El aborto legislativo de Santos: Abelardo De La Espriella

La propuesta del Gobierno Nacional (presentada esta semana al Congreso de la República) que busca reelegir a los actuales alcaldes y gobernadores por 2 años, con la pueril excusa de unificar los periodos institucionales de los mandatarios seccionales con el del Presidente, es una prueba más de la incoherencia que caracteriza al Doctor Santos.

Primero, el Presidente se reelige y, una vez ungido, decide radicar de manera inmediata un proyecto de Acto Legislativo para eliminar de la Constitución esa figura, para todos los altos dignatarios del Estado, incluido él mismo, por supuesto. Un par de semanas después, le pide a los congresistas que tramiten otra reforma que les permita a los alcaldes y gobernadores que hoy están en el puesto reelegirse por un par de años más.

¡Qué locura! “Pa’ atrás y pa’ adelante”, parece ser la consigna del ejecutivo: las decisiones del Presidente se modulan y transforman dependiendo de las necesidades, la presión de los medios, el rechazo social, la extorsión política o la conveniencia del momento. Difícil lograr un verdadero liderazgo, si se actúa de esa forma.

Para nadie es un secreto que Santos está “pagando” una promesa de campaña. Muchos alcaldes y gobernadores, violando la ley flagrantemente, participaron en política a favor del Presidente y le metieron mano a la chequera pública para impulsar la reelección de este. Esos “patrocinadores” hoy cobran la factura. Obligación de imposible cumplimiento, como dicen los civilistas, pues tiene más futuro una candidatura presidencial de Regina 11 que la reelección de alcaldes y gobernadores.

Además de lo incoherente de la propuesta presidencial, la mentada reforma traería sin duda una mayor cantidad de problemas que beneficios. En el caso de las ciudades y departamentos que cuentan con buenos alcaldes y gobernadores, y cuando digo buenos, me refiero a la gestión eficiente y probidad moral de los mismos, la figura sería maravillosa. Pero resulta que, lamentablemente, el 90% de los mandatarios seccionales de Colombia son ineptos, incompetentes, politiqueros y ladrones. Solo una minoría de esos funcionarios es digna de ostentar el cargo y de recibir el favor popular.

Ante la iniciativa planteada por el gobierno, las reacciones no se han hecho esperar: José David Name, presidente del Congreso y miembro del partido de la U; el mismo del Presidente Santos; Carlos Fernando Galán, presidente de Cambio Radical; David Barguil, presidente del Partido Conservador, y Fabio Amín, liberal y presidente de la Cámara de Representantes, entre otros líderes de distintos sectores políticos, manifestaron esta semana que la propuesta no fue consultada con ellos y que no tienen la menor intención de apoyarla.

¿Qué significa lo anterior? Es muy claro: el Presidente Santos, haciendo gala de sus habituales métodos y estrategias, presentó la propuesta, a sabiendas de que era un “aborto legislativo” seguro, ya que los políticos no van a reelegir de ninguna manera a gobernadores y alcaldes, que probablemente los traicionaron y que hoy fungen de emperadores y reyezuelos, haciéndole competencia y minando el poder político de aquellos que los encumbraron en el poder. Con dicha movida, el Presidente se lava las manos, toda vez que, si el proyecto se hunde, será por cuenta de los parlamentarios.

No se hagan ilusiones, señores alcaldes y gobernadores: la reelección es una figura nefasta que hay que erradicar de nuestro ordenamiento jurídico. Es un despropósito descomunal atizar la hoguera de la corrupción, el abuso del poder y la perpetuación de unos cuantos en el ejercicio de la política. Mi recomendación: dejen de robar tanto y dedíquense a trabajar por la gente que lo necesita, porque el juicio de la historia no es tan débil y falso como las decisiones de la justicia.

La ñapa: En un país en el que no hay justicia, el único lugar decente es la cárcel.

