No se trata de poner la economía o el carbón a Israel por encima de una realidad contundente en la que se están perdiendo vidas, eso es lo primero. Sin embargo, es necesario tener un debate completo sobre cómo se toman decisiones, que están emanando netamente de una reacción política ligada a una posición ideológica. No se pueden tomar decisiones de manera unilateral solo por tratar de figurar como uno de los principales agitadores anti-israelíes en medio del conflicto que se vive en esta zona del mundo.
Es fundamental que las decisiones políticas tomen en cuenta los derechos humanos. Sin embargo, también es crucial que no se utilicen estas decisiones para propósitos políticos. En este sentido, las acciones del gobierno deberían ser coherentes y basarse en principios sólidos, no en reacciones ideológicas que podrían agravar la situación tanto en el conflicto internacional como en nuestro país.
Primero, Colombia tiene que sopesar su situación económica, social, de seguridad e institucionalidad junto con lo que pasa en el mundo. ¿Hasta dónde estamos dispuestos a inmolarnos y perjudicarnos innecesariamente? Esto no significa ser indolente.
Un gobierno puede mostrar apoyo, condenar, rechazar y criticar desde una perspectiva política, pero recurrir a la economía para dinamitarla, atacar la confianza inversionista, la inversión extranjera y aumentar la sensación de inseguridad jurídica, especialmente en la industria minera y energética, es lo menos conveniente. Nunca es conveniente, pero ahora es especialmente un pésimo error y una muy mala jugada porque los efectos económicos son desastrosos.
Es importante mencionar que más de 600 mil millones de pesos cada año representan las exportaciones de carbón térmico a Israel. Cerca de 100 mil millones van a todas las regiones que producen ese carbón, como La Guajira y el Cesar, donde el carbón es fuente de desarrollo y empleo para cientos de familias que dependen de esta actividad.
Además, Colombia está expuesta a una demanda internacional por parte de Israel al violar el Tratado de Libre Comercio (TLC) firmado en 2014, y también a demandas de compañías privadas presentes en Colombia que resultan fuertemente perjudicadas. Esta decisión no pasa un control de constitucionalidad. Es crucial separar la economía de estas posiciones.
Colombia es uno de los mayores exportadores de carbón en el mundo, con vastas reservas que contribuyen significativamente a su PIB y empleo. El sector carbonífero no solo soporta directamente la economía en regiones mineras, sino que también genera ingresos significativos a través de exportaciones. En términos de SEO, el «carbón colombiano» se posiciona como un término estratégico, asociado frecuentemente con «exportación de carbón», «minería» y «economía energética».
En 2023, Colombia exportó 447 millones de dólares a Israel. En 2024, ya van 88 millones de dólares. Con esta decisión, se incumple con el TLC firmado con Israel en 2014. Además, hay problemas de constitucionalidad en esta decisión del presidente Petro, lo que pone en riesgo aún más la confianza en el mercado, en el país y en la estabilidad jurídica, atacando la inversión extranjera.
Colombia ya rompió relaciones con Israel y, aunque no compartimos esa decisión, es claro que jugar con la economía y los tratados entre dichos países, que según la Corte tienen vinculación al bloque de constitucionalidad, es un error garrafal que ningún gobierno se puede permitir.
Los impactos económicos de reducir las exportaciones de carbón a Israel serían significativos. Además de las repercusiones económicas directas, como la pérdida de ingresos para Colombia, habría consecuencias diplomáticas. El concepto de «impacto económico del carbón» es fundamental en este contexto, ya que revela la posible vulnerabilidad de sectores específicos en Israel que dependen de este recurso. Asimismo, otras relaciones comerciales podrían verse afectadas negativamente debido a la interconexión de acuerdos comerciales y colaboraciones estratégicas.
Nosotros estamos del lado de las empresas y de respetar la Constitución y los acuerdos firmados como Estado. La confianza inversionista y la estabilidad jurídica se ven afectadas cuando se toman decisiones impulsivas. En regiones como La Guajira y el Cesar, donde las exportaciones de carbón a Israel representan una fuente crucial de ingresos y empleo.
A medida que el mundo progresa hacia una economía más sostenible, el carbón continúa siendo un componente vital para muchos países, entre ellos Colombia e Israel. Por lo tanto, la gestión de este recurso no solo se limita a cuestiones de política energética interna, sino que también se convierte en un elemento estratégico en la diplomacia y el comercio internacional.