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Compra de aviones Gripen: Contraloría advierte riesgo fiscal de $2.130 millones

La adquisición de la nueva flota de aviones de combate para las Fuerzas Militares colombianas vuelve a quedar en el ojo del huracán. La Contraloría General de la República emitió un severo jalón de orejas al Ministerio de Defensa tras detectar un riesgo inminente de afectación al patrimonio público por aproximadamente $2.130 millones, derivado de inconsistencias financieras en un desembolso efectuado a la empresa sueca Saab, fabricante de las aeronaves Gripen.

La controversia, revelada a través de la respuesta a un derecho de petición tramitado por Caracol Radio, centra su atención en los parámetros cambiarios adoptados para concretar la transacción. El punto álgido de la revisión fiscal se sitúa en la orden de pago presupuestal No. 7787826, ejecutada el 20 de enero de 2026.

Panorama general:De acuerdo con la información recabada por el órgano fiscalizador, durante esa jornada el Ministerio de Defensa liquidó la conversión de euros a pesos colombianos empleando una tasa de $4.936,96 por euro. Sin embargo, la TRM (Tasa Representativa del Mercado) oficial fijada por el Banco de la República para ese mismo día se ubicaba en $4.339,41.

Esta brecha representó un desfase de $597,55 por euro, un 13,8 % por encima del valor de referencia oficial, lo que habría generado el sobrecosto millonario en las arcas del Estado.

“Existe el riesgo de afectación al patrimonio del Estado debido a la utilización de una tasa de cambio del euro superior a la publicada oficialmente por el Banco de la República”, precisó el ente de control en el documento divulgado.

Contraloría detecta posible sobrecosto de $2.130 millones en compra de aviones Gripen

Contraloría detecta posible sobrecosto de $2.130 millones en compra de cazas Gripen

A pesar de la contundencia de las cifras, la Contraloría hizo hincapié en que esta advertencia preventiva no constituye una sanción administrativa ni representa un fallo definitivo de responsabilidad fiscal contra funcionarios específicos. Por el contrario, se trata de una alerta temprana orientada a determinar si se consumó un daño patrimonial efectivo y a establecer las correcciones contractuales pertinentes.

El trasfondo temporal de la operación añade complejidad al expediente:

  • Ejecución del pago: Se llevó a cabo el 20 de enero de 2026, bajo la administración del presidente Gustavo Petro.

  • Notificación de la alerta: Fue formalizada el 28 de agosto, durante el mandato de Abelardo De La Espriella.

Especialistas e investigadores señalan que la secuencia cronológica no define de manera explícita la culpabilidad de las partes, pues el esclarecimiento del caso dependerá del examen detallado de las cláusulas contractuales, las coberturas de riesgo cambiario pactadas y las justificaciones técnicas que presente la cartera de Defensa.

Por qué es importante:  La negociación con Saab comprende la compra de 17 cazas Gripen, un paquete integral de entrenamiento, soporte logístico avanzado y armamento especializado por un monto global de 3.135 millones de euros. El proyecto cuenta con vigencias futuras aprobadas que alcanzan un techo presupuestal de $16,5 billones.

El contrato ya figuraba bajo especial vigilancia fiscal desde comienzos de año, cuando la Contraloría anunció una auditoría continuada sobre la ejecución de los recursos destinados a la renovación de la flota aérea estratégica del país. La investigación administrativa continuará en curso para esclarecer las razones detrás de la disparidad cambiaria y salvaguardar los recursos públicos de la nación.

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Gobernadora de San Andrés se refiere al episodio con De La Espriella: “Es lamentable”

La gobernadora de San Andrés, Girley Natacha Ordóñez, calificó como “lamentable” el intercambio que sostuvo con el presidente Abelardo De La Espriella durante una visita oficial al archipiélago, al considerar que los cuestionamientos sobre la administración departamental debieron abordarse mediante un diálogo institucional que permitiera escuchar las distintas versiones.

