Por: Ricardo Arango Restrepo, Gerente General de Afinia
En el Caribe colombiano, la inequidad no solo se refleja en los ingresos, las oportunidades o la calidad de vida, sino también en el acceso a la energía eléctrica—un servicio que simboliza progreso, seguridad y bienestar.
Este contenido hace parte de la Revista 360 – Edición 10: El año de las Decisiones. Producto periodístico anual y exclusivo elaborado por 360 Radio.
Aunque la cobertura llega a buena parte del territorio, para miles de familias que habitan en lo que la legislación llama zonas subnormales, la energía tiene un profundo problema estructural que amenaza la sostenibilidad de las empresas prestadoras del servicio, Afinia y Air-e.
Desde la Ley 812 de 2003, el Estado reconoció la existencia de estas zonas y su obligación de garantizarles acceso a la energía bajo condiciones especiales, paso importante hacia la justicia social, sin embargo, dos décadas después, ese avance normativo se transformó en un problema financiero y social de grandes proporciones para los operadores de red que atendemos el Caribe.
Esta región concentra más del 91.66% de las zonas subnormales del país y empresas como Afinia y Air-e asumen una tarea titánica para garantizar la prestación del servicio en comunidades donde no existen redes formales, ni medición individual del consumo, como tampoco capacidad de pago por un servicio continuo.
En el caso de Afinia, más de 167.000 usuarios en estas condiciones registran consumos promedio de 330 kilovatios hora al mes, superiores incluso a los de un hogar estrato 1 de la región. Ese consumo equivale a más de 27.000 millones de pesos mensuales, de los cuales solo se paga el 5%. El resto se convierte en pérdidas anuales que superan los 300.000 millones de pesos. Aunque la ley creó mecanismos para cubrir esos costos mediante subsidios del Fondo de Energía Social (FOES) y el Fondo de Solidaridad y Redistribución del Ingreso, la realidad es que los recursos llegan tarde, incompletos o simplemente no llegan.
Aun así, el servicio continúa prestándose, en medio de grandes riesgos eléctricos por sobrecargas y mal uso del servicio, que termina en daños que inciden en bloqueos en vías y afectaciones al orden público, que llevan a reacciones de líderes que apelan a la justicia en el servicio y responsabilizan a las empresas operadoras, cuando el verdadero problema es estructural y socioeconómico de la región y la solución reside en otras instancias.
Mientras tanto, las zonas subnormales crecen sin control ni su respectivo reconocimiento por algunos entes territoriales. Se expanden con nuevos asentamientos ilegales, migraciones y desplazamientos que los municipios no certifican ni gestionan. Es un círculo vicioso: los gobiernos locales no reconocen la realidad de esta población, la Nación no transfiere los subsidios que a la fecha supera los 400 mil millones de pesos y la carga termina sobre las compañías.
Ante esta situación, medidas como los Períodos de Continuidad Concertada (PCC) deben entenderse como instrumentos de corresponsabilidad y no como sanciones. Son acuerdos legítimos entre la empresa, la comunidad y las autoridades para ajustar el servicio según el cumplimiento de compromisos de pago y avanzar hacia la normalización. No se trata de castigar la pobreza, sino de garantizar sostenibilidad y equidad.
La subnormalidad eléctrica no es un fallo técnico: es el reflejo de una deuda histórica con el Caribe. Si queremos una región más justa y próspera, necesitamos más que energía: voluntad política, planeación urbana y ciudadanía corresponsable.
Señalar culpables no resuelve el problema. La invitación es entender que perpetuar las zonas subnormales, eléctricamente, es la base fundamental del problema y mientras estemos así, la luz del Caribe seguirá titilando entre la esperanza y el olvido.
*Desde Afinia presentaremos ante el Gobierno Nacional 27 nuevos proyectos PRONE, un paso más en la búsqueda de soluciones estructurales para la normalización eléctrica. Este esfuerzo, aunque valioso, es solo un respiro frente a la magnitud del desafío.
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