El senador y precandidato presidencial Miguel Uribe completó hoy, 30 de julio de 2025, 53 días hospitalizado tras el atentado que sufrió el 7 de junio en el barrio Modelia de Bogotá.
Desde el último parte médico oficial, divulgado el 22 de julio, la Clínica Fundación Santa Fe no ha emitido nuevos boletines, por lo que la información disponible sigue señalando un estado crítico pero estable, con pronóstico reservado.
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La ausencia de novedades médicas contrasta con los movimientos en la investigación y con el impacto político que el caso provoca en plena antesala electoral.
Estado de salud de Miguel Uribe: sin parte médico nuevo
El séptimo parte médico, publicado el 22 de julio, describió una “respuesta clínica favorable”, la reducción de la presión intracraneana y el inicio de un protocolo de neurorrehabilitación intensiva.
Desde entonces no se ha divulgado un informe nuevo, y la familia ha optado por comunicar señales de esperanza a través de las redes sociales. El 27 de julio, la esposa de Miguel Uribe, María Claudia Tarazona, compartió una fotografía donde se ve a su hijo Alejandro sujetando la mano del senador, gesto interpretado como indicio de cierta estabilidad hemodinámica suficiente para recibir visitas breves.
Cronología del atentado y los tratamientos
El ataque ocurrió la tarde del 7 de junio, cuando un sicario menor de edad disparó a quemarropa contra Miguel Uribe durante un encuentro político en Modelia.
El proyectil ingresó por el parietal derecho, ocasionando hemorragia cerebral masiva; los cirujanos extrajeron fragmentos óseos y controlaron la hemorragia en menos de dos horas, un factor decisivo para su supervivencia.
El 16 de junio, la clínica realizó una segunda cirugía para descomprimir el cráneo y retirar coágulos, procedimiento confirmado por la Fundación Santa Fe en un comunicado. Tras superar las primeras 72 horas críticas, el paciente ingresó en un ciclo de monitoreo invasivo de la presión intracraneana y recibió terapia antibiótica de amplio espectro para prevenir meningitis post‑quirúrgica.
Investigación del atentado: red criminal en la mira
La Fiscalía General ha capturado a seis de los al menos diez integrantes de la estructura que planeó y ejecutó el atentado, entre ellos alias “El Costeño”, presunto coordinador logístico, y el motociclista que ayudó en la huida, quien se entregó voluntariamente el 19 de julio.
Chats extraídos de teléfonos decomisados muestran que la planificación comenzó en Caquetá y que los agresores siguieron al senador durante dos semanas antes de concretar el ataque.
La pistola Glock 9 mm empleada fue comprada legalmente en Arizona en 2020; la Policía analiza su posible relación con otros crímenes en ciudades fronterizas.
La audiencia de imputación para el menor implicado quedó programada para el 4 de agosto, mientras los investigadores rastrean a quienes habrían financiado la operación.
Además, la Procuraduría abrió una indagación sobre presuntas fallas de la Unidad Nacional de Protección (UNP) en la evaluación de riesgo del precandidato.
Impacto político de la ausencia de Miguel Uribe
El atentado paralizó la precampaña interna del Centro Democrático, que contaba con Miguel Uribe como su carta más joven y con mayor alcance digital.
En respuesta, dirigentes del partido han intensificado su discurso de “persecución política” y han convertido la recuperación del senador en un símbolo de resiliencia; su padre, Miguel Uribe Londoño encabeza ahora los actos proselitistas y presenta las propuestas de seguridad originalmente diseñadas por su hijo.
El ataque también reactivó el debate sobre la seguridad de los líderes políticos. En el Congreso, una coalición multipartidista radicó el proyecto de “Ley de Protección Integral a Candidatos”, que contempla escoltas mixtos y monitoreo de inteligencia en eventos abiertos, tomando como ejemplo el caso Uribe Turbay.
La esencia del caso Miguel Uribe se resume en dos frentes: un paciente que lucha por recuperarse sin un parte médico nuevo desde el 22 de julio y una investigación que avanza con capturas clave, pero aún sin esclarecer a los determinadores.
En el tablero político, la prolongada ausencia del senador empuja al Centro Democrático a redefinir su estrategia, mientras la opinión pública exige garantías para el ejercicio democrático.
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