En entrevista con Mañanas Blu, la mandataria manifestó su inconformidad con la manera en que se produjo el reclamo, luego de que el jefe de Estado la confrontara públicamente a ella y a la representante a la Cámara Elizabeth Jay-Pang Díaz por presuntas irregularidades relacionadas con el manejo de los recursos, la situación del Hospital Departamental y la gestión de la corporación ambiental Coralina.

El episodio ocurrió en la base naval de San Andrés, durante un consejo de seguridad y una actividad de “El milagro en las regiones”, antes de un evento a bordo del buque ARC 24 de Julio. En ese escenario, De La Espriella manifestó que conocía las situaciones que se presentaban en la isla y advirtió que no toleraría que continuaran.

¿Qué respondió la gobernadora de San Andrés a los señalamientos del presidente?

Ordóñez cuestionó que las observaciones se formularan ante las cámaras sin una conversación previa con las autoridades señaladas, pues, según explicó, no tuvo la oportunidad de exponer su posición ni conocer de primera mano las razones de los reclamos presidenciales.

“Considero que debe de escuchar varias caras de la información, no simplemente parcializarse”, expresó durante la entrevista, al tiempo que insistió en la necesidad de contrastar las fuentes antes de establecer conclusiones sobre la gestión pública del departamento.

Uno de los asuntos abordados fue la situación del Hospital Departamental. Frente a las críticas por su administración, la gobernadora defendió su disposición a trabajar con el Gobierno nacional y explicó que, cuando asumió el cargo el pasado 11 de julio, el gerente del centro asistencial ya completaba 16 meses en el puesto, tras un proceso de selección por méritos.

La mandataria señaló que, aunque preside la junta directiva del hospital, recibió asesoría jurídica según la cual no era procedente retirar al gerente antes de la presentación del informe anual, debido a que su periodo institucional es de cuatro años. En ese contexto, indicó que respaldó la intervención de la Superintendencia Nacional de Salud.

Sobre Coralina, Ordóñez reconoció que hay asuntos administrativos pendientes, pero sostuvo que debieron discutirse en espacios de trabajo entre las instituciones y no mediante reproches públicos.

La gobernadora también coincidió con el presidente en que los resultados de la inversión pública no son suficientemente visibles para los habitantes de San Andrés. “Efectivamente, la inversión no se ve reflejada en el territorio. Esa es una realidad que salta a la vista”, afirmó.

Sin embargo, aclaró que una parte importante de los contratos correspondientes a la vigencia actual ya había sido ejecutada o comprometida antes de su llegada a la administración departamental, por lo que pidió considerar los antecedentes de la contratación al evaluar el uso de los recursos.

Sus declaraciones dejan abierto el debate sobre la gestión institucional del archipiélago, mientras la gobernadora insiste en que los cuestionamientos deben tramitarse con información contrastada y mediante canales que permitan escuchar a las partes involucradas.

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Voté, pero no me callo

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Hubo una época en la que yo creía tener siempre la razón. Defendía mis ideas con la seguridad de quien no tiene nada que aprender de los demás y me costaba aceptar que alguien pudiera pensar de una manera distinta a la mía. Si alguien me llevaba la contraria, me parecía que era esa persona la que tenía que revisar sus convicciones. Con los años he aprendido algo que no siempre resulta fácil admitir. Uno puede pasar buena parte de su vida convencido de que está en lo cierto y descubrir, mucho después, que también estaba equivocado. Sigo teniendo mis principios y defendiendo mis ideas, pero ya no creo que los demás tengan que pensar como yo para merecer mi respeto.

Quizá por eso me inquieta tanto lo que está pasando en Colombia. En la primera vuelta voté por Paloma Valencia y Juan Daniel Oviedo. En la segunda voté por Abelardo de la Espriella porque no quería que Iván Cepeda, heredero político de Gustavo Petro, llegara a la Presidencia. Tomé una decisión pensando en lo que consideraba mejor para el país. Hoy, después de poco más de dos meses de gobierno, me pregunto si no habría sido preferible votar en blanco. Lo digo sin rodeos, aunque a algunos les incomode escucharlo. No puedo regresar a las urnas y cambiar mi voto, pero tampoco voy a pasar los próximos años defendiendo aquella decisión para demostrar que tenía razón. Voté por De la Espriella. Asumo mi responsabilidad. Lo que no hice fue entregarle mi conciencia.

