En medio de la disputa en el sector de las telecomunicaciones, surge un debate sobre la naturaleza del mercado. Algunos afirman que se trata de un ataque contra la compañía Claro, argumentando que las interpretaciones son diversas debido a la amplitud del tema. Desde una perspectiva objetiva, se señala que no se trata de un monopolio, sino más bien de un oligopolio.
Donde el mercado mundial de las telecomunicaciones no puede sostener más de 15 operadores, dada la naturaleza dinámica y costosa de la industria. En Colombia y en el mundo, se defiende la existencia de una competencia abierta, aunque se recalca que no se coacciona a los consumidores para elegir un proveedor en particular, este caso Claro.
¿Qué piden las empresas de telecomunicaciones al Gobierno Nacional?
A través de una carta enviada al Gobierno, firmada por operadores destacados como WOM, Colombia Telecomunicaciones, ETB, LOV Telecomunicaciones, Tigo, FedeTIC, Naisp, Logística Flash Colombia, Plintron y Red Intercable TV Colombia, se expresó la preocupación sobre la demora en la implementación de medidas que controlen la posición de dominio de Claro. Los operadores argumentan que esta situación afecta tanto al mercado como a los usuarios, respaldando sus afirmaciones con estudios acumulados a lo largo de los años.
En los argumentos presentados, los operadores resaltan que, según las cifras, Claro obtiene la mayor parte de los ingresos del mercado, dejando a los demás operadores en una posición insostenible. Además, se subraya que la CRC, Comisión de Regulación de Comunicaciones, tomará medidas importantes en los próximos días que tendrán un impacto significativo en el sector de las telecomunicaciones y la digitalización del país.
La misiva también destaca que la decisión de la CRC de declarar a Claro como operador dominante en servicios móviles en enero de 2020 no ha sido seguida de medidas regulatorias efectivas en más de dos años. Ahora, la Comisión debe decidir si se impondrán medidas adicionales a Claro como operador dominante.
Los operadores enfatizan que la inversión de Claro en comparación con otros operadores es desproporcionadamente baja, y señalan la necesidad de medidas inmediatas para garantizar un ambiente competitivo en el sector de las telecomunicaciones, promoviendo la sostenibilidad, el crecimiento y servicios de calidad para los usuarios colombianos. La carta concluye instando al Gobierno a tomar decisiones inmediatas en relación con la posición dominante de Claro para asegurar un mercado justo y democrático en el futuro.
La preocupación central es la posible restricción a la capacidad del principal operador del país, y se insta a las autoridades competentes a realizar una investigación imparcial y objetiva. Se aboga por la transparencia en la industria y se invita a informar al país sobre cualquier irregularidad que afecte a los consumidores, subrayando su importancia en este escenario.