La gracia del Estado: Fernando Londoño Hoyos

0

La gracia del Estado

Suele ser feliz el primer año de un gobierno. Quienes lo eligieron disfrutan la miel de la victoria y los derrotados esperan, entre respetuosos y esperanzados, que algo o mucho de lo que prometió en la campaña se vuelva verdad. A ese tiempo en que todo se perdona y de cualquier señal algo bueno se aguarda, lo llamó Jean François Revel la Gracia del Estado.

 

Pues cabe preguntarse si Revel andaba equivocado o por qué capricho de la política no ha tenido Santos, en este su segundo período, un solo día de gracia. Al contrario, todo le va mal. Los amigos tambalean, cuando no lo enfrentan, la opinión no lo escucha o lo escucha mal y las encuestas, ese moderno termómetro del estado general de ánimo, no le pueden ser más desfavorables.

Valga decir, para empezar, que ni los más santistas han tomado en serio la victoria. Todos ellos saben con cuáles malas artes se ganaron esas elecciones. Los de la Costa son ante todo pragmáticos y saben que no tienen mucho por celebrar. Los que no vendieron el voto lo depositaron con magro entusiasmo y muchos de ellos se preguntan de dónde y cómo aparecieron tantos. Los del interior se duelen de no haber votado con más entusiasmo por la alternativa que tenían y los que en estos departamentos votaron por Santos no olvidan el desgano con que lo hicieron. No hay nadie celebrando la victoria, no hay nadie brindando por el futuro. Revel no estaba en esta medida equivocado. No hay Gracia del Estado porque faltó siempre el júbilo de los corazones, el entusiasmo vital que acompaña a un mandatario nuevo.

Pero no es solo eso. Es que los comienzos han sido tan lánguidos como para no permitir un acuerdo social para la generosidad que supone la esperanza. Porque la gente ha descubierto que era verdad que la estaban engañando y está comprendiendo la magnitud del engaño.

En el aparato publicitario que acompañó la campaña de Santos, se prometieron mil cosas, que ya se saben fallidas; se habló de mil proyectos que ya, tan pronto, se entienden fracasados; se hicieron mil protestas de crear un país distinto y cada uno tiene la irrebatible convicción de que no solo todo es más de lo mismo, sino peor de lo mismo.

Si alguien esperaba una vivienda nueva, ya quedó notificado de que no hay un peso para construirlas; quien se hizo la ilusión de que sus hijos fueran a la escuela todo el día, ya quedó notificado por la Ministra de que habrá de esperar el milagro en otro gobierno; los que confiaban en carreteras nuevas, ya saben que no hay con qué ni mantener las viejas; los que oyeron hablar de mejores hospitales, hacen fuerza para que no terminen de caerse a pedazos los que tan mal los atienden; los que se apuntaron a un campo menos hostil, están llorando mejores días; y los que se pintaron la palabra PAZ en las manos, han descubierto que perdieron el gesto, y la tinta, y el jabón con que se la quitaron.

Santos comienza con una Reforma Tributaria que apenas alcanzará a tapar el hueco presupuestal. Ni pagando tanto como se los condena a pagar, los colombianos no aspiran a mejores servicios, ni a industrias más desarrolladas ni a empleos para sus hijos ni a retribuciones pensionales más dignas, ni siquiera a un poco de la seguridad que con Juanpa han perdido.

Revel no estuvo errado. Nos equivocamos los colombianos. Y de todo esto, con tendencia a la baja, tendremos cuatro años más.

Acuerdo Agrario I – El destape: Jose Felix Lafaurie

0

Acuerdo Agrario I – El destape

 

José Félix Lafaurie Rivera
@jflafaurie

Conveniente, por supuesto, el destape de los documentos suscritos con las Farc, lo cual no modifica mi convicción sobre la ilegitimidad de las negociaciones que producen tales acuerdos. Pero digamos que, desde la distancia del desacuerdo -ese sí legítimo-, es mucho más conveniente -repito- la transparencia de lo público que la incertidumbre del secretismo, máxime cuando la negociación afecta al país como Estado de derecho y también la vida de los colombianos como individuos.