Lo ocurrido en el Museo Nacional terminó de encender mis alarmas. El Gobierno ordenó retirar alrededor de treinta piezas relacionadas con la historia del conflicto armado, las luchas feministas, la comunidad LGBTIQ+ y distintos momentos de la vida política colombiana. Entre ellas estaban la bandera del orgullo gay que perteneció a la activista Elizabeth Castillo, un afiche de la campaña presidencial de Bernardo Jaramillo Ossa, un afiche de Carlos Pizarro, el balígrafo utilizado para firmar el Acuerdo de Paz de 2016 y el tarjetón de la Séptima Papeleta. No estamos hablando de objetos sin historia. Son piezas que ayudan a entender quiénes hemos sido, qué nos ha ocurrido y cómo llegamos hasta aquí. Un Gobierno puede tener sus propias interpretaciones del pasado, pero me preocupa que pretenda librar una batalla ideológica vaciando las paredes de un museo. La historia colombiana tiene demasiadas heridas como para que ahora también queramos esconder sus rastros.

No tengo ninguna intención de convertir a los antiguos guerrilleros en héroes. El M-19 tomó las armas, cometió actos violentos y dejó víctimas. Carlos Pizarro fue uno de sus comandantes y no voy a desconocer lo que esa organización significó para el país. Siempre he criticado que se presente la lucha armada como una hazaña o que los jóvenes salgan de los colegios creyendo que la violencia es una manera legítima de conquistar el poder. Pero también hay una historia que debemos contar completa. El Estado colombiano negoció la paz con el M-19, sus integrantes dejaron las armas y pudieron participar en política. Pizarro llegó a ser candidato presidencial y fue asesinado en 1990. Podemos discutir durante años si aquella negociación fue acertada, si hubo demasiadas concesiones o si debieron exigirse otras responsabilidades. Lo que no podemos hacer es borrar los hechos que nos incomodan y esperar que las nuevas generaciones comprendan el país mirando solamente aquello que un Gobierno considera conveniente mostrarles.

Quiero que los jóvenes sepan quién fue Pizarro, qué hizo el M-19, qué daños causó y por qué se negoció la paz. Quiero que conozcan también a sus víctimas y entiendan el precio que Colombia ha pagado por la violencia. Eso es enseñar historia. Retirar una pieza de un museo no cambia lo ocurrido ni hace desaparecer las responsabilidades de quienes participaron en esos acontecimientos. Al contrario, nos priva de una oportunidad para explicar, preguntar y discutir. Si una sociedad quiere aprender de su pasado, necesita mirarlo de frente, incluso cuando lo que encuentra le produce rabia, vergüenza o dolor.

Lo mismo pienso de las piezas relacionadas con las mujeres y la comunidad LGBTIQ+. Ser homosexual no convierte a nadie en menos ciudadano ni le quita sus derechos. Son personas que trabajan, estudian, tienen familias y merecen vivir en libertad, sin ser perseguidas ni discriminadas por lo que son. No acepto que se pretenda imponer una ideología, pero tampoco que, con la excusa de combatirla, se excluya a quienes simplemente quieren vivir su vida sin que nadie los señale ni los persiga. En Colombia cabemos todos, y nadie debería ser apartado de la sociedad por su orientación sexual. No entiendo qué gana un país cuando empieza a decidir qué personas merecen aparecer en su historia y cuáles deben desaparecer de ella.

Después vi las imágenes del plantón frente al Museo Nacional y sentí tristeza, pero también miedo. Me impresionó la presencia de la fuerza pública frente a ciudadanos que se habían reunido para protestar por el retiro de las piezas. Me pregunté qué justificaba semejante despliegue ante una manifestación pacífica. La Policía tiene una función indispensable. Debe proteger a los ciudadanos, garantizar el orden e intervenir cuando hay violencia o existe un peligro real para las personas y sus bienes. Pero una cosa es estar preparado para responder ante una situación de riesgo y otra muy distinta es hacer sentir a quienes protestan que su presencia constituye, por sí misma, una amenaza. La protesta pacífica es un derecho, no una concesión del presidente de turno.

