En una sesión decisiva, la Plenaria del Senado de Colombia aprobó la totalidad del articulado del acto legislativo al Sistema General de Participaciones (SGP), un paso fundamental en la búsqueda de mayor descentralización fiscal y fortalecimiento de los recursos para las regiones. Este proyecto, ampliamente debatido, ha suscitado opiniones divididas entre congresistas y analistas, quienes advierten sobre el reto de equilibrar los recursos entre el nivel central y las regiones.
Panorama general: La aprobación del SGP se logró en bloque, aunque previamente el senador Ariel Ávila se pronunció en contra de la propuesta de la senadora Paloma Valencia. Valencia había sugerido reducir el umbral y ampliar el margen de implementación, argumentando que un aumento del 30% del SGP, como sugiere Fedesarrollo, generaría un costo aproximado de $94 billones, mientras que la propuesta de Anif de un incremento del 35% implicaría un impacto de $334 billones. Según Valencia, estas cifras son necesarias para evitar una carga insostenible para el nivel central.
Por qué es importante: El debate sobre el SGP también se ha centrado en la equidad en la distribución de los recursos públicos. La propuesta aprobada busca ampliar la participación de los gobiernos regionales en el manejo del presupuesto nacional, una medida que ha sido demandada durante años por líderes regionales que enfrentan dificultades para cubrir áreas claves como salud, educación e infraestructura.
Aprobación de la reforma al Sistema General de Participaciones: ¿hacia una mayor descentralización fiscal en Colombia?
El ministro del Interior, Juan Fernando Cristo, defendió la necesidad de un cambio estructural en la distribución de recursos en el país. “Tenemos un Estado obeso a nivel nacional y uno raquítico a nivel regional”, afirmó el ministro, subrayando la urgencia de que el nuevo acto legislativo promueva un mayor flujo de recursos hacia las entidades territoriales. La meta, explicó Cristo, es asegurar que los gobiernos locales cuenten con los medios suficientes para responder a las necesidades específicas de sus comunidades.
Ricardo Bonilla, ministro de Hacienda, expresó preocupaciones sobre la sostenibilidad de la propuesta. “La versión que salió en el quinto debate en el Congreso es absolutamente insostenible», comentó Bonilla, quien considera necesario un umbral del 37%, pero implementado gradualmente en un periodo de 15 a 20 años. Según el ministro, este plazo es crucial para lograr una descentralización profunda sin poner en riesgo las finanzas nacionales.
Detalles:
La propuesta plantea una redistribución de recursos que, de ser implementada adecuadamente, beneficiaría a los departamentos y municipios más rezagados. Estos, en su mayoría, dependen del nivel central para atender sus necesidades básicas. El reto, tal como lo expresaron tanto Ariel Ávila como Paloma Valencia, está en asegurar que la implementación del SGP sea sostenible para el gobierno central sin comprometer el crecimiento y el desarrollo económico del país.