El aumento del 23,7% al salario mínimo decretado por el Gobierno Nacional continúa sin efectos. La Sección Segunda del Consejo de Estado dejó en firme la medida cautelar que suspendió el Decreto 1469 de 2025, manteniendo congelada la aplicación del incremento mientras se define de fondo la legalidad de la norma.
Con esta decisión, el alto tribunal ratificó lo dispuesto el pasado 12 de febrero y reiteró que el Ejecutivo deberá expedir un nuevo acto administrativo que establezca un incremento transitorio. Esta medida busca evitar un vacío jurídico mientras avanza el proceso judicial que examina el decreto expedido por el Gobierno.
Consejo de Estado ratifica suspensión del aumento de 23,7% al salario mínimo y ordena ajuste transitorio
En su pronunciamiento, la corporación explicó que tiene la facultad de ordenar a las autoridades administrativas la adopción de decisiones provisionales, sin que esto implique una invasión de competencias del Ejecutivo. Según el tribunal, este tipo de medidas cautelares son necesarias para garantizar el equilibrio del proceso y prevenir posibles afectaciones mientras se emite una sentencia definitiva.
El fallo también deja claro que no se está fijando un porcentaje específico de aumento. Por el contrario, le corresponde al Gobierno determinarlo con base en los criterios legales vigentes, hasta que se conozca el resultado final del litigio. Es decir, el incremento del 23,7% no podrá aplicarse en su forma actual, pero el Ejecutivo sí deberá proponer una alternativa temporal.

La decisión se dio en respuesta a un recurso de reposición presentado por un ciudadano, quien cuestionó una supuesta extralimitación de funciones por parte del alto tribunal. El demandante argumentaba que la medida anticipaba el sentido del fallo y carecía de congruencia. Sin embargo, el Consejo de Estado desestimó estos señalamientos y sostuvo que actuó dentro del marco constitucional y legal.
En el mismo documento, el tribunal negó una solicitud de aclaración elevada por otro ciudadano, al considerar que la decisión inicial es suficientemente clara y no presenta ambigüedades que requieran precisión adicional.
Cabe recordar que el magistrado Juan Camilo Morales fue quien ordenó la suspensión del decreto y solicitó al Gobierno, encabezado por el presidente Gustavo Petro, emitir un nuevo acto administrativo. No obstante, el mandatario ha manifestado su intención de mantener el aumento del 23,7%, lo que añade un nuevo componente de tensión institucional al caso.
Por ahora, la aplicación del incremento sigue en pausa, a la espera de una decisión definitiva que defina el futuro del salario mínimo para este año.