En medio de una creciente controversia, la designación de Sandra Patricia Rivas Eraso como nueva directora administrativa de la Caja de Compensación Familiar de Nariño (Comfamiliar) ha encendido un intenso debate en los círculos políticos, sindicales y sociales del departamento.
El nombramiento, oficializado en los últimos días por la Superintendencia del Subsidio Familiar, ha generado profundas preocupaciones sobre la ética y la idoneidad de la nueva funcionaria para liderar una entidad que aún atraviesa una compleja intervención estatal.
Rivas Eraso, contadora pública de profesión y oriunda de San Lorenzo, no es ajena a Comfamiliar ni al escenario político regional. Durante la administración del exgobernador John Rojas, accedió a cargos dentro de la entidad, impulsada —según diversas fuentes— por el actual diputado Werner Zambrano.
Este vínculo político ha revivido los temores de un posible regreso de prácticas clientelistas que en el pasado deterioraron gravemente la reputación y las finanzas de la caja de compensación.
En la reestructuración interna de Comfamiliar llevada a cabo hace algunos años, Rivas Eraso fue retirada de la entidad. No obstante, su historial de apoyo abierto a sectores políticos tradicionales, como el Partido de la U y el Conservatismo, ha generado una oleada de cuestionamientos sobre la verdadera independencia de su gestión.
Especialmente en momentos en que el Gobierno nacional, liderado por el presidente Gustavo Petro, busca erradicar viejas prácticas que comprometen los recursos públicos.
Designación en Comfamiliar de Nariño desata alarma por historial financiero y vínculos políticos
La sombra de la insolvencia económica: Más allá de las vinculaciones políticas, el aspecto que más ha alimentado la polémica es el reciente historial financiero de Sandra Patricia Rivas Eraso.
Apenas unos meses atrás, la ahora directora se acogió al régimen de insolvencia económica de personas naturales, figura jurídica que permite a los deudores renegociar sus obligaciones para evitar la quiebra formal. Según registros oficiales de la Rama Judicial, Rivas enfrenta deudas que superan los mil millones de pesos.
Entre los principales acreedores de Rivas se encuentran entidades de peso como el Municipio de Pasto, Leonisa S.A.S., Sistecrédito S.A.S., Cueros Vélez S.A., Comunicación Celular S.A. (Comcel), el Banco de Bogotá, Banco Davivienda, Banco BBVA, Banco de Occidente, Banco Agrario de Colombia y, paradójicamente, la propia Caja de Compensación Familiar de Nariño, a la que debe cerca de 70 millones de pesos.
La situación ha suscitado interrogantes éticos de fondo: ¿es adecuado que una persona que no ha cumplido con sus obligaciones privadas administre recursos públicos destinados al bienestar de los trabajadores del departamento? Para muchos, la respuesta es contundente: no.
¿Una nueva polémica para la superintendente del Subsidio Familiar?
El hecho de que la designación provenga directamente de la Superintendencia del Subsidio Familiar, hoy liderada por Sandra Viviana Cadena —cercana a sectores políticos que no comulgan con el actual Gobierno—, ha exacerbado aún más el malestar.
Cadena fue nombrada en propiedad el pasado 30 de diciembre, tras haber trabajado en la Superintendencia de Notariado y Registro durante el mandato de Iván Duque. Su nombramiento también ha sido objeto de críticas por sus presuntos vínculos con figuras del llamado «carrusel de la contratación» en Bogotá.
Temores de un regreso al pasado: En Nariño, la incertidumbre se respira en los pasillos de Comfamiliar. Puesto que bajo administraciones pasadas ligadas a los clanes políticos hoy nuevamente cercanos a la entidad, se liquidaron activos valiosos como el hotel Agualongo, se dilapidaron recursos de los centros recreativos y se persiguió laboralmente a quienes no acataron orientaciones partidistas.
La intervención de Comfamiliar, ordenada en 2022, buscaba precisamente sanear las finanzas de la entidad y devolverle su carácter de servicio público, lejos de las influencias políticas que históricamente la habían convertido en un fortín electoral. Ahora, con el nombramiento de Rivas Eraso, muchos temen que esos esfuerzos se vean truncados.
El debate ético y político: La pregunta sobre la ética del nombramiento sigue vigente: ¿puede alguien que declaró su incapacidad para manejar sus finanzas personales gestionar los recursos colectivos de miles de trabajadores? Para analistas políticos, más allá de la legalidad, el asunto radica en el mensaje que envía esta decisión.
Mientras tanto, desde la Superintendencia no se ha emitido un pronunciamiento oficial ante las críticas, lo que ha avivado aún más la percepción de opacidad en el proceso.
Por ahora, Comfamiliar de Nariño inicia una nueva etapa bajo la dirección de Sandra Patricia Rivas Eraso, en medio de una tormenta de cuestionamientos, temores y una profunda desconfianza que, lejos de disiparse, parece crecer con cada nuevo dato que sale a la luz.
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