Recuerdo las marchas contra Petro y pienso en cuántas veces reclamamos que se respetara nuestro derecho a salir a las calles, expresar nuestro descontento y cuestionar al Gobierno. Ahora ese mismo derecho lo ejercen ciudadanos que rechazan las decisiones de De La Espriella. ¿Con qué autoridad podríamos pedir libertad para nosotros y negársela a los demás? La democracia se pone a prueba precisamente cuando quienes protestan defienden ideas que no compartimos. Defender la libertad de alguien que piensa como nosotros resulta sencillo. Defenderla cuando sus ideas nos incomodan exige principios.

Por expresar estas preocupaciones, algunos me han llamado izquierdista y defensor de criminales. Me resulta curioso. Voté por la derecha, sigo siendo de derecha liberal y no he cambiado mis convicciones. Lo que no estoy dispuesto a hacer es aceptar que mi ubicación política me obligue a justificar cada decisión del presidente. ¿Desde cuándo votar por alguien significa renunciar al derecho de criticarlo? ¿En qué momento el respaldo electoral se convirtió en una obligación de obediencia? No necesito convertirme en adversario de De La Espriella para reconocer sus errores, del mismo modo que no necesito estar de acuerdo con quienes protestan para defender su derecho a hacerlo. Puedo cuestionar a un Gobierno sin convertirme en militante de la oposición y puedo reconocer la dignidad de otras personas sin renunciar a mis propias ideas.

Lo que más me preocupa es que volvamos a acostumbrarnos a mirar al que piensa diferente como si fuera un enemigo. Colombia conoce demasiado bien ese camino. Hemos vivido guerras civiles, persecuciones políticas y generaciones enteras marcadas por el odio. Todavía cargamos con las consecuencias de una historia en la que demasiadas personas creyeron que sus adversarios no merecían un lugar en la nación. No quiero que volvamos a ese punto. Me preocupa que algunos crean que quienes apoyan al presidente son los únicos que desean lo mejor para Colombia y que quienes lo cuestionamos estamos actuando contra el país. Ningún partido, ninguna ideología y ningún mandatario tienen el monopolio del patriotismo.

El fanatismo carcome el pensamiento y termina por gangrenar el cerebro. Lo he visto en la izquierda y lo veo también en la derecha. Cambian las banderas, cambian los discursos, pero la enfermedad es la misma. Quien está convencido de que solo él tiene la razón termina creyendo que puede decidir quién merece ser escuchado, quién debe guardar silencio y quién sobra en la sociedad. Así empieza el oscurantismo. No siempre llega con censores que prohíben libros ni con autoridades que persiguen abiertamente a sus críticos. A veces comienza con algo que parece más sencillo, con la idea de que las opiniones incómodas deben desaparecer, que ciertas personas no merecen representación y que el poder tiene derecho a escoger qué partes de la historia podemos recordar.

No sé si me equivoqué al votar por Abelardo de la Espriella. Quizá debí votar en blanco. Ya no puedo cambiar aquella decisión, pero sí puedo decidir qué hago ahora. No voy a justificar lo injustificable para defender un voto ni a fingir que estoy de acuerdo con aquello que me preocupa. Sigo siendo de derecha liberal y precisamente por eso me inquietan las actuaciones que considero autoritarias. He aprendido que reconocer un error no me hace menos libre ni menos fiel a mis principios. Lo que sí me haría daño sería advertir que algo está mal y quedarme callado por miedo a admitir que apoyé a quien lo está haciendo.