No son menores los temas de narcotráfico y participación política, pero me propongo centrar mi atención en el documento sobre Reforma Rural Integral. Es un análisis que les corresponde -nos obliga, diría yo- a los gremios afectados por lo que hoy son apenas acuerdos preliminares, pero mañana serán compromisos y decisiones, si las negociaciones llegan a algún lado y el país las refrenda, ya sea con referendo, como quiere el Gobierno -ojalá con voto obligatorio-, o por una Asamblea Constituyente, como exigen las Farc con insistencia.

Dentro de ese contexto reivindico el derecho a analizar el acuerdo con espíritu crítico, autónomo y pedagógico inclusive. Lo he repetido hasta la saciedad: nadie que no sea un bandido, puede estar en contra de la paz, pero muchos colombianos pueden estar en desacuerdo con las negociaciones, ya sea porque no consideran legítimo al interlocutor o no comparten su alcance, pues sienten que la guerrilla ha ido demasiado lejos en sus exigencias y el Gobierno en sus concesiones, o bien, porque no ven real voluntad de paz en las Farc. Son diversas las posiciones, pero lo importante, como en toda democracia, es que el desacuerdo no puede entenderse como sinónimo de oposición política y, por lo tanto, debe ser aceptado sin descalificaciones y, menos aún, sin eventuales retaliaciones. La mitad del país quiere creer en las negociaciones y la voluntad de paz de las Farc; la otra mitad se mueve entre el escepticismo y el rechazo. ¡Qué le vamos a hacer!

Mi primera observación tiene que ver con la ambivalencia. Como la Rayuela de Cortázar, el documento está escrito de tal manera que puede tener, en este caso, dos lecturas. Está revestido de tanta declaración de principios y eufemismo conciliador medio demagógico, que, por ejemplo, frente al tema de la tierra, la lectura de Márquez le permite pensar que el Gobierno le caminará a una reforma agraria expropiatoria, a través de los mecanismos discrecionales de expropiación que incluye el Acuerdo; en tanto que la lectura del Gobierno le permitirá mantener, sin sonrojarse, el discurso de la garantía del derecho a la legítima propiedad privada.

Otro tema son los recursos, no solo para la inmensa inversión que demanda semejante memorial de generalidades y buenos propósitos, precedido por casi un siglo de incumplimientos, sino para la institucionalidad que haya de articular y ejecutar los esfuerzos, también con antecedentes de ineficacia y corrupción (Incora, Idema, Caminos Vecinales, etc.). Definitivamente, no es un asunto de tres pesos, y la actual institucionalidad es un vestido pequeño para tan grandes retos.

Un tercer tema son las salvedades, es decir, lo que ni siquiera está negociado, en asuntos tan estratégicos como los TLC, el latifundio y la producción empresarial de gran escala, y la inversión extranjera en el sector agropecuario. De entrada, su postergación es señal de desacuerdo fundamental en algo que toca los compromisos internacionales del país y, sobre todo, la supervivencia frente a una producción globalizada y altamente competitiva.

Son tres temas, además de los que vayan surgiendo, que trataré de desmenuzar, uno a uno, en las semanas que vienen.

No hay señalización en el barrio San Joaquin en Medellin

0

Hemos recibido constantes denuncias por parte de esta comunidad del barrio San Joaquin, ubicado en el sector de Laureles en la ciudad de Medellin.

Como se puede ver en el video, luego de unas obras de reparcheo, a la administración se le paso por alto colocar la señalización pertinente para permitir un trafico ordenado e indicar a los peatones en donde cruzar.

Los llamados a la Alcaldia han sido continuos, pero estos han sido omitidos y los resultados que hoy se tienen son desastrosos, choques a diario y el peligro para los peatones cada día aumenta mas.

«La consulta atenta gravemente contra los derechos de los españoles»: Rajoy

0

El presidente del Gobierno, Mariano Rajoy, ha comparecido en La Moncloa, al término del Consejo de Ministros extraordinario, para informar de que el Ejecutivo ha formalizado ante el Tribunal Constitucional los recursos de inconstitucionalidad contra la Ley de consultas aprobada por el Parlamento de Cataluña y contra el Decreto de la convocatoria de la consulta para el 9 de noviembre.

