En Colombia, las palabras “reformas tributarias” se volvió un ritual desgastante. Cada 18 o 24 meses, el país se enfrenta al mismo debate: más impuestos, más parches y más incertidumbre.
Desde 1995 hemos acumulado más de una docena de grandes reformas —Ley 223 de 1995, 488 de 1998, 633 de 2000, 788 de 2002, 863 de 2003, 1111 de 2006, 1430 de 2010, 1607 de 2012, 1739 de 2014, 1819 de 2016, 1943 de 2018, 2010 de 2019, 2155 de 2021 y 2277 de 2022— además de intentos fallidos como la Ley 1943, declarada inexequible, o el proyecto retirado en 2021 que derivó en estallido social. Esta volatilidad tributaria es, por sí sola, un impuesto a la confianza y una señal de improvisación.
Pero el problema de fondo no está solo en las cifras: es estructural y político. El Estado colombiano es más grande que el de la Argentina pre-Milei y mantiene un gasto desbordado que no guarda relación con su capacidad de recaudo. Abundan burocracias inútiles, ministerios duplicados como los de Deporte, Ciencia o Igualdad y organismos que consumen presupuesto sin resultados, como contralorías y procuradurías regionales. El costo lo pagan los contribuyentes con más impuestos, menos inversión y un aparato público que asfixia en lugar de impulsar.
De ahí que la discusión no sea “cómo sacarle más dinero a los mismos”, sino cómo rediseñar el sistema de raíz. Colombia necesita una reforma tributaria seria, estable y de largo aliento, anclada en disciplina fiscal y simplicidad, capaz de atraer inversión, reducir el costo de la deuda y devolver credibilidad. No se trata de popularidad, a nadie le gusta pagar impuestos, sino de justicia, eficiencia y competitividad.
Siete pilares que deben guiar esa transformación de reformas tributarias:
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IVA universal más bajo, con protección por el gasto. Un IVA plano del 10–12 %, aplicado a todos los bienes y servicios (con exportaciones al 0 %, como dicta la técnica), eliminaría exenciones y simplificaría la administración. A cambio, las familias vulnerables recibirían devoluciones automáticas usando la infraestructura existente de transferencias. Con facturación electrónica en tiempo real, se reduce evasión y se transparentan precios. Modelos como el de Nueva Zelanda lo han demostrado: una base amplísima y una tarifa moderada recaudan más y mejor.
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Renta corporativa competitiva. La tarifa general de 35 %, una de las más altas de la OCDE, debe bajar de manera programada hasta el 22–25 % en un plazo de cinco a siete años. Esto implica eliminar sobretasas sectoriales, cerrar huecos y mantener una tributación mínima efectiva para grandes multinacionales. El resultado: inversión más atractiva, mayor competitividad y una cancha pareja para todas las empresas.
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Renta personal más justa y simple. La base debe ampliarse, iniciando desde dos salarios mínimos (hoy cerca de tres millones de pesos), con progresividad real para quienes más ganan. Con información exógena y factura electrónica, la DIAN puede prellenar declaraciones de asalariados y profesionales, reduciendo costos de cumplimiento. El Régimen SIMPLE debe consolidarse como puente hacia la formalización de pequeñas empresas.
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Desmontar gradualmente el 4×1000. Creado como temporal en 1998, hoy encarece el sistema financiero y fomenta el efectivo. Debe eliminarse en un plazo de cuatro años, reemplazando su recaudo con el IVA ampliado y la renta personal, mientras se fortalecen pagos digitales y trazabilidad.
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Ordenar los tributos territoriales. El ICA es un impuesto en cascada que castiga la productividad. Se debe migrar hacia un esquema más racional, ya sea permitiendo crédito pleno contra renta o transformándolo en una participación territorial sobre IVA o utilidades. Esto acabaría con incentivos perversos a la informalidad y al fraccionamiento artificial de empresas.
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Regla fiscal con rango constitucional. La disciplina fiscal no puede depender del capricho de turno. La regla fiscal debe blindarse en la Constitución, con correctores automáticos y mayorías calificadas para modificar tarifas base como IVA o renta. Además, Colombia debería reabrir mecanismos de estabilidad jurídica para inversiones que cumplan metas de empleo y exportación. La seguridad jurídica es un activo: reduce la prima de riesgo, baja el costo de la deuda y ayuda a recuperar el grado de inversión.
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Combate real a la evasión y la elusión. La DIAN ya controla millones de facturas en tiempo real. Ese músculo debe usarse para cruces masivos, analítica de riesgo y preliquidaciones automáticas. Herramientas como el Registro de Beneficiarios Finales (RUB) y normas para plataformas digitales son claves para cerrar la puerta a la elusión. La clave: sanciones rápidas, proporcionales y predecibles.
Un breve recuento histórico lo confirma:
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Entre 1995 y 2016 se sucedieron reformas que ajustaron IVA, renta y patrimonio; en 2016 subió el IVA al 19 %.
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En 2018, la Ley 1943 cayó por vicios de forma, pero sus medidas revivieron en 2019.
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En 2021, el retiro de un proyecto mal diseñado derivó en protestas y obligó a una Ley de Inversión Social más limitada.
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En 2022, la Ley 2277 consolidó la tarifa de renta en 35 % e introdujo sobretasas.
La lección es clara: las reformas improvisadas son costosas y erosionan la confianza. El camino debe ser otro: pocas reglas, sencillas, estables y con visión de país. Un IVA universal más bajo con devoluciones automáticas; una renta corporativa competitiva; una base personal amplia y simple; y una regla fiscal constitucional que impida el manoseo político.
Colombia no necesita más parches. Necesita una reforma que, de una vez por todas, nos saque del carrusel de la improvisación y nos meta en el carril de la seriedad. Menos parches, más país.
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