El presidente Gustavo Petro afirmó recientemente que la clase baja casi no usan gasolina, como si el impacto de un eventual aumento en su precio recayera únicamente sobre los sectores de mayores ingresos. Pero la realidad es completamente distinta, la gasolina está presente en múltiples aspectos de la vida diaria de los colombianos, y un incremento fuerte en su costo afectaría de manera directa a la clase baja.
Basta con mirar quienes dependen de ella para sobrevivir, los lancheros que pescan en ríos y mares, los que transportan turistas en regiones apartadas, los mototaxistas que resuelven la movilidad en pueblos y barrios, los trabajadores de última milla que llevan domicilios en moto o quienes, con gran esfuerzo, logran comprar un carro de segunda para movilizarse o trabajar en él. Todos ellos sienten cada peso que se le sume al galón.
Y si alguien piensa que la clase baja están al margen de ese impacto porque no tienen vehículo propio, basta recordar que montan en bus, taxi, colectivo o sistemas de transporte masivo como TransMilenio en Bogotá, Transcaribe en Cartagena, el MÍO en Cali o Metroplús en Medellín. Todo el transporte público depende, directa o indirectamente, de los combustibles. Ni hablar de ambulancias, carros fúnebres, transporte escolar y vehículos de reparto que abastecen las tiendas de barrio, cada uno de estos servicios se sostiene sobre gasolina o ACPM.
Así pues, el impacto va más allá de los vehículos particulares. La gasolina mueve taxis, buses urbanos y colectivos, camperos intermunicipales en zonas rurales y camionetas de reparto que abastecen tiendas de barrio. También sostiene buena parte de la economía popular, motocicletas de mensajería, motocarros, triciclos motorizados, e incluso herramientas de trabajo como guadañas, motosierras, bombas de agua y plantas eléctricas en regiones donde los cortes de energía son frecuentes. En las plazas de mercado, los pequeños vehículos de carga que transportan frutas y verduras dependen directamente de este combustible, al igual que muchos agricultores de subsistencia que usan motocultores o tractores pequeños.
Entonces, el argumento presidencial resulta tan insuficiente como quienes en el pasado dijeron que no había que construir vías porque por ellas “solo pasaban los ricos”. La gasolina, además, es un componente inflacionario clave. Cuando sube, todo lo demás se encarece, desde los alimentos hasta los productos básicos de la canasta familiar, afectando directamente a la clase baja.
Esto no significa que se deba vender por debajo del precio internacional, como ocurrió de forma equivocada en el gobierno de Iván Duque. Pero tampoco que se utilice como excusa para cargarle más impuestos a los colombianos en la nueva reforma tributaria. Porque, aunque ya se pagan varios tributos en cada galón, ahora el Gobierno pretende imponer un IVA pleno y duplicar el impuesto al carbono, con el argumento débil de que solo los ricos consumen gasolina.
El país necesita, más que una gasolina convertida en fuente de recaudo, un Estado que sepa administrar sus finanzas. Hoy Colombia tiene el presupuesto más alto de su historia, más de 500 billones de pesos y aun así sigue sin alcanzar. Como quien se gana la lotería y, en cuestión de meses, ya está endeudado, el Estado colombiano gasta como rico pero recauda como pobre, dejando al próximo gobierno al borde de un desastre fiscal.
El Congreso, con mínima responsabilidad, no debería aprobar una reforma tributaria sustentada en una argumentación tan débil. El verdadero debate no es si la gasolina la usan ricos o pobres: es cómo su precio impacta a todos los colombianos y cómo la falta de disciplina fiscal del Estado termina cargándose sobre sus hombros.
Que sean, entonces, los mismos de la clase baja quienes le hagan saber al presidente cuándo, dónde y cómo usan la gasolina. Tal vez así entienda que, aunque no vuelen, cada día dependen de ella para vivir.
