Las redes sociales, particularmente X (antes Twitter), se han convertido en el nuevo campo de batalla electoral. En las últimas semanas, han aparecido decenas de cuentas recién creadas que aseguran realizar “mediciones con inteligencia artificial” sobre preferencias políticas, respaldadas por publicidad paga y bodegas digitales. Sus resultados, difundidos con apariencia de rigor técnico, son absolutamente engañosos: carentes de metodología, sin fundamento estadístico, sin validez legal y, sobre todo, sin verdad.
Esto es, paradójicamente, uno de los efectos más visibles de la llamada “ley de encuestas”. La intención de esa norma era regular el uso político de las mediciones y aportar transparencia, pero el vacío normativo y la ausencia de control real abrieron la puerta a una avalancha de supuestas “mediciones” improvisadas. Si bien las encuestas tradicionales tampoco eran garantía de objetividad, al menos debían cumplir protocolos técnicos, metodológicos y de verificación. Hoy ni eso.
Hasta el momento, no existe ningún método de inteligencia artificial validado en Colombia que permita medir tendencias de intención de voto a través de redes sociales. Es falso que una “escucha social” pueda sustituir una encuesta. Quienes difunden estos sondeos digitales simplemente combinan herramientas de análisis de lenguaje y plataformas de datos abiertas, una suerte de Frankenstein digital armado con retazos de código, para crear una ilusión de precisión técnica que no existe.
Detrás de estos experimentos están bodegas políticas y equipos de campaña que buscan posicionar a sus candidatos, atacar a los contrarios o influir artificialmente en la conversación pública. No se atreven a usar la palabra “encuesta” para evitar sanciones, pero el efecto es el mismo: manipular la percepción ciudadana y distorsionar el proceso democrático. Por ello, el Consejo Nacional Electoral (CNE) y la Registraduría deberían intervenir con urgencia.
Es ilegal publicar resultados de supuestas mediciones que simulan intención de voto, sobre todo en una red donde solo un pequeño porcentaje de la población está activa. En Ecuador, por ejemplo, apenas el 4 % de los ciudadanos usa X; en Colombia la cifra no es mucho mayor, lo que hace imposible cualquier representatividad.
El descaro llega al punto de que algunas de estas cuentas publican “fichas técnicas” en las que admiten haber usado herramientas digitales y “curado” datos de bodegas. Nada más alejado de una metodología científica. Las encuestas reales, aun con sus sesgos y limitaciones requieren inversión, personal capacitado, muestreo probabilístico, control de campo y auditoría. Los actores políticos lo saben: levantar una encuesta seria cuesta dinero, tiempo y rigor. Pretender reemplazarla con algoritmos improvisados es una estafa intelectual.
Por eso, vale la pena revisar qué significa realmente hacer una encuesta con estándar internacional. Todo ejercicio debe incluir un marco muestral claro, segmentación verificable, controles anti-bot, ponderaciones demográficas y validaciones externas. En ningún país serio se aceptan “mediciones” que carezcan de estos mínimos. Incluso la firma AtlasIntel, citada por algunos como pionera en mediciones con inteligencia artificial, utiliza metodologías complejas y transparentes basadas en paneles verificados y modelos de inferencia estadística, no en simples lecturas de redes sociales.
El reciente comunicado de una de estas cuentas, que afirma que su “medición es por espectro político y no general”, no corrige el problema de fondo. Sus resultados siguen siendo no extrapolables, sesgados y susceptibles de manipulación.
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No hay representatividad: X/Twitter no refleja al electorado: el 10 % de los usuarios genera el 97 % de los tuits políticos. Extrapolar desde ahí distorsiona cualquier “medición”, sea “general” o “por espectro”.
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Alto riesgo de manipulación: Cuentas falsas, operaciones coordinadas y bots inflan sentimientos y tendencias. Medir “por espectro” no elimina el sesgo.
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Sentimiento ≠ intención de voto: La literatura académica es clara: no se puede inferir preferencia electoral a partir del análisis de redes sociales aisladas.
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Metodología opaca: Sin publicar marco muestral, controles anti-bot ni ponderaciones demográficas, “medir por espectro” es marketing, no ciencia.
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Contexto regulatorio (Colombia, 2025): Si estos gráficos sugieren intención de voto, rozan las restricciones vigentes sobre encuestas antes de las fechas permitidas.
Una respuesta clara ante estas prácticas sería exigir transparencia: publicar definiciones operativas, filtros anti-bot, auditorías externas y márgenes de error. Solo así podría hablarse de un análisis con mínima validez.
Mientras tanto, el llamado es urgente: CNE, Registraduría y Ministerio del Interior deben actuar. No se puede permitir que ejércitos digitales manipulen la percepción del electorado bajo la máscara de la “inteligencia artificial”. Esto no es innovación: es manipulación y constreñimiento al voto.
El voto informado se construye con datos verificables, no con algoritmos sin rostro ni control.
