El trino

Debo aclarar que no intento asumir en estas líneas la defensa de María Fernanda Cabal –mi esposa– pero lo que sí pretendo defender con vehemencia, esperando no ser encausado por ello, es el derecho a la libre expresión, a la libertad de las ideas, porque cuando empezamos a ponerle cortapisas, ya conocemos en el vecindario a donde llevan esos caminos. López está incomunicado en una cárcel chavista, no por lo que haya hecho o dejado de hacer, sino por lo que dijo, o mejor, por lo que otros hicieron por lo que él dijo. Con esa lógica judicial perversa, para que nunca pase nada, es mejor nunca decir nada.

Algo así no habría sucedido hace algunos años, cuando la información y las opiniones eran dominio exclusivo de los medios, que hoy han tenido que entregar esa dictadura a la democratización de las redes sociales. Si yo denunciara a los funcionarios, periodistas, columnistas y terceros que, por tuiter y en los medios, me tildan de paramilitar, guerrerista y enemigo de la paz, la justicia estaría muy ocupada.

Por ello lo que también rechazo es la intención detrás de semejante polvareda. La parlamentaria del Centro Democrático, movida por su legítimo desacuerdo con unas negociaciones que no solo a ella no convencen, sino a millones de colombianos –siete para ser más exactos–, se limitó a hacer unas preguntas válidas y, al margen  de si el personaje era o no un guerrillero, a juzgar por las reacciones, abrió otra puerta a quienes buscan deslegitimar, estigmatizar –ellos sí– a todo el que se oponga a esa universalización de las víctimas que solo busca hacer invisibles a las de las Farc.

Me quedan muchas preguntas: ¿Por qué la denuncia? ¿Por qué tan rápida y agresiva condena de los medios, el Gobierno, el jefe negociador, la Fiscalía y hasta las Farc, hacia quien, paradójicamente, no ha hecho sino defender a las víctimas? ¿Qué autoridad tiene Márquez para acusar de odios y sentimientos guerreristas? ¿Qué desvergüenza le permite acusar a un trino de sabotear el proceso? ¿Acaso no son los tiros y los bombazos de las Farc los verdaderos saboteadores?  ¿Cuáles fueron los criterios de escogencia de las víctimas? ¿Por qué las de las Farc son minoría frente a las de otros victimarios? Ese no es un asunto apenas aritmético ¿Acaso el Gobierno no sospecha que la ‘comisión histórica’ busca concluir que la clase política y la sociedad, desde hace 60 años, son los responsables de la violencia? ¿Acaso no adivina –blanco es…, gallina lo pone– que las Farc buscan con ello legitimar su lucha con total impunidad?

Es también inquietante la situación de los congresistas frente al derecho a la libre opinión, que adquiere en este caso relevancia, pues no en vano representan ellos la Voz del Pueblo, como está tallado en piedra en el recinto del Senado. ¿Acaso existe en Colombia delito de opinión? ¿Dónde quedan la autonomía del Congreso y el equilibrio de poderes? ¿Hasta dónde se está judicializando la política? ¿Cómo hizo la Fiscalía para individualizar la responsabilidad, ¡en solo un día!, frente a una denuncia indeterminada? ¿Cómo compulsa copias a la Corte Suprema sin investigación alguna? ¿Es acaso la misma Fiscalía que lleva décadas sin aclarar los asesinatos de Galán y Gómez Hurtado, y se resiste a declarar este último de lesa humanidad? ¿Por qué tanta premura? ¿A lo que estamos asistiendo acaso es a la politización de la justicia?

Menos retórica y más respuestas. Más trinos en libertad y menos tiros como amenaza extorsiva. Eso es lo que espera el país.

La tiranía de la burocracia

La fila es larga, las personas miran los relojes con exasperación, mientras dan esos pequeños pasos que parecen acercarlos, pero no en realidad. Un engaño al que ceden por el desespero. Es un banco, un centro de salud, una oficina de gobierno. No importa. En la fila solo importa avanzar, llegar a la ventanilla donde todo tendrá un poco de sentido. Pero allí, luego de largos minutos, solo se encuentran las personas con expresiones cansadas y ceños fruncidos. Son los funcionarios, los oficinistas, los burócratas.
Y falta un formato, dicen, para ese papel por el que las personas hacen la fila, y para ese formato se necesita otro, para el cuál, además, no han diligenciado correctamente los documentos, y les falta una foto, porque son tres, no dos. La mañana ya termina, medio día perdido, y la fila de nuevo, con la frustración del cliente, del ciudadano, esperando la cara larga del burócrata.
La burocracia tiende a volverse perversa. A Dejarse llevar por sus vicios, a volverse impersonal, ineficiente y desconectada, cuando deja su razón de ser –la atención del ciudadano o del cliente- y se enreda en la creación de falsas misiones y visiones determinadas por obsesiones de estándares de calidad torpes o inecesarios.
Por un lado, la falta de un “aura” de dignidad respecto al cargo, ha hecho que muchos funcionarios de las burocracias se sientan parte de maquinarias sin rostro, donde deben cumplir labores específicas, técnicas y aparentemente sin repercusiones mayores. De la misma forma, los incentivos que se han pensado para atacar este problema se han convertido en fines y no en medios de los funcionarios. El trabajo solo realizado para recibir una recompensa puede llevar a deshumanizar la función.
Es precisamente esto lo que las recientes dinámicas de la burocracia han llevado a perder el elemento humano, tanto en los funcionarios, como en quienes se relacionan necesariamente con la organización. La administración de una organización pública (e incluso una privada) no puede ser concebida como una maquina porque llevará a que los fines perseguidos se vuelvan los medos utilizados (la burocracia por la burocracia).
La propuesta es, en todo caso, la de dotar a la burocracia impersonal y lejana un carácter de cercanía del que carece y que es necesario. Los casos de excesos (o defectos) burocráticos causados por la desconexión entre el ente burocrático y las personas u otras organizaciones con los que se relacionan son muchísimos.
La apuesta debe ser por una burocracia que premie lo humano que regule pero mantenga un margen de maniobra para las decisiones individuales y que tenga la flexibilidad para atender particularidades.
Finalmente, que los funcionarios se bajen de la posición que han tomado y busquen relacionarse más directamente con las personas; y que en el caso de la administración pública premien al ser humano sobre las metas organizacionales; mejor, que recuerden que su meta organizacional debe ser precisamente esa, el hombre.

