Sea quien sea el próximo presidente (a) de Colombia y su respectivo ministro de Hacienda, estarán ante una compleja situación de desequilibrio fiscal. Por ello creo necesario abordar una serie de conversaciones incómodas con los candidatos para que el país tenga clara la dificultad de las decisiones que se nos avecinan.
Si algún candidato dice que no piensa hacer una reforma tributaria, ni recortar gastos ni equilibrar las finanzas públicas, simplemente está mintiendo.
Una primera alternativa, que el nuevo presidente podrá tomar el mismo 7 de agosto, es disminuir el número de funcionarios públicos de nivel directivo y que por la naturaleza son de libre nombramiento. Para ello podría encargar en esas posiciones a una persona del mismo nivel mientras se tramita la ley respectiva que los elimine.
Hay ministerios con cinco viceministerios y los mismo ocurre en otras entidades. Las racionalizaciones en este nivel son posibles e implican no sólo la desaparición de dicho cargo sino los gastos asociados en asesores, conductores, personal asistencial y de funcionamiento. Solo se necesita voluntad política y determinación. Pero debe suceder en el primer día.
Lo segundo es que será necesario ajustar la ley pensional. El país requiere al menos tres decisiones: primero, aumentar y unificar la edad de pensiones a los 65 años. En el caso de las mujeres, podrán descontar 50 semanas por hijo que hayan tenido hasta un máximo de tres. Segundo, bajar el primer pilar a un salario mínimo y en adelante dejar claro que Colpensiones solo responderá por pensiones de ese monto (respetando los derechos adquiridos).
Tercero, terminar la situación de triple subsidio de las pensiones: hoy hay un subsidio tributario cuando se ahorra la pensión, otro cuando se generan los intereses y el tercero cuando se recibe la pensión. La propuesta es simple: lo recibido por pensión hace parte de la base gravable del impuesto de renta.
La tercera tiene que ver con una reforma tributaria que busque racionalizar nuestro sistema tributario, tanto en el nivel nacional como en los ámbitos territoriales. Lo primero sobre lo que hay consenso es una racionalización del IVA, que debería ajustar muchas de sus exenciones (bienes exentos y no gravados, así como una tarifa diferencial) y explorar la posibilidad de bajar la tarifa general. De igual forma hay consenso con el tema de renta de personas naturales y jurídicas: eliminar exenciones y bajar la tarifa máxima. En ambos casos cuidando que el balance sea de un mayor ingreso.
El impuesto a los juegos de azar en línea y a las iglesias, por los bienes personales de los pastores, son otras medidas. Finalmente, es necesario incorporar en esta reforma cambios en los impuestos territoriales.
La experiencia ha demostrado que dejarlo en una ley distinta impide realizar los cambios. Se vienen decisiones difíciles; ayudemos a construir el ambiente político, social y técnico para que los responsables puedan iniciar a tomarlas el 7 de agosto de 2026.
Por: César Caballero – @C_CaballeroR
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