el hecho de contar solo con un lado de la información, de no revisar cuáles fueron los hilos de provocación iniciados en ciudades como Cali, Bogotá y Medellín. En ningún momento se buscaría excusar, desde este medio de comunicación, a las fuerzas del orden si han cometido algún delito; siempre hemos pedido que se castigue con la máxima severidad a los integrantes de la fuerza pública que cometan delitos comprobados, que si hubo exceso de la fuerza con armas no autorizadas, si existió una desproporción en la respuesta a los hechos delincuenciales, que sea revisada y analizada, y si amerita castigo por haber violado el código penal, por tanto haber cometido un delito, que se efectúe.
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Más allá de las 40 recomendaciones incluidas en el informe de la CIDH, sería bueno que vengan al territorio a ver si las santas palomas que quieren defender, que han cometido toda clase de delitos, entienden con diálogo, con pedagogía.
Este informe es duro, drástico, sin contemplaciones contra el Estado y las fuerzas del orden y no contra los violentos, contra las escuadrillas de la muerte que se han organizado a lo largo de estos meses para minar la economía colombiana, la seguridad ciudadana y atentar contra la vida de miles de colombianos. Esto deja muy mal precedente para esta organización que claramente sigue mostrando un grave sesgo ideológico.