Este fue el discurso del Presidente de España, Mariano Rajoy:

 

«Señoras y señores, muy buenos días y muchas gracias por su asistencia a esta convocatoria.

Como saben, comparezco ante ustedes para informar de los acuerdos adoptados por el Consejo de Ministros que con carácter extraordinario se ha reunido esta mañana.

Después de analizar los dictámenes solicitados al Consejo de Estado, el Gobierno ha formalizado ante el Tribunal Constitucional los recursos de inconstitucionalidad contra la Ley de consultas no refrendatarias aprobada por el Parlamento de Cataluña y contra el Decreto de la convocatoria de la consulta para el 9 de noviembre firmado por el presidente de la Generalitat de Cataluña.

Como saben ustedes, sí se admiten a trámite por el Tribunal los dos recursos, queda automáticamente suspendida la vigencia, tanto de la Ley como del Decreto, según dispone el artículo 161.2 de nuestra Constitución.

No voy a reiterar ante ustedes los argumentos que se exponen en  los recursos y que debe valorar el Tribunal. Los conocen de sobra. La consulta que se pretende llevar a cabo, ni por su objeto, ni por el procedimiento seguido, es compatible con la Constitución Española.

La decisión de hoy es coherente con lo que el Gobierno ya había anticipado desde el día 12 de diciembre del pasado año, cuando comparecí yo aquí en esta misma sala. Fue entonces cuando el presidente de la Generalitat anunció su decisión de convocar un referéndum de autodeterminación. El mismo día fijamos la posición del Gobierno que, como es evidente en un asunto de estas características, no ha sido modificada.

Siempre dijimos que esa consulta no se iba a celebrar porque atenta directamente contra la Constitución. Venimos insistiendo en ese mismo argumento todas y cada una de las veces que se ha planteado el asunto. Y hoy cumplimos con nuestra obligación de interponer un recurso contra una decisión que atenta gravemente contra los derechos de todos los españoles.

La consulta de autodeterminación que pretende convocar el Gobierno de la Generalitat es abiertamente contraria a nuestra Constitución, que en el primero de sus artículos consagra que «la soberanía nacional reside en el pueblo español, del que emanan los poderes del Estado.»

La soberanía reside en el pueblo español en su conjunto y una parte de él no puede tomar decisiones sobre lo que afecta a todos. La Constitución se fundamenta en la indisoluble unidad de la Nación española y, por tanto, cualquier intento de disolverla es radicalmente contrario a la Constitución. Y ciertamente la Constitución es reformable, pero la consulta pretendida no encaja, en modo alguno, en los procedimientos que la propia Constitución establece para su reforma.

Es falso que el derecho a votar y a decidir sea un derecho que se pueda atribuir unilateralmente una Comunidad, negándoselo al resto de la nación. Es un recurso demagógico apelar a algo que suena bien: el derecho a expresarse, el derecho a ser escuchado. El problema es que quien esgrime estos argumentos en la realidad le está privando de ese derecho a quien realmente le corresponde, que es el conjunto del pueblo español. Por tanto, la consulta es profundamente antidemocrática: el derecho que pretende dar a algunos se lo está sustrayendo a todos los demás.

Jurídicamente hablando, el Gobierno no puede ni debe hacer otra cosa distinta de la que hoy hace y, desde un punto de vista estrictamente político, tampoco cabe obrar de otra manera.

No hay nada ni nadie; ni poder, ni institución alguna, que pueda romper ese principio de soberanía única e indivisible sobre el que se basa nuestra convivencia. Dicho de otra manera, no hay nada ni nadie que pueda privar a todos los españoles del derecho a decidir lo que es su país; sin embargo, ésa y no otra es la consecuencia práctica de la consulta convocada por la Generalitat.

