La narrativa de que no se debe cambiar lo que funciona, en este caso, cuando hablamos de recursos públicos no debería aplicar. Existen estructuras expertas en acaparar contrataciones públicas y no permitir que nadie les compita, generando una hegemonía peligrosa; no solamente para las finanzas públicas, sino para sus clientes.
Editorial
Nosotros comprendemos totalmente la preocupación y la incertidumbre que genera la situación actual con la empresa que confecciona los pasaportes colombianos. Entendemos que es una empresa que realizado esta actividad con más de tres gobiernos, que se ha caracterizado por tener unas muy buenas relaciones con todos los gobiernos y que gozan de importantes posiciones en el Congreso de la República y ante diferentes misterios.
Es cierto que el gobierno también ha improvisado en esto, como parece ser su patrón de conducta en cada uno de los frentes. Hay negligencia, hay omisión y desde luego, hay un muy mal proceder por parte de la Cancillería.
Primero, porque si era una de las consignas de este gobierno era cambiar esa modalidad de adjudicar contratos; prácticamente a dedo, cuando hay un solo gerente, como lo denunció también este medio de comunicación esta semana con lo acontecido entre Movistar y el Sena. Pues lo mismo aplica en todas las entidades y ministerios, en este caso, la Cancillería. Pero era el deber tanto del gobierno central, como de la cancillería prepararse para hacer este cambio de la mejor manera posible y no de una manera improvisada.
De manera que nosotros podemos interpretar de manera correcta, lo que hace la Procuraduría al iniciar investigaciones en contra de la cancillería, en contra de las personas que estaban encargadas de sacar adelante este proceso de contratación. Pero esto no puede forzar a que el Estado le otorgue un contrato a un privado, es necesario organizar este rompecabezas primero.
Es positivo que el gobierno quiera cambiar, eliminar esa forma de entregar contratos, a dedo en licitaciones desiertas; en donde hay empresas que se encargan de cortar absolutamente todo para que nadie las compita, eso lo aplaudimos y así se debe hacer.
Segundo, es desastrosa la incapacidad del gobierno actual para hacer algo bien hecho, incluso para hacer un cambio que puede gozar del apoyo popular, político y empresarial, como es este caso.
Tercero, los entes de control deben actuar en contra de quienes tenían que haber hecho las cosas bien. Esto no puede terminar en forzar una contratación para un privado.
Cuarto, hay un error de origen y es de la cancillería. El canciller Leyva y las personas que pusieron a cargo de esto, solo demuestra que ese equipo es bastante incapaz de acarrear ciertas responsabilidades y confirmar una sospechas, que incluso en palacios, ya han tenido sobre quienes están en este ministerio. Lo que llevaría a que la salida de Leyva se acelere dentro de este ministerio.
El Estado va a tener que defenderse de la demanda de Thomas Greg & Sons Ltd. quienes llevan 17 años. Tiene que acelerar y hacer una licitación lo más pronto posible, pero que sea fiable y transparente. Una licitación que no ponga en riesgo la expedición de pasaportes, porque es muy peligroso que los colombianos estén prácticamente secuestrados en su país, sin poder expedir o renovar un pasaporte.
El presidente Petro tiene que hacer una reflexión porque él termina rechazando la licitación de un único proponente, pero no se da cuenta de que gran parte de la culpa la tenía el mismo gobierno que él orienta. Sobre todo en algunos requisitos que se pidieron donde prácticamente le otorgaban las facultades directas a Thomas Greg & Sons Ltd. Para ser los únicos que se pudieran presentar.
Esperamos que este gobierno tenga la capacidad y la sabiduría de solventar esta situación lo más pronto posible, para el bien de los colombianos, para el bien de la contratación estatal, de la transparencia y evitar el monopolio por parte de empresas privadas que quieren acaparar la contratación pública.
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