Procuraduría investiga presuntas irregularidades en contratos de la Secretaría de Comunicaciones en la administración de Quintero

Este proceso está relacionado con la firma y ejecución de un contrato realizado en febrero de 2023 entre la Secretaría de Comunicaciones y la Universidad Nacional sede Medellín.

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Horas después de conocerse 501 hallazgos de presunta corrupción, los cuales fueron relevados por el alcalde de Medellín, Federico Gutiérrez, durante la administración de de Daniel Quintero, la Procuraduría General de la Nación realizó una inspección disciplinaria en las oficinas de la Secretaría de Comunicaciones de la Alcaldía de Medellín.

Este procedimiento se realizó durante una investigación que lleva a cabo esta entidad por presuntas irregularidades en contratación en esta organización registradas en el 2023, en la administración de Quintero.

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«En este momento está un equipo de la Procuraduría General de la Nación en Medellín revisando esa denuncia que se formuló frente a los manejos de algunos dineros a través de la universidad», señaló la procuradora Margarita Cabello.

Según la información entregada por la Procuraduría, este proceso está relacionado con la firma y ejecución de un contrato realizado en febrero de 2023 entre la Secretaría de Comunicaciones y la Universidad Nacional sede Medellín, por cerca de $9.000 millones, para apoyar estrategias de comunicación en la capital antioqueña.

Estas presuntas irregularidades en contratos habrían buscado favorecer a varios candidatos al Concejo de Medellín

Entre estos procesos se habrían favorecido a varios candidatos al concejo y la alcaldía de Daniel Quintero, entre los que figura Juan Carlos Upegui, quien fue candidato para llegar al piso 12 de La Alpujarra en las elecciones realizadas en el 2023.

De igual manera, se pudo conocer que esta entidad investigativa reviso correos de los exsecretarios Mónica María Orrego y Juan José Aux, quienes hicieron parte de la administración de Daniel Quintero. Además, están inspeccionando carpetas y otros documentos relacionados con el contrato firmado con la Universidad Nacional en 2023

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Durante este proceso disciplinario, el Ministerio Público también busca establecer si la entidad académica contaba con la capacidad suficiente para ejecutar estos trabajos, pues hasta noviembre del 2023 había tenido que suscribir 280 contratos de prestación de servicios para efectuar las actividades que le correspondían.

Por su parte, se busca establecer si la administración de Daniel Quintero habría desconocido las modalidades de selección estipuladas en la ley, pues contrató de manera directa a la universidad a través de un convenio interadministrativo, la cual es una figura excepcional para la suscripción de compromisos de esa naturaleza.

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