¿Ministerios reales o de mentiras?

El presidente Santos le dijo al país, que si era reelegido para un nuevo tramo presidencial, iba a “crear” el Ministerio de la Seguridad Ciudadana, para combatir arduamente la delincuencia común. Resulta que hubo Santos II, pero literalmente no hubo ministerio en tal sentido. Podría enrostrar “Juanpa” una aproximación, pues al general Naranjo lo atornilló como Ministro consejero posconflicto, derechos humanos y seguridad. De igual forma, ante la Andi, el presidente descartó la creación del Ministerio de industria. Para ambos eventos, no se podía por arte de birlibirloque salir a firmar nombramientos de auténticos ministros, sin agotar las vías del Congreso. Habría que tomar ello como una intención, con cara de promeserismo.

A raíz del nombramiento de cuatro “ministros” asesores, a saber: del ya aludido consejero de posconflicto, derechos humanos y seguridad; de consejero de gobierno y sector privado; de consejero de comunicaciones y el flamante de la presidencia (que recayó en el jurista Néstor Humberto Martínez), se ha desatado una polémica jurídica de si ello era viable hacerlo legalmente o requería votación y aprobación del Congreso de la república. Los que defienden la tesis permisiva, dicen que lo que operó fue una reorganización (reestructuración) de la presidencia. Así mismo, los que disienten de lo sucedido, enfilan baterías en cuanto que los nombrados emergieron bajo el inconfundible rótulo de ministros, usurpándose las funciones del Congreso.

Digamos que, en efecto, la Constitución Nacional dice que la creación, supresión o fusión de ministerios, así como en su denominación, corresponde al Congreso. Es también real, que el ejecutivo puede reordenar y adecuar la estructura de la administración pública. Hasta aquí hay dos verdades. ¿Dónde nace el galimatías? En suprimir “altos consejeros” que tienen resorte presidencial, para pasar a “ministros consejeros” que tienen obligadamente origen congresional. No puede omitirse que el prefijo del cargo es el de “ministro”. Me sitúo, pues, en el grupo de personas que creen que lo que hizo Santos no es lícito. Él creó ministerios, a su imagen y semejanza, y su intrépida decisión la anestesió con un sufijo distractor.

Es verdad de a puño, que “Juanpa” quedó agobiado de compromisos, luego de recabar su reelección. Se avizoraba que burocráticamente tenía que entregar cuotas y repartijas  para llevar a las mieles del gobierno, de manera encumbrada, a muchos personajes que coadyuvaron en la campaña. Sorprende, sí, que Néstor Humberto Martínez haya sido ungido como Ministro de la presidencia, porque su tarea será la coordinar a la constelación de nominados, cuando uno podría pensar que Vargas Lleras lo hubiera hecho, de igual manera. No debe estar muy contento el nieto de Carlos Lleras con esta pérdida de protagonismo y de poder, aunque él se reserva la entrega de casas gratis. Y máxime, que periodísticamente a Martínez (el hijo del inolvidable humorista Humberto Martínez Salcedo), ya le dicen el “superministro”.

Puede ser que se trate de una discusión semántica y que los “ministros consejeros” no sean más que “asesores del jefe de estado”. Pero, entonces, ¿para qué los llama con rimbombancia ministros?  Es innegable el rango ministerial. La jugada política hizo que Santos pasara de 16 ministros a 20. El analista Vicente Torrijos, dice que “lo que se puede generar es un fenómeno de gabinete paralelo por los ministros clones, ya que hay funcionarios investidos con poder ministerial, cuando las altas consejerías eran más flexibles”.

Álvaro Uribe Vélez, fusionó ministerios (Justicia que se integró con el Interior; Trabajo que se unió con Protección Social y Medio Ambiente que acogió funciones de vivienda y desarrollo territorial) y para ello solicitó al Congreso facultades. Hubo ahorros por $ 3.000 millones de pesos. Juan Manuel Santos, derrocha ministerios y todos tranquilos. Sigue la mermelada.