El Gobierno, por lo tanto, está obligado a recurrir en defensa de la Constitución, que es tanto como recurrir en defensa de las libertades y los derechos de todos y cada uno de los españoles, incluidos los ciudadanos de Cataluña. A ellos y a sus derechos también estamos defendiendo con este recurso.

Quiero recordar que la posición del Gobierno se ha visto avalada política y legalmente por una incuestionable mayoría del Congreso de los Diputados, así como por el propio Tribunal Constitucional en su sentencia del pasado 24 de marzo.

Permítanme que me extienda ahora algo más en la argumentación porque, además de recurrir, debemos explicar con meridiana claridad lo que implica este desafío.

Lo primero que quiero decir es que con este recurso defendemos la vigencia de la Ley democrática. La Ley no es un corsé, ni una restricción contra la libertad. Es todo lo contrario: la Ley es garantía de igualdad, de los derechos y de las libertades de los ciudadanos. Es la garantía de la seguridad de todos. La Ley no es un capricho del Gobierno, ni de éste ni de ningún otro. La Ley es la expresión de la voluntad de la mayoría de los ciudadanos y, por eso, el principal cometido de un Gobierno es defenderla: cumplirla y hacerla cumplir.

No es admisible, como hacen algunos, contraponer ley a democracia, porque sin ley no hay democracia ni respeto a los derechos de los ciudadanos y sin ley tampoco hay política.

A nadie se le impide ni hablar ni expresar su voluntad. Felizmente, los españoles llevamos haciéndolo desde hace décadas. Pero lo que se no se puede permitir es que la voluntad de una parte prive de sus derechos al conjunto.

Las leyes se pueden cambiar, pero siempre por los cauces democráticos establecidos. Quien desee modificar esta situación tiene toda la libertad de plantear una reforma de la misma: proponerla en los términos democráticamente establecidos y conseguir los apoyos necesarios para sacarla adelante. Ésa es la manera de hacer las cosas. Lo que no se puede hacer, o no debería hacer un gobernante responsable, es buscar atajos o subterfugios para violentar la legalidad, por muy adornados que vengan de bonitas palabras.

Quisiera decir algo sobre el diálogo. El Gobierno ha mantenido permanentemente abierto un diálogo con el Gobierno de la Generalitat y yo, particularmente, lo he mantenido con su Presidente. Pero lo cierto es que la Generalitat lleva tiempo desarrollando una política de hechos consumados que ha desplegado sin pausa y pretende que el Gobierno se vea forzado a encontrar una solución a decisiones unilaterales imposibles de compartir. Mi postura ha sido abierta, clara y firme. He estado dispuesto a negociar desde el primer día, pero nunca ha existido una posibilidad real porque, primero, se han tomado decisiones desde la Generalitat y, luego, se ha pretendido que el Gobierno de España no sólo las aceptase, sino que encontrase, además, las vías políticas y legales para llevarlas a cabo.

Cuando una parte actúa en contra del marco legal y de los intereses del conjunto, no puede ser la obligación del Gobierno encontrar un punto intermedio de acuerdo. La única vía real de diálogo habría consistido en plantear los problemas y buscar conjuntamente escenarios posibles para resolverlos. Se ha hecho lo contrario. Se han tomado decisiones unilaterales pretendiendo llegar a un punto de no retorno que obligara al resto a aceptarlo sin más.

Y quiero hablar, por último, de responsabilidad, porque quien ha puesto en marcha todo este proceso es responsable de las graves consecuencias del mismo. Consecuencias que pasan por la deslegitimación injusta de nuestras instituciones democráticas o por la fractura de los lazos de hermandad que han unido a Cataluña y al resto de España durante toda nuestra larga historia en común.

En particular, juntos, los catalanes y el resto de los españoles, nos hemos otorgado una Constitución que ha brindado el tiempo de mayor prosperidad y bienestar en democracia de nuestra historia. Apoyada por una amplísima mayoría de los catalanes y refrendada por el pueblo español, nuestra Constitución, fruto del consenso, del dialogo y de la generosidad de todas las partes, ha permitido a Cataluña disfrutar del mayor reconocimiento y el máximo nivel de autogobierno, y durante más tiempo, de toda la historia.

