Lo que inicialmente se planteó como una medida temporal para estabilizar la operación de Nueva EPS, ha tomado un nuevo rumbo jurídico y administrativo. A través de una reciente resolución, el Gobierno Nacional oficializó la extensión de la intervención forzosa para administrar la entidad hasta abril de 2027.
La decisión se fundamenta en que, tras el primer periodo de intervención, los indicadores financieros y de servicio aún no alcanzan los estándares mínimos de sostenibilidad. Según el ente de control, la prórroga busca «garantizar la continuidad en la prestación del servicio» y evitar un colapso sistémico, dado que Nueva EPS es el pilar que sostiene la atención de salud en gran parte del territorio nacional, incluyendo las zonas más apartadas de Colombia.
Gobierno Nacional oficializa prórroga de intervención a Nueva EPS: Estos son los motivos de la resolución
El panorama que motiva esta extensión es complejo. Las auditorías recientes han revelado inconsistencias en el reporte de facturas y una cartera morosa que supera niveles críticos. Durante el último año, se identificaron miles de facturas represadas que no habían sido debidamente legalizadas, lo que ocultaba el déficit real de la aseguradora.
El pasivo con prestadores y hospitales sigue siendo el principal cuello de botella.La Supersalud señala que la entidad aún no implementa un modelo de prevención eficaz que reduzca el costo operativo. Al albergar a la mayoría de los afiliados del régimen subsidiado, cualquier fallo en la intervención impactaría directamente en los sectores más pobres del país.A pesar de que el discurso oficial enfatiza la protección del usuario, la realidad en las salas de espera sugiere una transición turbulenta. La extensión de la intervención hasta 2027 plantea interrogantes críticas sobre la red de servicios. Muchos hospitales privados han comenzado a restringir servicios programados debido a la falta de flujo de caja y la incertidumbre sobre quién responderá por las cuentas futuras.
Para los pacientes con enfermedades de alto costo o tratamientos crónicos, el mensaje de «normalidad» del Gobierno no es suficiente. Existe un temor fundado a que la burocratización de la intervención retrase la entrega de medicamentos y la asignación de citas con especialistas. La resolución no detalla un plan de «desmonte» o de entrega a los accionistas, lo que hace pensar que el Estado mantendrá el control total de la entidad de forma indefinida.
Expertos del sector sugieren que esta prórroga no es un hecho aislado, sino un movimiento estratégico alineado con la reforma al sistema de salud que busca el Ejecutivo. Al mantener el control de Nueva EPS por dos años más, el Gobierno asegura una plataforma operativa para implementar su modelo de Atención Primaria en Salud (APS) sin depender de la voluntad de las juntas directivas privadas.
Sin embargo, el éxito de esta prórroga se medirá únicamente bajo un indicador: la reducción de las quejas y reclamos (PQRD). Si para 2027 la entidad sigue presentando los mismos niveles de insatisfacción, la intervención habrá sido simplemente un paliativo administrativo para una crisis estructural que no da tregua.Por ahora, los más de 11 millones de colombianos afiliados deberán seguir bajo una administración delegada, con la esperanza de que el sistema no se quiebre antes de que finalice el nuevo plazo establecido.
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