He pasado de creer que siempre tenía la razón a aceptar que también puedo equivocarme. Ha sido una de las lecciones más difíciles de aprender. Por eso me cuesta entender a quienes convierten la política en una pelea en la que solo puede quedar un bando en pie. No quiero que un Gobierno me diga qué debo pensar, a quién debo respetar o de quién debo desconfiar. Tampoco quiero que mis propias ideas me impidan reconocer la dignidad de quien piensa distinto. Colombia no le pertenece a un presidente, a sus votantes ni a una ideología. Nos pertenece a todos, incluso a quienes incomodan al poder.

Voté por De la Espriella porque creí que era la mejor opción para Colombia. Hoy tengo dudas y no me avergüenza reconocerlo. Quizá me equivoqué, como me he equivocado tantas veces en la vida. Pero hay algo que tengo claro. No quiero volver a ser aquel hombre que creía tener siempre la razón, ni convertirme ahora en alguien que necesita defender un error para no reconocer que se equivocó. Ya veremos qué queda de este gobierno cuando pasen los años. Por ahora, prefiero decir lo que pienso, aunque les moleste a quienes alguna vez votamos por el mismo candidato.

Por: Aldumar Forero Orjuela-  @AldumarForeroO

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Citan a debate a la ministra Paola Holguín tras retiro de obras en el Museo Nacional

La creciente tensión entre el Gobierno nacional y el sector cultural colombiano ha escalado de las calles al escenario legislativo. La decisión del Ejecutivo de retirar más de 30 piezas de las salas de exhibición del Museo Nacional desencadenó una tormenta política que salpica directamente al gabinete del presidente De la Espriella.

Panorama general: En respuesta al retiro del material expositivo, la representante a la Cámara Jennifer Pedraza anunció formalmente que citará a un debate de control político a la ministra de Cultura, Paola Holguín. La congresista argumentó que la gestión de la funcionaria está afectando gravemente los principios de autonomía y desarrollo del sector en el país.

“Le anuncio al país que citaré a debate de control político a la ministra de Cultura Paola Holguín por la censura a la que está sometiendo al sector, las mentiras en su hoja de vida, los nombramientos en su cartera que no cumplen los requisitos para ocupar sus cargos y las convocatorias suspendidas”, enfatizó la parlamentaria al oficializar la citación.

El detonante del conflicto fue la instrucción presidencial de desmontar decenas de piezas del principal museo del país. Desde la Casa de Nariño se justificó la medida dentro de una postura crítica hacia lo que la administración califica como corrientes “wokes” y ciertas interpretaciones de la narrativa política y social contemporánea de Colombia.

Censura y cuestionamientos Museo Nacional: citan a debate de control político a la ministra de Cultura Paola Holguín

Censura y cuestionamientos Museo Nacional: citan a debate de control político a la ministra de Cultura Paola Holguín

Aunque la atención mediática se fijó en un inicio en el retiro de objetos alusivos a Carlos Pizarro, exmilitante de la guerrilla del M-19, el alcance del desmonte resultó ser considerablemente más amplio. La medida afectó también a obras representativas del proceso y Acuerdo de Paz de 2016, producciones artísticas y memoria visual de los movimientos feministas, expresiones relativas a la comunidad LGBTIQ+ y piezas conmemorativas dedicadas a las víctimas de la violencia contra la Unión Patriótica.

La intervención directa del Poder Ejecutivo en el guión museográfico del Museo Nacional generó una reacción inmediata dentro de la comunidad artística e institucional. Por segundo día consecutivo, decenas de manifestantes y gestores culturales se congregaron a las afueras de la sede del museo en Bogotá para rechazar la medida.

De forma paralela, el gremio de museos del país cerró filas frente a lo que consideran una intromisión sin precedentes en la gestión de la memoria histórica. En un comunicado conjunto firmado por instituciones emblemáticas como el Museo de Arte Moderno de Bogotá (MAMBO) y el Museo de Arte Moderno de Medellín (MAMM), los directivos y curadores exigieron el respeto irrestricto a la autonomía técnica y curatorial.

“Ningún gobierno debe decidir qué podemos ver de la historia de Colombia”, señalaron contundentemente las directivas de las instituciones continentales en el documento, marcando una postura firme en defensa de la libertad de exposición e investigación histórica.