Lamento profundamente que, a pesar de todas estas consideraciones, el presidente de la Generalitat haya convocado esta consulta de autodeterminación. Lo lamento, porque va en contra de la Ley, desborda la democracia, divide a los catalanes, los aleja de Europa y del resto de España, y perjudica gravemente a su bienestar, por no hablar de la frustración a la que está condenando a una parte de los ciudadanos de Cataluña al animarles a participar en una iniciativa que no puede, por su ilegalidad, ver la luz. Lo peor es que lo sabía desde el principio.

Creo que aún estamos a tiempo de enderezar el rumbo, de superar una dialéctica estéril de confrontación y buscar un diálogo fructífero. Tanto el Gobierno, como yo mismo, estamos abiertos a cuantas iniciativas busquen ese objetivo; pero siempre dentro del más escrupuloso respeto a la legalidad, condición inexcusable de cualquier diálogo en una democracia seria y responsable como es la nuestra. Y, desde luego, quiero decir con toda claridad que, mientras yo sea presidente del Gobierno, la Ley se va a respetar en toda su integridad. Que todos los catalanes y el resto de los españoles estén tranquilos en ese sentido: todo el diálogo dentro de la Ley y ninguno fuera de la Ley.

Muchas gracias y buenos días».

Juan Manuel Santos en la ONU

0

Naciones Unidas, 25 sep (SIG). Señor Presidente, señor Secretario General, señores Jefes de Estado y de Gobierno, distinguidos delegados, señoras y señores:

Quiero, en primer lugar, expresar las felicitaciones del Gobierno colombiano al ministro Kutesa por su elección como Presidente de la Asamblea General, y manifestarle que Colombia comparte su empeño en promover una agenda de desarrollo post 2015 que atienda los desafíos actuales de la humanidad.

El centro de esa Agenda deben ser los Objetivos de Desarrollo Sostenible, recientemente aprobados luego de un proceso de negociación abierto, transparente e inclusivo.

Señor Presidente, respetados delegados:

En un mundo lleno de malas noticias, de guerras, de terrorismo, de enfermedades, quisiera traer a esta Asamblea una luz de esperanza: la esperanza de alcanzar la paz en Colombia después de un conflicto de más de medio siglo.

Si logramos esto —que los colombianos hemos buscado sin éxito por tanto tiempo— entonces habrá una esperanza para la paz en cualquier lugar del mundo, por difíciles que las cosas se vean ahora.

Y hoy puedo decir a la comunidad internacional que estamos más cerca que nunca de lograr esa paz.

El proceso que adelantamos en La Habana desde hace dos años con la guerrilla de las FARC ha sido serio, realista, digno y eficaz, y tiene avances concretos.

Pactamos una agenda de 5 puntos sustantivos, de los cuales ya hemos logrado acuerdos sobre 3: el desarrollo rural integral, la participación política y el problema de las drogas ilícitas.

En desarrollo rural acordamos hacer inversiones para el campo como nunca antes, trabajar para que los campesinos sin tierra tengan acceso a ella, y generar mayor bienestar para las familias campesinas.

En participación política lo que buscamos es muy sencillo: ampliar nuestra democracia para construir la paz e impulsar la participación ciudadana, y que se rompa para siempre el vínculo entre política y armas.

En cuanto al problema de las drogas ilícitas, hemos acordado seguir desmontando las estructuras mafiosas del narcotráfico, impulsar un gran programa nacional de sustitución de cultivos y desarrollo alternativo, y tratar el problema del consumo desde un enfoque de salud pública.

Dentro de lo pactado está el compromiso de las FARC de contribuir de manera contundente a la solución definitiva del problema de las drogas ilícitas, y a poner fin a cualquier relación que hayan tenido con este fenómeno.

Una Colombia sin coca y sin conflicto era un sueño imposible hace apenas unos años o décadas. Hoy puedo decirles que es una posibilidad real. ¿Se la imaginan?

