El proyecto de Presupuesto General de la Nación de 2026, que ya se encuentra en el Congreso bajo un ambiente de recelo, en medio de cifras infladas, recortes selectivos y un pulso político que parece más enfocado en sostener un relato de la gestión que en garantizar un uso responsable de los recursos. Con un monto total de $546,9 billones, el plan de gasto presentado por el gobierno de Petro intenta conciliar necesidades sociales, pero termina generando más dudas que certezas.
El ministro de Hacienda, Germán Ávila, defendió el proyecto asegurando que el ajuste de $10 billones, $6 billones en funcionamiento y $4 billones en inversión, responde a un esfuerzo de racionalización. Sin embargo, esa explicación deja vacíos importantes, pues el presupuesto parte de un supuesto de ingresos que no existen. En efecto, el Gobierno incluyó $16 billones condicionados a una reforma tributaria que aún no ha sido aprobada, una jugada que abre la puerta a la sobreestimación y un riesgo evidente de endeudamiento.
En los debates, congresistas de oposición fueron más allá de las cifras. Ya que cuestionaron el incremento de $300 mil millones para el Dapre, una entidad que ha sido objeto de críticas por su papel en la gestión política del Ejecutivo, reflejando la desconfianza en buena parte del recinto frente a un gasto más que técnico, parece tener tintes electorales.
En este sentido, desde varios sectores han denunciado que el presupuesto de 202 “castiga” instituciones claves. Mientras la Defensoría del Pueblo ve reducida su capacidad operativa, la Procuraduría, dirigida por Gregorio Eljach, recibirá $600 mil millones adicionales, lo que equivale aproximadamente a un incremento del 42 % frente al año anterior. La paradoja es evidente, en un contexto de austeridad, las entidades que deberían garantizar la transparencia y el control del poder son las que menos se fortalecen.
La crítica va más allá del reparto. Lo que preocupa a congresistas y a los colombianos de a pie es la ausencia de un capítulo real de ahorro. No hay un solo apartado que detalle cómo el Ejecutivo planea reducir el gasto burocrático o racionalizar el funcionamiento del Estado. Por lo contrario, se reactivan estructuras costosas, como el Ministerio de la Igualdad, cuya eficiencia sigue entredicho.
El panorama se complica aún más por la estructura de los recortes. Los mayores ajustes recaen sobre Hacienda, Prosperidad Social, Ambiente, Deporte y Ciencia, es evidente que el Gobierno optó por un equilibrio político más que por un criterio técnico.
Pero el punto más delicado del debate está en el endeudamiento, el propio ministro Ávila admitió que la implementación de la nueva reforma pensional impactará las transferencias futuras a Colpensiones, comprometiendo recursos de inversión. Esto implica que buena parte del gasto proyectado dependerá de créditos, tanto internos como externos, endeudarse hoy se traduce en más impuestos para mañana.
La credibilidad fiscal del Gobierno también queda entredicho. Incluir ingresos condicionados a una reforma que no existe es, en la práctica, una maniobra de creatividad creativa. No solo genera desconfianza en los mercados, sino que pone en riesgo la sostenibilidad del presupuesto.
A la falta de coherencia técnica se le suma el desorden procedimental. En la Cámara de Representantes, el debate se retrasó porque los ponentes no habían radicado el presupuesto regionalizado, un documento clave para analizar la distribución territorial de los recursos. En otras palabras, se está votando sin conocer a detalle cómo se repartirá los dineros del país.
En el fondo, lo que el Congreso discute no es solo el presupuesto, sino la confianza en la gestión económica del Gobierno. Las cifras del gasto público se vuelven secundarias frente a la percepción de improvisación, discrecionalidad y falta de prioridades claras. Si el presupuesto de 2026 termina siendo aprobado en las actuales condiciones, no será por consenso, sino por agotamiento político.
Así pues, Colombia enfrenta un dilema complejo. La inversión social no puede seguir dependiendo de reformar inciertas ni de deuda futura. La credibilidad del Estado se construye con cuentas realistas, no con proyecciones que buscan sostener el discurso del gasto público a cualquier costo. La austeridad, tan mencionada, pero tan ausente, debería ser uno de los puntos de partida de cualquier política fiscal seria , pero este presupuesto parece avanzar en la dirección contraria, más gasto, más deuda y menos confianza.