Por qué es importante: La citación en la Cámara de Representantes no se limitará a la controversia por el material desmontado del museo. El debate anunciado por la representante Pedraza pondrá bajo la lupa la idoneidad y legalidad en la conformación del equipo directivo del Ministerio de Cultura.

Entre los puntos fijados en la agenda del debate parlamentario figuran:

  • Presuntas inconsistencias en la hoja de vida de la ministra Paola Holguín.

  • Nombramientos cuestionados dentro del ministerio, señalados de no cumplir con los requisitos legales ni la experiencia técnica exigida para el desempeño de los cargos.

  • Parálisis institucional, motivada por la suspensión intempestiva de convocatorias y estímulos públicos destinados a artistas y organizaciones culturales de las regiones.

El debate de control político representará un duro examen parlamentario para la cartera de Cultura en un momento en que el Gobierno enfrenta una fuerte resistencia por parte de la comunidad artística y académica del país.

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Presupuesto de 2027: este es el plazo límite que tiene el Congreso para aprobarlo

La aprobación del Presupuesto General de la Nación para 2027 entra en una etapa decisiva, luego de que la plenaria de la Cámara de Representantes suspendiera la discusión la semana pasada por falta de quórum, una situación que impidió avanzar más allá de la votación de impedimentos y dejó pendiente el análisis del articulado.

Para retomar el trámite, la Secretaría General de la Cámara convocó a los representantes este lunes 19 de octubre a las 10:00 a. m., una sesión que se realizará apenas un día antes del vencimiento del plazo legal para que el Congreso apruebe el proyecto.

El panorama también está pendiente de lo que ocurra en el Senado, cuya plenaria todavía no ha iniciado la discusión formal del Presupuesto. Aunque los senadores de oposición se reunieron la semana anterior para ejercer control político sobre la iniciativa, la corporación aún debe avanzar en el debate legislativo correspondiente.

¿Qué cambios plantea la ponencia para el Presupuesto de 2027?

La expectativa es que ambas cámaras logren discutir el proyecto y alcanzar una conciliación entre el lunes y el martes 20 de octubre, fecha límite para definir su contenido. Si el Congreso no consigue aprobarlo dentro del plazo establecido, el presupuesto que superó el primer debate quedaría sujeto a expedición por decreto.

La ponencia para segundo debate incluye modificaciones relevantes frente al texto presentado en la primera discusión, entre ellas una reducción de $8,36 billones en el servicio de la deuda, cuyo monto pasaría de $152,4 billones a cerca de $144,1 billones.

Otro cambio importante corresponde al Ministerio de Hacienda, al que se propone adicionar $4,5 billones, distribuidos en $3,9 billones para inversión y $600.000 millones para funcionamiento. Con este ajuste, el presupuesto del sector aumentaría de $43,5 billones a $48 billones.

En Minas y Energía, el documento plantea incorporar $3 billones adicionales para financiar subsidios a las tarifas de electricidad, gas por redes y gas licuado de petróleo (GLP), además del transporte de combustibles líquidos en zonas de frontera. De aprobarse la modificación, los recursos del sector subirían de $7,5 billones a $10,51 billones.

La propuesta también contempla movimientos en los Organismos de Control, con una adición neta de $267.000 millones, resultado de sumar $310.000 millones y descontar $43.000 millones correspondientes a la Procuraduría General de la Nación.

Con el plazo a punto de vencer y varios ajustes presupuestales sobre la mesa, las sesiones de Cámara y Senado serán determinantes para establecer si el proyecto logra completar su trámite legislativo o debe pasar a una definición por decreto.

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En una decisión estratégica clave para el futuro energético del país, Ecopetrol anunció la declaración como desierta de la licitación para el suministro de Gas Natural Licuado (GNL) a cinco años. La estatal petrolera argumentó que las propuestas internacionales recibidas no garantizaban las condiciones de competitividad, precio ni rentabilidad requeridas, y que trasladar esos sobrecostos habría supuesto una carga inviable para los usuarios finales en Colombia.

