En el marco de la divulgación de una reforma tributaria que será presentada en el mes de marzo para compensar los efectos de la pandemia y recaudar más de 20 billones de pesos, tanto la ciudadanía como los sectores políticos y empresariales se han preguntado ¿por qué no el Gobierno empieza con un apretón de cinturón a nivel burocrático?
Por: Redacción 360 Radio
Ha hecho carrera en los últimos años, en el caso de los gobiernos locales y el gobierno central, que cada uno de los problemas de las dificultades, catástrofes, ineficacias y vacíos que existen en Colombia se resuelvan con burocracia: con una oficina, con un ministerio, con una gerencia, con una entidad o con una alta consejería y, lo cierto es que, en la mayoría de estos casos, solamente el crear un despacho sumado al remoquete que se le ponga, de entrada incluye una cantidad de gastos de funcionamiento exuberantes.
Estos no solamente son gastos fijos, sino crecientes. Por ejemplo, empieza con un director y todas sus prestaciones; luego, está su equipo asesor y las mismas prestaciones para ellos y sus consultores… entre otros.
Y es que en medio de toda la crisis, se ha visto que los gobiernos a nivel mundial han tenido que reorganizar sus cuentas y sus tamaños y volverse más compactos y eficientes. Es claro que, a nivel económico y social, el estado no puede pretender ser el mayor empleador y mucho menos que en un momento como este tenga miedo a ejecutar recortes por no generar desempleo, lo que significa que ya la bola de nieve es tan grande que se vuelve insostenible.
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En el caso del gobierno colombiano, por ejemplo, tenemos que el tamaño del estado creció exponencialmente durante el mandato de Juan Manuel Santos, pero eran otras épocas: mejor precio del petróleo, más ingresos para el gobierno, buenas regalías, una inversión extranjera muy afianzada en Colombia y un recaudo de impuestos, que aunque nunca ha sido el mejor por la evasión, daba a entender que el país estaba siendo medianamente sostenible a nivel fiscal, aunque con una deuda en crecimiento y sin estrategias para generar riqueza.
Así, a pesar de que el partido político que ahora gobierna criticó fuertemente al gobierno del expresidente Santos por burócrata y por incrementar el tamaño del estado, este no ha sido la excepción. No solamente mantuvo vigentes los cambios del exmandatario, sino que le dio continuidad a proyectos como la creación del Ministerio del Deporte, el Ministerio de Ciencia y la Consejería para la participación de las personas con discapacidad, por no hablar de viceministerios como el de la Economía Naranja o las Industrias Creativas.
Cuando se vive enchufado del estado, las tragedias y las crisis de la ciudadanía común se perciben a una distancia considerable, porque el salario público siempre va a estar garantizado para alcaldes, gobernadores, congresistas y diputados, lo que no sucede con los millones de colombianos que se encuentran en la informalidad y ni hablar de la caída del 6.8 % en el PIB de Colombia, revelada por el Dane.
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Como o mencionaba en su momento el congresista del Centro Democrático, Gabriel Santos, se debe reducir no solamente el tamaño del estado, sino eliminar las altas consejerías que existen en el gobierno central. Estas se han convertido en intermediarios francamente innecesarios, no se entiende entonces para qué existen los ministerios y sus asesores.
Lo que existe es un reprocesamiento de información increíble, en la que hay 14 altas consejerías, que hacen el mismo trabajo de los ministros y viceministros y en las que pueden existir hasta 28 asesores y cada uno tiene mensajeros, escoltas, secretarios y comunicadores, como lo mencionaba el exrector de la Universidad Nacional, Ignacio Mantilla.
Se trata solamente de eliminar burocracia que es innecesaria, antes de pedir a las personas naturales que paguen más impuestos.
La Consejería Presidencial para Asuntos Públicos y Legislativos es una oficina paralela al Ministerio del Interior que no tienen ningún sentido y se debería suprimir; igual la Consejería Presidencial para la Niñez y la Juventud, pues ya existe el ICBF, o la Consejería para las Regiones, porque ya están el Departamento Nacional de Planeación (DNP) y el Ministerio del Interior.
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Por otra parte, tampoco debería estar la Consejería Presidencial para Asuntos Económicos y Estratégicos, para eso existe el Ministerio de Hacienda; en según lugar, la Consejería Presidencial para la Competitividad y la Gestión Público Privada, como si esto no lo pudiera controlar el Ministerio de Comercio o el DNP; la Consejería para la Innovación y la Transformación Digital, competencias que le corresponden al Ministerio TIC; la Consejería para la Equidad de la Mujer, la vicepresidenta es la encargada de esto o incluso el Ministerio del Interior y, por último, la Consejería para la Gestión y Cumplimiento, que le da seguimiento a las tareas del Gobierno, con lo que uno no entiende que exista una jefa de gabinete o consejeros más cercanos al presidente.
Además, hay también varias oficinas dedicadas a la paz, a la reinserción y a la estabilización a nivel nacional, regional y local, pero también está la Oficina del Comisionado de Paz.
En este escenario, en el que no solo está en juego la efectividad en el cumplimiento de las respectivas funciones, sino también el dinero de los colombianos; va siendo hora de que el Gobierno Nacional revise estas oficinas y los gastos adscritos a ellas, si quiere estar en coherencia y consonancia con la opinión pública y la realidad económica del país.