Estamos ya asumiendo la discusión de los dos últimos puntos sustantivos: víctimas y el fin del conflicto.

Esta guerra ha dejado millones de víctimas, que nunca habían sido escuchadas, y que ahora están en el centro del proceso.

Trabajamos por la satisfacción de sus derechos a la justicia, a la verdad, a la reparación y a la no repetición. Pero trabajamos —sobre todo— para que no haya más víctimas.

En un hecho sin precedentes —creo que en la historia del mundo—representantes de las víctimas están exponiendo su situación, su dolor y sus expectativas ante los propios negociadores del Gobierno y la guerrilla.

¡Porque las víctimas son las protagonistas y principales beneficiarias de la paz que buscamos!

Constanza Turbay, que representa el valor y la valentía de nuestras mujeres y que perdió a casi toda su familia a manos de la guerrilla, tuvo la oportunidad de mirar a sus victimarios a los ojos y recibir de ellos las manifestaciones de un arrepentimiento sincero. En sus propias palabras, las víctimas están «cambiando su dolor por la esperanza de paz».

Juanita Barragán, otra mujer que pasó varios años de su infancia en las filas de las FARC, pudo decirles en La Habana a sus antiguos jefes: «Por favor, no acepten más niños para pelear su guerra». Ella hoy quiere ser abogada y trabajar por la infancia.

¡Son tantos casos! ¡Tantas voces que hoy por fin se escuchan!

También hemos instalado una subcomisión —con participación inclusive de militares y policías en servicio activo— para que comience a analizar cómo se daría el proceso de cese al fuego bilateral y definitivo y de desmovilización y dejación de armas por parte de los guerrilleros, después de la firma del acuerdo final.

Así pues, puedo hoy dar parte a la comunidad internacional de que hemos logrado avances sustanciales en el empeño de Colombia por terminar el conflicto armado que nos ha afectado tanto, y que inevitablemente afecta la región y al mundo.

Cuando llegue el posconflicto tendremos inmensos desafíos para reincorporar a los desmovilizados, garantizar la presencia del Estado en las zonas afectadas por el conflicto, y garantizar la seguridad ciudadana. ¡Qué importante será entonces el aporte y concurso de la comunidad internacional, que desde ahora convocamos!

Quiero agradecer, en este escenario privilegiado, a tantas naciones y organismos multilaterales —especialmente a las Naciones Unidas— por su compromiso con el proceso de paz y su disponibilidad para ayudar en lo que sea necesario, no solo ahora, sino en la implementación de los acuerdos y la etapa del posconflicto.

Lo dije el 7 de agosto en mi discurso de posesión, al asumir el mandato para un segundo periodo como Presidente de Colombia, y lo repito hoy ante las naciones del planeta.

Mientras en el mundo proliferan los escenarios de conflicto, Colombia aspira a darle una buena noticia a la humanidad: ¡La noticia de que llega a su fin el último conflicto armado del hemisferio occidental!

Si tenemos éxito, como lo esperamos, estaremos listos a compartir nuestra experiencia con otros países. Estamos seguros de que nuestro caso se convertiría en un modelo y en un faro de esperanza para otros conflictos en el mundo.

*****

En Colombia estamos buscando la paz porque nos duele el sufrimiento de nuestros compatriotas, no queremos más víctimas, ni mujeres ni niños en la guerra. Por eso entendemos el dolor y expresamos nuestra solidaridad con tantos pueblos que hoy sufren la guerra, que sufren atrocidades sin nombre, ante la impotencia —hay que decirlo— de la comunidad internacional.

No somos ajenos al sufrimiento de quienes habitan hoy en países como Siria, Iraq, Libia, el Sahel y Ucrania, y condenamos el terrorismo despiadado de ISIS.

No somos indiferentes al sufrimiento de tantas familias en Palestina y en Israel, víctimas de los enfrentamientos armados.

Y tampoco lo somos ante la pérdida de vidas por causa de epidemias como el ébola en África.

