El objetivo de la Procuraduría durante el inicio de la investigación a la ministra, Irene Vélez, es conocer las pruebas de una posible incidencia de tipo disciplinario.
Por: Redacción 360 Radio
Otro integrante del Gobierno de Gustavo Petro será investigado ante la justicia colombiana. Este lunes se conoció que la Procuraduría abrió indagación ante la ministra de Minas y Energía, Irene Vélez Torres, por el presunto uso irregular de su cargo de influir ante un funcionario de Migración Colombia para que dejarán salir del país a su esposo y a su hijo menor de edad sin el permiso correspondiente.
Este hecho sucedió en el mes de enero, cuando el esposo de Irene Vélez y su hijo iban a salir desde el aeropuerto de Cali, Alfonso Bonilla Aragón, hacia Suiza.
“En el mes de enero, el hijo de la ministra iba a salir del país, pero le faltaba un documento. Ella estaba en ese momento en Suiza con el señor presidente, iba a salir el hijo, pero faltaba la autorización por parte de ella. En ese momento, el funcionario hace su trámite pertinente, iba a negar la salida, se lleva a la supervisión de la persona encargada y en ese momento la persona queda con el menor”, manifestó Juan Felipe García, presidente del sindicato de Migración Colombia (Osemco) a la Revista Semana.
El objetivo de la Procuraduría durante el inicio de esta investigación es conocer las pruebas de una posible incidencia de tipo disciplinario, por lo que solicitó varios requerimientos a Migración Colombia.
“Van a perjudicar al compañero, aunque él solamente sigue las instrucciones. Sobre todo, de una ministra del país. Está a la espera de que, efectivamente, si la ministra envió o no el documento, eso es lo que está en validación del permiso”, declaró el presidente del sindicato.
Por su parte, en las últimas horas se conoció que la ministra le habría enviado algunos correos al integrante de Migración, William López, donde mencionó el caso de la salida de su pareja y su hijo.
Esta noticia se conoce días después que el abogado Daniel Briceño, en sus redes sociales, publicara un contrato del esposo de la ministra con el Estado para liderar una estrategia de comunicación sobre sustitución de cultivos ilícitos en Colombia.
Según Briceño, este contrato por prestación de servicios tendría un valor de $128.770.000, por lo que recibiría $10.730.000 mensuales.
