Justo hace unos días se desató una polémica nacional entre la Comisión de Regulación de Comunicaciones (CRC) y los medios de comunicación, luego de que este organismo publicara un documento de trabajo dentro de su proyecto de revisión de la Resolución 2063 de 2009, en el que planteaba la posibilidad de solicitar información sobre los comités editoriales, los procesos de toma de decisiones y los criterios con los que se escogen los temas que abordan los medios.
Según la CRC, el objetivo del documento era abrir una consulta pública para “caracterizar el funcionamiento de los medios informativos”, dentro del marco de su función de promoción de pluralismo y calidad en la información. Sin embargo, la forma en que se redactaron algunos apartes, especialmente los que mencionaban un eventual “control previo de contenidos”, encendió las alarmas en las redacciones, asociaciones de prensa y gremios periodísticos, que advirtieron el riesgo de una posible intromisión estatal en la autonomía editorial.
De hecho, esta mañana un representante de la CRC, en entrevista con Blu Radio, reconoció que la redacción del documento fue desafortunada y que “no se pretende en ningún caso ejercer control sobre los contenidos de los medios ni sobre las decisiones editoriales”. Admitió que el texto se prestó para interpretaciones erróneas y que el organismo ya está revisando los términos del proyecto para aclarar su verdadero alcance.
Ahora bien, corresponde preguntarse: ¿quién origina esto y con qué intención? ¿De dónde surge la idea de que el Estado puede o debe conocer cómo se decide el contenido editorial de los medios? ¿Qué cree la CRC que debería controlar el Estado respecto a un derecho tan universal y protegido como la libertad de prensa?
Porque una cosa es promover la transparencia, el acceso a la información y la diversidad de voces, objetivos legítimos en una democracia, y otra muy distinta es abrir la puerta a una supervisión que, aunque indirecta, puede poner en riesgo la independencia de los medios. ¿Qué es lo que realmente molesta, o a quién le molesta, que se hable y se opine libremente?
Los medios de comunicación, por supuesto, tenemos derechos, pero también deberes. Defendemos un periodismo responsable, que no sea impune ni caprichoso, que responda a hechos verificables y que no abuse de su poder de influencia para perjudicar a terceros. Debemos ser los primeros en proteger el buen nombre y la honra de las personas, y cuando algún medio abusa de su posición, debe ser juzgado por sus audiencias, por sus lectores y por sus anunciantes, nunca por un ente gubernamental.
El periodismo cumple, en cualquier sociedad democrática, una función de contrapeso. Y si algo ha demostrado la historia es que ningún poder resiste bien la crítica. Los gobiernos, de cualquier tendencia, siempre han tenido la tentación de controlar la narrativa pública, de influir en los temas que se discuten y en cómo se discuten. Pero ese espacio es sagrado. Si el poder toma el control de los medios o logra condicionar su línea editorial, lo que los ciudadanos consumen deja de ser información y se convierte en propaganda.
Por eso creemos, ingenuamente si se quiere, que la CRC cometió un error de redacción y de enfoque en su comunicación. No dudamos de sus buenas intenciones, pero sí es necesario recordar que pedir detalles sobre quiénes integran los comités editoriales o cómo se deciden los temas toca fibras muy sensibles del ejercicio periodístico. En ningún caso una autoridad del Estado puede pretender tener injerencia —ni directa ni indirecta— en las decisiones de una sala de redacción.
La línea editorial es el alma de cada medio. Es el espacio donde una institución periodística expresa su visión sobre los hechos, debate ideas y fija posición frente a los asuntos que considera relevantes. Es ahí donde un medio editorializa, no en las noticias, que deben conservar su neutralidad, su equilibrio y su rigor.
Y si algún día esa libertad se pierde, si los medios deben rendir cuentas al poder sobre qué temas tratan o por qué los tratan, ese día comenzará el entierro formal del periodismo libre en Colombia. No hay democracia posible sin una prensa autónoma, ni sociedad informada sin periodistas que puedan ejercer sin miedo, sin presiones y sin vigilancia.
Por eso confiamos en que este episodio no pase de ser un impasse, una ligereza comunicativa, si se quiere y que sirva como recordatorio de algo esencial: la libertad de prensa no se negocia, se defiende.
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