La Procuraduría ha presentado un pliego de cargos contra Álvaro Leyva Durán, actual Ministro de Relaciones Exteriores. La entidad también ha ordenado su suspensión provisional por tres meses, medida que no permite recurso alguno.
La decisión de la Procuraduría se basa en la posible responsabilidad disciplinaria de Leyva, quien habría incurrido en la falta descrita en el numeral 3 del artículo 54 del CGD. Este señalamiento se relaciona con su participación en la etapa precontractual de la Licitación Pública LP – 001 de 2023. La Procuraduría sostiene que Leyva declaró desierta la licitación a través de la Resolución No. 7485 de septiembre de 2023, sin justificar adecuadamente y desconociendo principios fundamentales como transparencia, economía y responsabilidad en la contratación estatal.
Además, se argumenta que Leyva no proporcionó justificación para impedir la escogencia objetiva del contratista, a pesar de que el Comité Evaluador había otorgado 1000 puntos al proponente UT Pasaportes 2023 (Thomas Greg) y recomendado su adjudicación.
Como consecuencia de estos hechos, Thomas Greg ha presentado una demanda por 117 mil millones de pesos por daños y perjuicios debido a la declaratoria de desierta. El Canciller Leyva ya fue notificado de esta decisión. La suspensión provisional impuesta al Ministro de Relaciones Exteriores no admite ningún recurso.
¿Cuál es la sustentación de la Procuraduría para suspender a Álvaro Leyva?
De acuerdo a lo conocido hasta el momento, la Procuraduría ha tomado la decisión luego que la compañía Thomas Greg y el canciller Álvaro Leyva no llegarán a un acuerdo por la licitación de pasaportes en el país a finales del 2023, por lo cual se imputó una demanda contra el Estado luego de que los representantes del Ministerio de Relaciones Exteriores cambiaran su actitud durante la diligencia de conciliación en la Procuraduría.
Álvaro Leyva deberá enfrentar los cargos que se imputan en su contra y de ser hallado culpable su inhabilidad sería en un plazo mayor al inicial, una noticia que cae como un baldado de agua fría para el Gobierno Nacional, quienes tendrán que solventar la crisis que hoy atraviesa el Ministerio de Relaciones Publicas, ante la suspensión del funcionario, por parte de la Procuraduría.