Al acercarnos al aniversario número 70 de la Organización, nos encontramos en un momento definitivo para la consolidación del sistema internacional que encarnan las Naciones Unidas.

El pleno respeto al derecho internacional y a los principios y propósitos establecidos en la Carta es fundamental para alcanzar soluciones duraderas que permitan superar los conflictos y avanzar en la satisfacción de las aspiraciones legítimas de la población.

En las confrontaciones se hace imperioso recuperar los principios éticos, fundamentales de la condición humana, y sacar a los niños, a las mujeres y a los civiles de esta tragedia.

Colombia privilegia la búsqueda de salidas políticas negociadas.

Hoy tenemos que hacer preguntas que no son retóricas sino reales: ¿Por qué hay gente que está contra la paz? ¿Por qué hay algunos que solo ven la guerra como salida?

Tal vez porque sin la guerra pierden su poder; porque se han acostumbrado a vivir de ella, se lucran de ella y no se imaginan su vida sin ella.

Tenemos que persuadir a los promotores de la guerra. Convencerlos de que ese no es el camino y convertirlos en promotores de la paz. Ya lo estamos haciendo en Colombia y debemos hacerlo en cada rincón del planeta.

Naciones Unidas es un organismo que se constituyó precisamente para prevenir los conflictos y buscar la paz.

*****

Un combustible del conflicto en Colombia y en todo el mundo es, sin duda, el narcotráfico.

Colombia ha promovido una discusión seria, técnica y objetiva sobre los métodos y resultados de la llamada «Guerra contra las Drogas», y ya tenemos algunos resultados a nivel hemisférico.

La semana pasada en la Asamblea extraordinaria de la OEA en Guatemala, logramos varios consensos sobre la posición hemisférica y adoptamos una resolución que muestra que podemos avanzar juntos en este tema.

Estos resultados nos llevan a estar más preparados para lograr avances en la Sesión Especial sobre las Drogas que ha convocado Naciones Unidas para el año 2016.

*****

Señor Presidente, señores delegados:

El mes pasado, en las palabras inaugurales de mi segundo mandato, planteé a los colombianos una visión que será la guía de nuestras acciones.

Hacer de Colombia un país en paz, un país con equidad y un país que sea el más educado de América Latina para el 2025.

Esta es una visión que nos acerca —a la vez— a lo que serán los Objetivos de Desarrollo Sostenible para el periodo posterior al año 2015: objetivos ambiciosos que traten las problemáticas más apremiantes de la humanidad en lo social, lo económico y lo ambiental.

El buen momento económico que atraviesa Colombia, los avances en los indicadores sociales, especialmente en la superación de la pobreza y la creación de empleo, y el mismo proceso de paz, nos permiten creer en la posibilidad de realizar esta visión.

Es esa Colombia que está venciendo la pobreza, que recuperó su territorio, que crece a los más altos niveles mundiales y que tiene políticas sociales exitosas para la equidad, la que está buscando la Paz.

Y yo me imagino para América Latina y el Caribe lo mismo que me imagino para mi país:

Que seamos una región en paz, con equidad y mejor educada.

Una región que haga la transición de economías basadas en recursos naturales a economías basadas en el conocimiento.

Una región donde el emprendimiento y la innovación sean motores del desarrollo.

Una región con empresas responsables social y ambientalmente, que trasformen nuestro futuro.

Como afirmé en el año 2010 en esta Asamblea, ésta debería ser la década de América Latina y el Caribe. Y reitero ahora, ante las naciones del mundo, un llamado a mi región — América Latina y el Caribe — para que mantengamos nuestro propósito.

Y a la comunidad internacional le hago un llamado ferviente para que pongamos todo lo que esté en nuestras manos —¡todo!— para que el sentido de humanidad venza la guerra.

Estamos perdiendo el norte cuando vemos las tragedias que sufre la humanidad sin que nos duela, sin que el mundo despierte y tome acciones decididas para solucionarlas.

No podemos perder la capacidad de asombro frente a la guerra.

¡Es hora de despertar! ¡Es hora de actuar!

Muchas gracias.