El vandalismo, el terrorismo urbano, la capacidad infinita de destrucción que se ha visto en las calles de las principales ciudades de Colombia desde el año 2019 ha sido realmente terrorífica, sorprendente o inaceptable y así pasó con Epa Colombia ese año.
Ha sido completamente ilegal, y lo peor es que, en este país, donde se acostumbraron a que hay más derechos que deberes y que las personas van destruyendo el patrimonio público, la propiedad privada, sin ninguna consecuencia, pues eso, como en todo, sirvió de aliciente, sirvió de incentivo para que otros y cada vez más personas fueran a hacer lo mismo: a incendiar estaciones de policía, a romper los vidrios del Mío en Cali, del Transmilenio en Bogotá, del Metroplus en Medellín, a tumbar semáforos, a incendiar canecas, a atentar contra cajeros, contra establecimientos privados, sin ninguna consecuencia, incluso a prenderle fuego a templos religiosos, y parecía que Colombia se había acostumbrado a esto.
En cada jornada de protestas le tocaba a las personas de bien, a las personas trabajadoras, a las personas legales, salir a comprar cubiertas de madera para proteger sus establecimientos porque sabían que una horda de delincuentes iba a destruirlos.
Eso se llama terrorismo y así lo definió la Corte, y como medio queremos ser enfáticos en defender dicha determinación, por más que algunos abogados tinterillos que tienden a conectar con el crimen y con la ilegalidad digan que es excesivo. Claro, sin duda, este caso puede parecer excesivo si se compara con la nula condena que tuvieron terroristas como los que pertenecieron a las FARC.
¿Es justa la condena de Epa Colombia?
De acuerdo, Epa Colombia va a pagar más cárcel que quienes pertenecieron a las FARC, que secuestraron, asesinaron, torturaron, extorsionaron, traquetearon y que se volaron todo el código penal. Comprendemos y suscribimos esa indignación, pero eso no es suficiente para entonces venir ahora a exculpar a quienes atentaron contra patrimonio público, contra propiedades privadas y que, con el fin de continuar con la cadena de impunidad, también habría que pasarle esta a la señora Epa Colombia.
No, tiene que marcarse un antecedente después de esta condena y dejar claro que no hay lugar para consentimiento, para tolerancia ante quienes salgan a destruir.
Las protestas son bienvenidas y son legales, pero no es legal, y mucho menos se puede permitir o tolerar el vandalismo. La señora Epa Colombia, que se veía muy feliz destruyendo las estaciones de Transmilenio, rayando las paredes, arengando en contra de la policía con un martillo y se grabó, tuvo el descaro de grabarse y de fotografiarse con otras personas, terminó llorando cuando fueron a capturarla.
Eso es lo que debería pasar con cada uno de los colombianos y extranjeros que se atrevan a atacar el patrimonio público. No puede haber consentimiento, no puede haber tolerancia y ojalá el juez que reciba este caso sea también contundente y no permita que esta señora goce de impunidad. Este mensaje tiene que quedar claro para todos los ciudadanos, para que de una vez por todas se empiecen a respetar las leyes, las normas y la autoridad en un país como Colombia.
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