Colombia enfrenta una semana crítica con una perdida de miles de millones. Lo que comenzó como focos aislados de protesta por el incremento en el impuesto predial y el avalúo catastral se ha transformado en un cerco logístico que mantiene paralizadas las arterias más importantes de la nación. Al cierre de esta edición, se reportan 13 bloqueos activos en corredores estratégicos, una situación que, según gremios del transporte y la producción, está generando una hemorragia financiera superior a los $25.000 millones de pesos cada 24 horas.
La parálisis no es generalizada, pero sí estratégica. Los puntos de concentración se han ubicado en zonas neurálgicas que conectan el centro del país con los puertos del Caribe y el occidente. Departamentos como Santander, Boyacá y Cundinamarca son el epicentro de las manifestaciones, afectando rutas clave como la Troncal del Magdalena Medio y los accesos a la capital santandereana.
Bloqueos viales generan pérdidas superiores a los $25.000 millones diarios
Esta red de cierres ha generado que miles de toneladas de carga queden atrapadas en la carretera. Desde alimentos perecederos hasta insumos industriales, la cadena de suministro está operando a cuentagotas, lo que ya empieza a reflejarse en las centrales de abasto y, por consiguiente, en el bolsillo del consumidor final.El impacto más doloroso se siente en el sector agropecuario. Los bloqueos no solo representan una cifra en un balance contable, sino la pérdida física de alimentos que no pueden esperar.
Fenavi ha lanzado una alerta roja. Se estima que más de 10 millones de huevos y 1.500 toneladas de pollo están represados. Sin paso para los camiones, el riesgo de desabastecimiento en ciudades principales es inminente para el próximo fin de semana.En Boyacá y Santander, la situación es dramática. Cerca de 900.000 litros de leche diarios corren el riesgo de perderse al no poder ser recolectados por las empresas procesadoras. Para muchos pequeños productores, esto significa la quiebra absoluta tras varios días de vertido de producto.
Consejo Gremial y entidades como Colfecar han advertido que el impacto real podría ser incluso superior a los $25.000 millones si se suma el lucro cesante y los daños colaterales. Los transportadores no solo pierden fletes, sino que enfrentan sobrecostos en combustible, viáticos y, lo más preocupante, riesgos de seguridad en los puntos de concentración.
Por otro lado, el sector de la construcción ha reportado que la falta de materiales como cemento y acero en las obras podría derivar en suspensiones de contratos y despidos temporales si la situación no se normaliza en las próximas 48 horas.
Mientras las comunidades mantienen su postura firme exigiendo una revisión inmediata de las políticas de avalúo catastral que dispararon sus impuestos, el Gobierno Nacional intenta mediar en mesas de diálogo que, hasta el momento, han dado pocos frutos. La presión crece por parte de los sectores productivos que exigen el uso de la fuerza pública para garantizar el derecho constitucional a la libre movilidad.El panorama para la segunda mitad de abril es incierto. Con una inflación que apenas intentaba estabilizarse, este nuevo choque de oferta podría empujar nuevamente al alza los precios de la canasta básica, convirtiendo una protesta local en un problema macroeconómico de difícil solución.
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