Durante la campaña presidencial, Abelardo De la Espriella convirtió la reducción del tamaño del Estado en una de sus promesas más fáciles de recordar. Habló de un aparato público sobredimensionado, aseguró que sobraban más de 700.000 cargos y contratos y llegó a plantear que Colombia podía pasar de 19 ministerios a nueve o diez.
Dos meses después de su posesión, la pregunta ha comenzado a aparecer incluso entre sectores que lo apoyaron: ¿dónde está el recorte? El debate ganó fuerza con un trino reciente de Sergio Araújo, uno de los defensores más visibles del proyecto del presidente, que volvió a poner el tema en el centro de la conversación.
La inquietud no es caprichosa. El Gobierno nombró ministros en carteras como Ciencia y Deporte, dos de las que muchos seguidores del presidente daban por descontado que desaparecerían o serían absorbidas. Al mismo tiempo, en numerosas entidades siguen trabajando contratistas vinculados durante la administración anterior. Eso ha alimentado la percepción de que la gran promesa de adelgazar el Estado quedó aplazada.
El primer recorte está en los contratos
Sin embargo, la historia es más compleja. El 29 de agosto, la propia Presidencia informó que De la Espriella ordenó a ministros, directores y presidentes de entidades hacer una revisión «inmediata y profunda» de la contratación. Antes, El Espectador había revelado que el Gobierno preparaba el ajuste de plantas y la no renovación de contratos de prestación de servicios que vencen entre agosto y diciembre.
En Agricultura, por ejemplo, la nueva administración reportó 18.310 contratos, de los cuales 9.281 estarían en la Agencia Nacional de Tierras. Las cifras han sido controvertidas por funcionarios del gobierno anterior, que aseguran que existen duplicidades en los registros.
Fuentes del entorno presidencial consultadas por 360 Radio coinciden en un punto: una parte importante del verdadero recorte todavía no se puede ver porque miles de contratos quedaron comprometidos hasta el 31 de diciembre. La instrucción que hoy se mueve en varias entidades es que la gran mayoría no sea renovada para 2027, salvo aquellos que puedan demostrar necesidad técnica, continuidad operativa o una función indispensable.
En algunos ministerios la depuración ya comenzó. También se revisan contratos que en el nuevo Gobierno son considerados parte de estructuras burocráticas heredadas o cuotas políticas. Esa caracterización corresponde a una evaluación interna y no implica, por sí sola, una irregularidad jurídica.
Cerrar ministerios no depende solo del Presidente
Hay además un límite institucional que suele perderse en la discusión política. Un presidente no puede simplemente cerrar ministerios por decisión personal. La Constitución le entrega al Congreso la definición de la estructura general de la administración nacional, incluida la creación, supresión o fusión de ministerios. El Ejecutivo sí puede reorganizar estructuras internas conforme a la ley y el Congreso puede concederle facultades extraordinarias para avanzar más rápido.
Por eso haber nombrado ministros no significa necesariamente que esas carteras vayan a sobrevivir cuatro años. Hacienda ya ha reconocido públicamente que estudia reducir los actuales 18 ministerios a 13. Información conocida por 360 Radio indica que el diseño todavía está en construcción y que algunas carteras podrían desaparecer, otras ser absorbidas y ciertas funciones regresar a figuras más pequeñas, como agencias o institutos.
El ajuste fiscal acelera la decisión
El terremoto del 10 de agosto también alteró la agenda inicial. La emergencia obligó a concentrar capacidad administrativa, recursos y decisiones políticas en la reconstrucción. Pero esa pausa tiene un límite: la situación fiscal no permite postergar indefinidamente el ajuste.
Hacienda asegura que el Estado está gastando cerca de 40 billones de pesos mensuales y recibiendo alrededor de 29 billones. El Gobierno ya solicitó al Fondo Monetario Internacional una misión técnica para revisar su plan fiscal y Reuters reveló que también se han discutido posibles opciones de financiamiento. Ningún acuerdo está cerrado, pero cualquier programa serio de estabilización volverá inevitable la conversación sobre gasto, tamaño del Estado y sostenibilidad de la deuda.
La revisión también llegaría al portafolio empresarial público. Fuentes conocidas por este medio señalan que se analizan participaciones estatales, sociedades que podrían fusionarse o liquidarse y activos susceptibles de venta. En el caso del Grupo Bicentenario, que reúne 13 entidades financieras públicas, cualquier movimiento deberá respetar restricciones legales y, en ciertos casos, requerirá autorización del Congreso.
Así que el debate no es si la promesa existe. Existe y sigue dentro de la agenda. La verdadera prueba comenzará el 1 de enero de 2027. Si los contratos vencen y vuelven a renovarse masivamente, si los ministerios permanecen intactos y si el ajuste termina recayendo solo en nuevos impuestos, las críticas tendrán fundamento. Si ocurre lo contrario, diciembre podría terminar siendo menos una fecha administrativa que el inicio real de la reducción del Estado prometida en campaña.
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