Frente a este escenario, la compañía ha resuelto redirigir sus esfuerzos hacia el fortalecimiento de la producción local, acelerando el desarrollo de los activos mar afuera como el pozo Sirius (anteriormente conocido como Uchuva) y otras áreas estratégicas, con el fin de contrarrestar el déficit de abastecimiento en el mediano plazo.

Panorama general: La decisión se produce en un contexto de acentuada disminución en la disponibilidad de gas natural. Las proyecciones de la Unidad de Planeación Minero Energética (UPME) ya advertían desde 2017 sobre un posible desbalance entre la oferta y la demanda para el año 2024.   

De acuerdo con cifras oficiales de la Agencia Nacional de Hidrocarburos (ANH), entre el cierre de 2022 y finales de 2025, las reservas probadas de gas cayeron cerca de un 39 %, pasando de 2.817 a 1.717 gigapies cúbicos. En paralelo, la producción comercializada anual sufrió una reducción aproximada del 26 %, al descender de 392 a 290 gigapies cúbicos.  

Ecopetrol frena licitación de GNL a cinco años y volcará esfuerzos a la producción local

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En su comunicado, Ecopetrol responsabilizó a las decisiones de política energética adoptadas por la administración gubernamental saliente. Según la empresa, la restricción en la firma de nuevos contratos de exploración y producción impidió la incorporación oportuna de nuevas reservas para sustituir el declive natural de los campos maduros. A esto se sumó la suspensión de los Proyectos Piloto de Investigación Integral (PPII) en yacimientos no convencionales, que ya contaban con licencia ambiental, y la parálisis de la perforación en el pozo exploratorio Komodo, diseñado para ampliar la frontera hidrocarburífera en aguas profundas.

Recurrir al mercado internacional de GNL implica desafíos logísticos y financieros de gran escala: el energético debe adquirirse en el exterior, transportarse en buques especializados y regasificarse antes de ingresar al sistema nacional. Además de estos costos operativos, Colombia se enfrenta a la competencia de compradores en Europa y Asia en un mercado global tensionado por los conflictos en Oriente Medio.

A la coyuntura del mercado global se añade la urgencia climática. Con la declaración oficial del fenómeno de El Niño por parte del Instituto de Hidrología, Meteorología y Estudios Ambientales (IDEAM) el pasado 8 de octubre, se prevé una reducción sustancial en la generación hidroeléctrica. Esta situación incrementará de manera inmediata la demanda de gas natural para abastecer a las plantas térmicas de respaldo del sistema eléctrico nacional.

Por qué es importante: Pese a esta presión coyuntural, la evaluación comercial de Ecopetrol determinó que las ofertas de GNL a largo plazo implicaban asumir compromisos financieros de compra en el exterior sin que existiera un respaldo suficiente de demanda ni disposición de pago por parte de los clientes locales.

Ante la imposibilidad de adjudicar los contratos de importación en los términos propuestos, Ecopetrol centrará su hoja de ruta en tres ejes principales:

  1. Aceleración de hallazgos estratégicos: Priorizar el desarrollo del campo Sirius y otros activos continentales y mar adentro.

  2. Gestión de licencias y permisos: Agilizar la viabilidad ambiental y social para acortar los tiempos de entrada en operación de las nuevas reservas.

  3. Coordinación de infraestructura: Garantizar la capacidad de transporte requerida para conectar la nueva producción con los principales centros de consumo del país.

Sin embargo, para el corto plazo, la petrolera aclaró que no descarta la importación de gas. Continuará buscando esquemas alternativos de abastecimiento externo que ofrezcan volúmenes, plazos y fórmulas de precio que se ajusten a la realidad del mercado colombiano y preserven la salud financiera de la empresa.

Con este giro operativo, Ecopetrol busca equilibrar la atención de las necesidades energéticas inmediatas sin comprometer los recursos financieros necesarios para consolidar las fuentes de suministro soberanas de los próximos años.

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