Para muchos jóvenes comprometidos con la educación como motor de progreso —tanto personal como colectivo—, el acceso a una formación de calidad, íntegra y alineada con el bien público, debería ser un derecho, no una carga. Sin embargo, hoy muchos sentimos que el sistema nos está ahogando: el incremento en los intereses del ICETEX se ha convertido en un obstáculo real para continuar estudiando o vivir dignamente como profesionales en formación.
En 2023 y 2024, el Gobierno destinó alrededor de 438 mil millones de pesos para subvencionar los intereses de los créditos educativos, lo que representó un alivio significativo para cerca de 180 000 estudiantes. Gracias a ese esfuerzo, las tasas oscilaban entre IPC + 2 % o 4 %, lejos de las gravosas condiciones de mercado. Ese alivio, sin embargo, ha llegado a su fin.
En 2025, la suspensión del subsidio deja a más de 300 000 estudiantes y egresados enfrentando tasas efectivas anuales entre 12,2 % y 17,2 %. Como una fuente lo explicó, “las cuotas pasarán de basarse únicamente en el IPC a asumir un incremento adicional de entre 12 y 17 puntos porcentuales”. La situación impacta en distintos niveles. Para los jóvenes, significa que muchos que optamos por instituciones privadas, ante la falta de cupos en la educación pública, vemos en riesgo nuestra permanencia académica. Para los docentes, la deserción estudiantil amenaza la continuidad de procesos formativos. Para las universidades privadas, supone un golpe financiero que debilita su sostenibilidad y su aporte pedagógico.
Aunque la medida responde a la crisis fiscal y a fallos constitucionales que tumbaron la tasa cero, la decisión genera una contradicción evidente: se habla de fortalecer la educación, pero se adoptan medidas que la hacen menos accesible. No se trata de desconocer la necesidad de sostenibilidad, sino de exigir políticas públicas que equilibren la realidad fiscal con el derecho a estudiar en condiciones justas. La educación superior no puede convertirse en un privilegio, ni en una deuda perpetua. Nuestro país necesita una política que combine sostenibilidad fiscal con equidad, que alivie las cargas sin renunciar a la calidad ni a la dignidad de quienes estamos construyendo el futuro.
Por: Juan Nicolás Pérez Torres – @nicolas_perez09
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